(¿Puede haber tanta corrupción y que solamente se enteren unos pocos?)
CURSOS DE FORMACIÓN: EN SOLO TRES AÑOS, FRAUDE DE MIL MILLONES DE EUROS
El escándalo se agiganta. Los eres
se están quedando en una estafa liliputiense. La juez Alaya ha cifrado
en 950 millones de euros el fraude andaluz en los cursos de formación en
solo tres años. Parece razonable y no malintencionado extender ese
fraude a otras Autonomías, no a todas. Habrá que averiguarlo. El
contribuyente español ha padecido una sangría económica para financiar
unos cursos de formación destinados a mejorar la calidad profesional de
los parados y facilitarles futuros empleos. Resulta que una parte
desmesurada de dinero destinado a esos cursos de formación ha ido a
parar al bolsillo de los sindica-tos, sin descartar a algunas
organizaciones empresariales.
Las cifras acongojan. Solo en Andalucía se han defraudado más de 300 millones de euros al año. La extensión de la corrupción clama al cielo. La clase política y la casta sindical están metidas de lleno, aunque no mayoritariamente porque en gran parte políticos y sindicalistas son honrados, en prácticas fraudulentas para llenar sus bolsillos sobre la base de vaciar los ajenos sometidos a un sistema de impuestos implacable y casi confiscatorio.
El ciudadano medio está dispuesto a pagar para atender las necesidades de la sanidad, la educación, la construcción de infraestructuras… No para enriquecer a políticos y sindicalistas ni a que los partidos y los sindicatos se dediquen al despilfarro, a los viajes gratis total, a la creación de puestos innecesarios para colocar a sus parientes y paniaguados, cuando no al enriquecimiento personal.
A pesar de los esfuerzos para echar tierra sobre el procedimiento de la juez Alaya, la opinión pública sigue su actividad con especial atención y espera que se depuren responsabilidades caiga quien caiga.
Las cifras acongojan. Solo en Andalucía se han defraudado más de 300 millones de euros al año. La extensión de la corrupción clama al cielo. La clase política y la casta sindical están metidas de lleno, aunque no mayoritariamente porque en gran parte políticos y sindicalistas son honrados, en prácticas fraudulentas para llenar sus bolsillos sobre la base de vaciar los ajenos sometidos a un sistema de impuestos implacable y casi confiscatorio.
El ciudadano medio está dispuesto a pagar para atender las necesidades de la sanidad, la educación, la construcción de infraestructuras… No para enriquecer a políticos y sindicalistas ni a que los partidos y los sindicatos se dediquen al despilfarro, a los viajes gratis total, a la creación de puestos innecesarios para colocar a sus parientes y paniaguados, cuando no al enriquecimiento personal.
A pesar de los esfuerzos para echar tierra sobre el procedimiento de la juez Alaya, la opinión pública sigue su actividad con especial atención y espera que se depuren responsabilidades caiga quien caiga.
(Luis María Ansón/El Imparcial)
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