FRACASO DEL MODELO AUTONÓMICO

FRACASO DEL MODELO AUTONÓMICO.

El cupo vasco, o el huevo de no pagar impuestos.

La mayoría de los países europeos tienen un único régimen fiscal para sus ciudadanos. España, que da lecciones al mundo, tiene cinco: el de Álava, el de Guipúzcoa, el de Navarra, el de Vizcaya y el de las demás provincias, sujetas al llamado régimen común. Cada uno de estos cinco ámbitos es soberano para fijar los impuestos y recaudarlos en su territorio. Por ejemplo, la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, aprobó en 2012 un Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, que en 2015 se modificó.

El concierto vasco es el régimen que regulas las relaciones tributarias dentro de la comunidad autónomas vasca y de ésta con el Estado español. El convenio navarro es lo mismo entre Navarra y el Estado. Se establecieron en el siglo XIX después de las derrotas carlistas y, pese a su injusticia objetiva, han sobrevivido hasta el siglo XXI.

Constituyen además un peligro para la unidad nacional, como expresan las palabras de Pedro Luis Uriarte, antiguo consejero delegado del BBVA:

¿Cómo se puede pretender construir un país independiente sin una base sólida económico-financiera? Base dada por el Concierto. (…) Son dos elementos diferenciales comunes que reconocen competencias específicas en el campo tributario y sirven para articular una relación diferencial con el Estado.

Los ricos hacen que los pobres paguen por ellos.

Aunque muchos tratan de encajarlos en la entelequia de los derechos históricos, la foralidad y hasta la Edad Media, el concierto y el convenio nacen como concesión del Estado moderno. En 1841, sólo dos años después de la conclusión de la primera guerra carlista (1833-1839), la Ley Paccionada, aprobada por las Cortes, establecía para Navarra el régimen del convenio. La oligarquía navarra renunciaba a sus Cortes estamentales, su rey tradicional, su Consejo Real y sus aduanas, y aceptaba la Constitución y la reina liberales... a cambio de pagar pocos impuestos.

En 1876, después de otra nueva guerra carlista (1872-1876), una ley abolió los fueros vascongados y sometió a las provincias vascas a la legislación ordinaria, lo que suponía la desaparición de los límites a la explotación de las minas de hierro, la introducción del servicio militar obligatorio y el cobro de impuestos. Para pasar de un sistema en el que apenas existía tributación al nacional, el Gobierno de Madrid, presidido por Antonio Cánovas del Castillo, estableció en un decreto de 1878 un período de transición a fin de que las Provincias Vascongadas se concertasen con las demás, lo que incluía la elaboración de un censo de riqueza.

Las diputaciones, controladas por las oligarquías locales, mantuvieron una fiscalidad basada en el consumo de productos demandados por las clases media y baja: harina, sal, vino, aceite, chacolí... Otros impuestos concertados eran las contribuciones de inmuebles rústicos, de comercio e industrial y las rentas de papel sellado.

Así, los ricos lograron que la tributación por sus minas, sus palacios, sus astilleros, sus barcos y sus ferrocarriles no sólo fuera menor en comparación con la que gravaba bienes idénticos en el resto del país, sino que todos los vascos, incluidos sus asalariados, colaborasen en el abono de sus rentas.

En las décadas posteriores, cuando se acercaba la renovación del convenio o el plazo teórico para que éste se extinguiese, las oligarquías organizaban campañas contra Madrid y en defensa de los fueros. Como entonces existía el partido carlista, los políticos dinásticos de Madrid y luego los republicanos hacían la vista gorda y pactaban la renovación, en ocasiones sin que se actualizase la aportación respectiva a medida que crecía la riqueza.
Javier Ybarra y Bergé, víctima de ETA en 1977, describió las inmensas ventajas de los conciertos para la oligarquía local:

Este concierto reconocía a las Vascongadas una autonomía económica muy beneficiosa, ya que evitaba la intervención directa del Estado a efectos económicos en el país, a cambio de una cantidad cifrada de antemano y que abonaban las diputaciones provinciales al Gobierno.

Franco lo redujo y Suárez lo amplió.

El mayor cambio se produjo en 1937, cuando el Gobierno de Burgos, encabezado por el general Franco, dictó un decreto que retiraba los conciertos a Vizcaya y Guipúzcoa debido a que el PNV había puesto esas provincias del lado del Frente Popular. De esta manera, los privilegios fiscales quedaron reducidos a dos provincias, entonces de economía exclusivamente agraria y poco pobladas.

Franco renovó su convenio y concierto respectivos, con entusiasmado agradecimiento de las diputaciones, que le cubrieron de honores que unas décadas después le retiraron.

En la transición, el PNV, los demás nacionalistas vascos e incluso algunos partidos de izquierdas reclamaron como innegociable la restauración del concierto, y Adolfo Suárez cedió ante ellos. En esos años, cuenta Javier Arzallus, que él y Jordi Pujol discutieron sobre el concierto y el catalán lo rechazó, porque lo consideraba un mal negocio, ya que si caía la recaudación, el Estado no tenía que cubrir el déficit de la región. ¡Qué equivocado estaba entonces Pujol! Mariano Rajoy lleva años transfiriendo miles de millones a la Generalitat en rebelión y anuncia muchos más.

Aunque las leyes orgánicas y las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo han delimitado el contenido del concierto, para que la presión fiscal sea similar en todo el territorio nacional, las diputaciones dictan bonificaciones y exenciones para empresas y particulares, algunas de las cuales son recurridas como discriminatorias por las comunidades vecinas y acaban en Bruselas, como las vacaciones fiscales vascas.

Otro ejemplo de la injusticia básica de este sistema. Volkswagen Navarra montó una empresa subsidiaria en Barcelona a través de la que vendía sus automóviles al extranjero, de modo que la devolución del IVA de la venta lo hacía el Ministerio de Hacienda y no la Hacienda navarra. Por ello, el Gobierno nacional reclamó 1.513 millones de euros al Gobierno foral, pero en 2015 el ministro Montoro perdonó sin contrapartidas a Navarra esos millones abonados por el resto de los españoles (salvo los vascos).

La destrucción de la fiscalidad moderna.

Para apaciguar a los separatistas catalanes y ganar unos diez años más de cierta paz, algunos genios, como José Manuel García Margallo, proponen una reforma constitucional y, claro, más dinero, en concreto un sistema de financiación similar al vasco.

¿Qué sucedería si las Cortes concedieran a Cataluña un concierto económico? José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda de la Dictadura de Primo de Rivera entre 1925 y 1930, negoció la renovación de los conciertos vascos y del convenio navarro y dejó escrito que, aparte de constituir una injusticia (Calvo Sotelo pretendía que los españoles pagasen los mismos impuestos, con independencia de su clase social y de su lugar de residencia), si se extendían al resto de las regiones acabarían con la Hacienda nacional. 

 El Gobierno central debería pedir, por favor, a los Gobiernos locales fondos, como hacía Carlos I en las Cortes para pagar su campaña al trono del Imperio.


 

(Pedro Fernández Barbadillo/ld.)