(El ciudadano español- vamos a llamarle así- está ocupadísimo entre taparse la nariz y pagar impuestos. Ya no cabe de satisfacción. Pero, a veces, las cosas explotan. Esperemos que pacíficamente.)
PUJOL, EL APELLIDO MÁGICO.
CONFIESO mi estupefacción renovada. Tal vez me falten conocimientos jurídicos, pero no alcanzo a comprender cómo es posible que los nueve miembros de la familia Pujol-Ferrusola estén imputados por la Justicia, algunos desde hace ya cinco años, y ninguno de ellos haya pisado la cárcel. Corrijo. Comprender, comprendo perfectamente.
Solo hay una explicación posible. Pero resulta tan incompatible con lo que entendemos como «Estado de Derecho», tan frontalmente opuesta a las reglas de juego democráticas, que razón y voluntad se resisten a aceptarla.
Ayer mismo daba cuenta ABC de un nuevo informe de la UDEF (esa unidad policial especializada en delitos económicos relacionados con la corrupción, cuya existencia ignoraba o fingía ignorar el ex «molt honorable president» al ser preguntado por ella en el Parlamento de Cataluña) que acreditaría el origen ilegal de la fortuna multimillonaria amasada por su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Es difícil llevar la cuenta exacta de las causas abiertas contra el clan, y casi imposible calcular el importe exacto de las cantidades obtenidas de forma presuntamente fraudulenta por sus integrantes, toda vez que son cuatro los juzgados implicados en una macroinvestigación que mantiene ocupadas a la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía desde 2012.
Con distintos grados y modalidades de participación en el «negocio», se les imputa cohecho, delito fiscal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, entre otros crímenes vinculados al cobro y posterior «lavado» de comisiones ilícitas, obtenidas a cambio de favores políticos durante el largo mandato del patriarca absoluto.
Audiencia Nacional, UCO, UDEF, Ministerio Público, medios de comunicación, opinión pública y publicada tras el rastro hediondo de sus andanzas… y ni un solo día entre rejas. ¿Ustedes lo entienden? Yo no. O sí, lamentablemente.
(Isabel San Sebastián/ABC)
EL CLAN PUJOL, UN AGUJERO SIN FONDO.
Las nuevas revelaciones dadas a conocer en exclusiva por ABC en torno a las correrías aparentemente delictivas del clan Pujol resultan inquietantes. La mera sospecha policial de que Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat catalana, está cometiendo nuevos delitos mediante oscuras operaciones financieras durante la tramitación de los procedimientos judiciales en marcha, debe poner urgentemente sobre alerta a la Audiencia Nacional. No se trata solo de evitar cualquier acto de impunidad añadida en la conducta de Pujol Ferrusola, sino de impedir esa irritante sensación de que el clan Pujol es inmune a la acción de la justicia, o de que nada se hace para evitar un fraude perpetuado en el tiempo, con principio conocido, pero sin final.
En los tres años de instrucción judicial que afecta a Jordi Pujol, la Fiscalía nunca ha solicitado medidas cautelares más allá de la retirada de su pasaporte. No se ha considerado necesario solicitar su prisión preventiva. Las nuevas noticias –ha evadido otros cinco millones desde que se le investiga judicialmente– son preocupantes, y contribuyen a una desmoralización ciudadana por la ineficacia de las medidas adoptadas contra él.
En el caso de la familia Pujol, como en el de tantos y tantos imputados, no se trata de contribuir a un encarnizamiento mediático gratuito o irresponsable, o de vulnerar su presunción de inocencia con una condena preventiva cuando todos sus miembros, sin excepción, ni siquiera han sido juzgados aún.
Pero es evidente que si su situación procesal de libertad permite destruir pruebas o la comisión de nuevos delitos de blanqueo o de alzamiento de bienes, como sostiene la UDEF, es que algo se está haciendo realmente mal. Llegados a este punto de la investigación, las circunstancias aconsejarían la adopción de medidas mucho más radicales que la mera retirada del pasaporte para Pujol Ferrusola. La Fiscalía está en su legítimo derecho de ponderar y exigir qué medidas son esas, y a su vez el juez lo está para decidir cuáles adopta y cuáles no.
Pero lo que está fuera de toda duda es que en casos de corrupción objetivamente menos graves en su cuantía económica, y mucho menos escandalosos que esta trama con tintes mafiosos, las órdenes de prisión han servido para evitar el riesgo de fugas, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva. En este caso, si nos atenemos a los reproches de la Policía Judicial al Juzgado, no está siendo así.
Por tanto, sería injusto alimentar la sensación de que el clan Pujol goza de un plus de privilegio procesal respecto a muchos otros encausados, o de que hay una justicia a varias velocidades a la hora de plantar cara a los desmanes corruptos y abusivos de toda una familia dedicada a un latrocinio sistemático. Por presunto que sea.
(Edit. ABC)
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