LA TRAMPA DE LAS CONSULTAS POPULARES.

LA TRAMPA DE LAS CONSULTAS POPULARES.

LOS partidarios de la democracia asamblearia juegan con ventajismo porque saben que pocos ciudadanos criticarán que se les pregunte por asuntos que pueden afectar a su día a día. Pero detrás de tan benéfico planteamiento suele esconderse en los promotores de las consultas populares el propósito de socavar la confianza en la democracia representativa.

 Con la consulta directa al ciudadano en asuntos encomendados a las competencias de las instituciones se soslayan los procedimientos predeterminados por las leyes, se eliminan trámites de control legal y político y el resultado se manipula a gusto del que pregunta.

Las consultas populares organizadas por el Ayuntamiento de Madrid encajan en todas las reservas que merece esta democracia directa, populista y oportunista que practica el equipo de Manuela Carmena. Según la encuesta de GAD 3 para ABC, más de la mitad de ciudadanos no prestó atención a las votaciones organizadas por el Ayuntamiento madrileño, pero esta misma proporción entiende que cualquier propuesta que se someta a los ciudadanos debe recibir un apoyo superior al 50 por ciento para ser aprobada, y la consulta ser tenida por válida solo si la participación es de al menos la mitad del censo. 

A los ciudadanos les gusta que se les pregunte, pero no que se les tome el pelo, y por eso rechazan que con el respaldo del 1 por ciento del censo el Ayuntamiento dé por buenos los resultados. Los encuestados también se oponen a fragmentar el voto de los madrileños por distritos, como ha hecho Carmena al preguntar sólo a los vecinos de Valdebebas si se mantiene o no el nombre de Felipe VI en uno de sus parques.

Lo inadmisible de estas ocurrencias –de personas que tendrían que dedicar su tiempo a asuntos más importantes– es que han costado un millón de euros a los madrileños. Cuando el Ministerio de Hacienda pide control del gasto al Ayuntamiento de Madrid, el empleo de tal cantidad de dinero en unas consultas innecesarias roza la malversación, si no en sentido penal, sí en sentido político.

Estas actuaciones del Ayuntamiento de Madrid demuestran que es necesario implantar o aplicar mecanismos externos que impidan a los Consistorios malgastar un dinero que procede de unos muy desgastados bolsillos de los contribuyentes. Ni el impuesto de bienes inmuebles, ni las multas, ni las tasas municipales deben ponerse al servicio de estas extravagancias de izquierda populista.

 Las instituciones representativas tienen sus competencias y sus funciones, están legitimadas por las urnas y deben asumir sus responsabilidades sin tener que regalar los oídos al ciudadano con consultas innecesarias y que son un derroche que no se pueden permitir.

(ABC)