Compra de material sanitario: la Fiscalía trata por igual la transparencia y la opacidad
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo provisional de una querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno –el exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la directora general de Cartera Común del servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia–, a quienes acusaba de haber cometido una serie de irregularidades durante la adquisición de material sanitario al inicio de la pandemia.
Resulta sorprendente que el Ministerio Público considere que la denuncia de Vox se sustenta en "meras conjeturas y sospechas", cuando lo cierto es que buena parte de ella se basa en hechos fácilmente constatables, como los 56 contratos suscritos por el Ingesa entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo.
Otro tanto se podría decir de la docena de adjudicaciones de las que solo se conocía una razón social. Precisamente para que se compruebe que esas empresas adjudicatarias no son de "dudosa existencia" es por lo que Vox solicitaba que se abrieran diligencias de investigación. Por cierto, recientemente el Ministerio de Sanidad venía a reconocer la negligencia del Ejecutivo al ordenar la centralización de las compras al inicio de la pandemia en un escrito de alegaciones ante el Tribunal de Cuentas en el que el propio exdirector del Ingesa confesaba que este organismo no tenía "preparación en el ámbito del comercio internacional".
Esa asunción de incompetencia no significa necesariamente la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y fraude que se imputa a los tres altos cargos, pero un Ministerio Fiscal menos propenso a ejercer de abogado defensor del Gobierno y más preocupado en promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público (art. 124 de la Constitución) sería el primer interesado en abrir diligencias.
En este asunto de la compra de material durante la pandemia la Fiscalía parece seguir la política de solicitar el archivo de todas las denuncias, vengan de donde vengan y vayan contra quien vayan, incluido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero tratar de la misma forma todas las denuncias, con independencia de que sean tan espurias como las dirigidas contra la Comunidad de Madrid o tan bien fundamentadas como las dirigidas contra el Gobierno central por su opaca adquisición del material sanitario, es otra forma, más disimulada si se quiere, de intolerable doble rasero por parte del Ministerio Público.
Esta crítica puede y debe hacerse extensiva a la propia Fiscalía europea, que mientras mantiene abiertas diligencias de investigación contra la Comunidad de Madrid no ha hecho lo propio con las dirigidas contra el Gobierno central, a pesar de reconocer que las dirigidas contra el Ejecutivo de Ayuso no tienen más sustento que lo que dicen en ellas los denunciantes de Unidas Podemos.
A este respecto, hace bien el PP de Madrid en presentar una denuncia ante la Fiscalía europea contra algunos de los contratos realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo valor asciende a 44.364.355 euros. En concreto, aquellos en los que están implicados el exministro José Luis Ábalos y el marido de Nadia Calviño como beneficiarios. Esta denuncia se suma así a la presentada por el grupo parlamentario popular de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo.
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Mientras la gestión de la Comunidad de Madrid se caracterizó por la transparencia y la llegada del material según lo estipulado, la de la Administración central lo hizo por la opacidad, el oscurantismo y el retraso en la llegada del material. Considerar igual lo que no lo es no es ético ni justo.
(Edit.LD/14/6/2022.)
Delgado insta el cierre de las investigaciones sobre los contratos sanitarios del Gobierno mientras frena el archivo de los de Ayuso.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el sobreseimiento de la causa que se sigue contra tres altos cargos a los que Vox acusa de haber cometido irregularidades en la compra de mascarillas
1 comentario:
España no es un Estado de Derecho. Eso trae unas consecuencias temibles.
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