miércoles, 4 de julio de 2012

ENEMIGOS DE ESPAÑA




 


Lengua y justicia.

La condición de lengua cooficial no significa hiperoficial, como interpretan los nacionalistas.

La Constitución de 1978, con el fin de reconocer la realidad cultural y lingüística de los distintos territorios españoles, establece la cooficialidad de la lengua común, el castellano o español, y la lengua autóctona allí donde la hubiera. Esta condición de cooficial no significa hiperoficial, como interpretan los nacionalistas. 

Su política en este ámbito ha consistido lisa y llanamente en expulsar al castellano del espacio público y del sistema educativo, con grave vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aplastamiento de las libertades civiles y violación flagrante de la letra y del espíritu de nuestra Ley de leyes. Ningún Gobierno central de los dos grandes partidos nacionales se ha atrevido a poner coto a tales desmanes e incluso, en una muestra de acomplejamiento y de falta de convicciones realmente llamativa, han copiado la normativa normalizadora -léase coactiva- de los secesionistas y gran parte de sus prácticas en las Comunidades en las que han disfrutado de largas mayorías absolutas.

España es el único Estado del mundo en el que una familia se ve imposibilitada de escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de ese Estado en una fracción apreciable de la geografía nacional. Semejante disparate jurídico, ético, cultural, social y económico es una de las muchas consecuencias nocivas -la ruina en la que nos encontramos es otra- de una concepción profundamente errónea de lo que debe ser la unidad en la diversidad.

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia ejemplar en la que pone las cosas en su sitio y anula un decreto de la Generalidad de Cataluña sobre el uso del catalán en la enseñanza infantil sentando doctrina de manera precisa:
"El castellano es lengua vehicular y docente junto con el catalán" afirma el Supremo, y también que su utilización en este sentido "constituye en el sistema educativo catalán un derecho constitucionalmente reconocido que no puede quedar sometido en su ejercicio a la condición de que se solicite por quién lo posea a título individual".

Otros elementos destacables de la sentencia son que el castellano no ha de quedar reducido a ser una asignatura más, que la relación de los padres castellano-hablantes con el centro escolar ha de tener lugar en dicha lengua y que, oh música celestial a los oídos de los amantes de la libertad, el método de inmersión lingüística es "por su naturaleza y por definición contrario al sistema". Conviene resaltar que tan esclarecedora decisión de la máxima instancia jurisdiccional viene a invalidar otra previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña favorable a los separatistas.

¿Verdad qué se entiende el motivo por el que los nacionalistas quieren limitar el papel del Supremo al de simple unificador de doctrina? Y es que España, a la que convergentes, peneuvistas, bloqueros y batasunos pugnan obsesivamente por liquidar, es matriz de libertades y derechos, es el espacio físico, jurídico y espiritual que nos eleva al rango de ciudadanos, es la garantía de que estamos protegidos frente al fanatismo, la arbitrariedad y la opresión. Por eso quieren acabar con ella y por eso debemos defenderla con toda firmeza. Nos va en ello la dignidad, la libertad y la vida.
 (Alejo Vidal Cuadras/La Gaceta).

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Pero recordemos que estos miserables antiespañoles tienen la fuerza que tienen gracias al permiso, complacencia o ayuda del Partido Popular y del PSOE. Cada uno con su respectiva cuota de responsabilidad.

Es de vómito. Y encima les pagamos.


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