EN NOMBRE DE CATALUÑA.
À. GUBERN/M. ZARAGÜETA BARCELONA
Alusiones veladas, indicios nunca investigados, secretos a media voz, un «tres por ciento» que al final quedó en nada... para quien no quiso verla, en Cataluña nunca hubo corrupción. El saqueo de Marbella o la construcción en el Levante se han analizado desde este lado del Ebro como realidades ajenas, corrupción a la española, un modo de hacer nada catalán, se decía.
La discreción, una de las virtudes siempre atribuidas a la burguesía de aquí -«nada que ver con la ostentación madrileña, por no hablar de Valencia», se repetía por activa y por pasiva- servía a menudo para tapar la corrupción. Y cuando no bastaba la discreción se apelaba a un catalanismo que juzgó como agresión externa el «caso Banca Catalana», justificaba la financiación irregular de partidos o que incluso ahora descalifica a Garzón como «juez español».
Panorama de desvergüenza
El desfalco en el Palau de la Música -una de las señas de identidad del catalanismo cultural- y ahora el caso Pretoria -PSC y CiU implicados, corrupción transversal- dibujan un panorama de desvergüenza que, pese a lo que muchos piensan, tiene muchos antecedentes, no tanto en cuanto a corrupción urbanística, sí en el resto de modalidades del pillaje organizado.
En ocasiones se trataba de la financiación de partidos -«caso Filesa» (PSC), «caso Casinos» (CiU)-; en ocasiones en relación a personajes turbios como Javier de la Rosa, Piqué Vidal o Pascual Estevill; en otros casos, con espectro más amplio, como el caso Hacienda, ahora en fase de juicio. Figuras como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta (hombres de confianza de Jordi Pujol) eran habituales del Palacio de Justicia, y aunque muchos a media voz los señalaban, no ha sido hasta la operación Pretoria que se han visto con los grilletes en las muñecas. Antes eran intocables.
Al margen de estos casos, y en relación con la corrupción urbanística, los precedentes son pocos. Uno de los más sonados salpicaba al gobierno de CiU a raíz del llamado caso «tres por ciento», destapado cuando en sede parlamentaria el entonces presidente Maragall acusaba a los nacionalistas de estar implicados en el cobro de la «mordida» habitual en la adjudicación de contratos. Las amenazas de Mas llevaron a Maragall a retirar la acusación, pero abrieron la puerta a la investigación de la Fiscalía. Se llegó hasta Adigsa -empresa pública de vivienda-, donde dos ex directivos y seis cargos se veían implicados en el escándalo por el cobro de comisiones ilegales.
Alusiones veladas, indicios nunca investigados, secretos a media voz, un «tres por ciento» que al final quedó en nada... para quien no quiso verla, en Cataluña nunca hubo corrupción. El saqueo de Marbella o la construcción en el Levante se han analizado desde este lado del Ebro como realidades ajenas, corrupción a la española, un modo de hacer nada catalán, se decía.
La discreción, una de las virtudes siempre atribuidas a la burguesía de aquí -«nada que ver con la ostentación madrileña, por no hablar de Valencia», se repetía por activa y por pasiva- servía a menudo para tapar la corrupción. Y cuando no bastaba la discreción se apelaba a un catalanismo que juzgó como agresión externa el «caso Banca Catalana», justificaba la financiación irregular de partidos o que incluso ahora descalifica a Garzón como «juez español».
Panorama de desvergüenza
El desfalco en el Palau de la Música -una de las señas de identidad del catalanismo cultural- y ahora el caso Pretoria -PSC y CiU implicados, corrupción transversal- dibujan un panorama de desvergüenza que, pese a lo que muchos piensan, tiene muchos antecedentes, no tanto en cuanto a corrupción urbanística, sí en el resto de modalidades del pillaje organizado.
En ocasiones se trataba de la financiación de partidos -«caso Filesa» (PSC), «caso Casinos» (CiU)-; en ocasiones en relación a personajes turbios como Javier de la Rosa, Piqué Vidal o Pascual Estevill; en otros casos, con espectro más amplio, como el caso Hacienda, ahora en fase de juicio. Figuras como Macià Alavedra y Lluís Prenafeta (hombres de confianza de Jordi Pujol) eran habituales del Palacio de Justicia, y aunque muchos a media voz los señalaban, no ha sido hasta la operación Pretoria que se han visto con los grilletes en las muñecas. Antes eran intocables.
Al margen de estos casos, y en relación con la corrupción urbanística, los precedentes son pocos. Uno de los más sonados salpicaba al gobierno de CiU a raíz del llamado caso «tres por ciento», destapado cuando en sede parlamentaria el entonces presidente Maragall acusaba a los nacionalistas de estar implicados en el cobro de la «mordida» habitual en la adjudicación de contratos. Las amenazas de Mas llevaron a Maragall a retirar la acusación, pero abrieron la puerta a la investigación de la Fiscalía. Se llegó hasta Adigsa -empresa pública de vivienda-, donde dos ex directivos y seis cargos se veían implicados en el escándalo por el cobro de comisiones ilegales.
En paralelo, en 2005, el ex alcalde de Tarragona Joan Miquel Nadal (CiU) salía salpicado por el caso «Terres Cavades». El equipo de gobierno presionó a 22 propietarios para vender sus terrenos y ser recalificados luego como urbanizables para doblar su valor. Hasta hoy el fiscal no ha presentado acusación. El abuso de poder y el tráfico de influencias se señala también en relación a Ferran Gombau, concejal Salou, que vendió una finca por 500.000 euros -la adquirió por 30.000- gracias a la modificación del planeamiento municipal.
En Cataluña, ni la desmemoria ni la discreción pueden tapar ya el escándalo de la corrupción.
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