ESPAÑA, SER O NO SER.

ESPAÑA, SER O NO SER.

NO ES FÁCIL SABER a qué momento debe uno retrotraerse para descubrir el inicio- aproximado- de un camino erróneo que nos ha conducido a esta grave situación actual. La etapa que va de 1980 a 2003, en la que Jordi Pujol fue presidente de la Generalidad (23 años), es cuando se desarrolla la construcción nacional catalana. El germen del golpe de Estado de 2017.

Pondré un ejemplo de 2008, que muestra la ceguera política generalizada.

El Ministro de Economía del gobierno Zapatero, Miguel Sebastián, publicó el artículo, España no se rompe. Decía el ex Ministro de Economía, en su artículo: «¿Qué quiere decir exactamente esto de que España se rompe? Entiendo que la afirmación no se refiere a una ruptura política, dado que todos los partidos que han gobernado España en democracia y los que lo harán en las próximas décadas (UCD; PP y PSOE) han dado muestras suficientes de su compromiso con la unidad de España, con la Constitución de 1978 y con el Estado de las Autonomías».

En 2008, un ministro del Gobierno Zapatero estaba convencido de que «España no se rompe». Todo lo más que la frase «España se rompe» podía significar, es a diferencias socioeconómicas entre Comunidades autónomas. Sin embargo, en el mismo año 2008, los españoles no estaban tan tranquilos.

Según encuestas del mes de agosto de 2008, la mitad de los españoles opinaba que el sistema autonómico crea más problemas que los que soluciona. Según el 49'9%, aumenta las desigualdades sociales y económicas entre regiones. Según el 50'3%, pone en peligro la unidad del país. En concreto, el 72% de los votantes del PP, el 36% de los votantes del PSOE, y el 35% de los votantes de IU, creían que España estaba a punto de romperse.

¿Por qué esta importante diferencia entre políticos y ciudadanos? Se ha dicho, y puede ser una explicación para mejor entender esta preocupante distancia entre políticos y ciudadanos, que en España tenemos, más que una democracia, una partitocracia. O bien, una democracia partitocrática.

¿Qué es la partitocracia? El profesor Javier Tajadura, en su libro «Justicia y partitocracia», muestra sus defectos: dominio de las oligarquías de los partidos, distanciamiento con sus afiliados y votantes, estrategias diseñadas con sometimiento, básicamente, electoral. Tácticas para perpetuarse en el poder y mantener los círculos creados- y cerrados- en torno al partido. Enfrentamiento entre partidos, más que voluntad de pacto. Corrupción y obediencia interna. O sea, poco que ver con el funcionamiento democrático.

 Como exige el artículo 6 de la Constitución.

«Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política... Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». El funcionamiento de los partidos está lejos de ser democrático. Su estructura es piramidal. Y ser obediente con los de arriba, es un seguro para escalar en el partido. Y obtener prebendas.

Si los partidos- en este caso los partidos PP/PSOE, que han gobernado España los últimos cuarenta años-, se hubieran preocupado por las preferencias de los españoles, hubieran actuado de otra forma. Es decir, las citadas encuestas de 2008, indicaban que muchos españoles estaban preocupados por el desbarajuste del sistema autonómico. Y por la unidad de España. Sin embargo, PP y PSOE despreciaron estas preocupaciones ciudadanas.

Por otra parte, las quejas de los españoles no se refieren- ni antes ni ahora- a que se tengan que pagar altos impuestos para sufragar sanidad, educación, seguridad, etcétera. Se quejan de tener que pagar altos impuestos para sufragar el despilfarro autonómico y la corrupción.

Según la edición revisada y actualizada a mayo 2011, y ampliada, de «El coste del Estado Autonómico», de la Fundación Progreso y Democracia, formada por expertos en administración, gestión y economía, se pueden establecer estas conclusiones: las CCAA derrochan unos 26.000 millones de euros en gasto corriente y de personal; España es el país con el gasto más descentralizado de Europa, aunque las CCAA no responden por su endeudamiento; hay un descontrol en la multiplicación de servicios, entidades y empresas públicas. Hay, aproximadamente, tres millones de empleados públicos entre todas las administraciones.

 Hay sobrecostes injustificables: por ejemplo, un parlamentario autonómico catalán cuesta 188.000 euros anuales, y un diputado nacional del Congreso de Diputados, 103.090 euros.

Otros sobrecostes inadmisibles son las televisiones de las CCAA; hay una excesiva cantidad de normas, derivada de la multiplicación de administraciones, lo que daña la unidad de mercado; el 46% del presupuesto de las CCAA va a gastos de personal y corriente; el Estado carece de instrumentos suficientes para controlar adecuadamente el gasto público de las CCAA. Para no extenderme, termino con una conclusión gravísima. El derroche de las CCAA ha agravado la crisis económica.

 Esta es la partitocracia que nos mal gobierna y machaca a impuestos. Esto es lo que se debe cambiar. No una reforma constitucional para contentar a golpistas y separatistas antiespañoles, como proponen algunos políticos, periodistas, y profesores universitarios irresponsables.

En cuanto a la preocupación ciudadana por la unidad de España, PP/PSOE la han despreciado. ¿En qué sentido? Han permitido que los partidos separatistas- los que han dado un golpe de Estado y simpatizantes- controlaran el sistema educativo, televisiones públicas, emisoras de radio, y prensa, digital y escrita. Adoctrinando, desde hace décadas, en el odio a España.

Los políticos de PP/PSOE- con las excepciones de rigor-, han mentido sistemáticamente, disimulando las ilegalidades, deslealtades y chantajes de partidos como CIU o PNV, y similares. Esto es lo que debe cambiar. Urgentemente. Y radicalmente.

A menos que seamos tan estúpidos que queramos suicidarnos políticamente. Ofreciendo más dinero, reformas constitucionales y privilegios a los separatistas antiespañoles, que los utilizan en contra de España y los españoles. ¿Queremos otro golpe de Estado?

¿Tan torpes son nuestros políticos? ¿O es algo peor y más grave que torpeza?

PD. El juez de Barcelona, J.A. Ramírez Sunyer afirma que el 'procés' se financió con recursos del Fondo de Liquidez Autonómica. (FLA.).

SEBASTIÁN URBINA es doctor en Filosofía del Derecho./El Mundo/Baleares.