(El peligroso y ruinoso
partido socialista.)
Recuperar el Estatut de
Cataluña es por una parte absurdo, y por otra suicida.
ABC habla con tres
expertos sobre la idea del PSOE de legalizar parte de la norma.
El Partido Popular
presentó un recurso de inconstitucionalidad a 114 artículos de los 223 del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado
por el Parlament en 2006. La sentencia
del Tribunal Constitucional, cuatro años después, tumbó 14 puntos de la norma.
Sin embargo, y en contra de la doctrina del tribunal garante,
la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sugerido recuperar una
parte mediante leyes orgánicas. Un nuevo capítulo
dentro de los coqueteos del Gobierno con los
independentistas.
«Las leyes orgánicas
no son supraconstitucionales o equivalentes a la Constitución»,
explica a ABC Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional por la
Universidad de Valencia. Para Flores la sugerencia del PSOE es «una burla y un
fraude de ley» para aumentar las competencias de Cataluña «sorteando los
sistemas de control» que exigen una reforma del Estatuto.
Si bien es cierto que las leyes orgánicas se aprueban
con una mayoría absoluta en el Congreso, los Estatutos de Autonomía
son leyes orgánicas específicas que deben obtener mayoría en el parlamento
autonómico, en las Cortes Generales y ser sometidas a referéndum. Según
relata el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago
de Compostela Roberto Blanco, reformar la norma mediante una ley orgánica paralela sería «absolutamente inconstitucional».
Los 14 artículos
derribados por el TC fueron aprobados por el Parlament Catalán con el apoyo en
la Cámara Baja de PSOE, IU, CiU, PNV, BNG y CC en 2006 y recogían un sistema judicial independiente, la lengua catalana
como primer idioma, Cataluña entendida como
nación y competencias financieras propias. Además, otros 27
sólo eran válidos si se interpretaban según determinaba el fallo.
A esto último, dentro del reto que supone para
Pedro Sánchez el conflicto independentista, es a lo que se aferró Batet para
asegurar en la sesión de control del Senado que «ahí hay margen para trabajar».
«Me parece que es
una maniobra que tiene doble cara», asegura Antonio Torres del Moral,
catedrático en Derecho Constitucional de la UNED, que considera un «disparate» que un grupo parlamentario intente
sortear la sentencia del Tribunal Constitucional. En cambio, sí
considera correcto que la intención del PSOE fuese corregir los preceptos
conforme interpretaba el tribunal de garantías.
Pedro Sánchez,
cuidadoso de que la Generalitat no vuelva al unilateralismo, intenta reforzar
el diálogo con el Govern atendiendo a sus exigencias. El Ejecutivo intentará
buscar en los mismos aliados -independentistas catalanes y nacionalistas- que
le auparon a La Moncloa el apoyo para sacar adelante
las leyes orgánicas con los puntos negros del Estatut.
Por ello, los tres
constitucionalistas se muestran preocupados al ver cómo un partido sugiere
impulsar una acción legislativa contraria a la sentencia del TC.
«Técnicamente pueden
aprobarlas pero es bastante disparatado»,
asegura Roberto Blanco. «El PP puede volver a recurrirlas y no parece que el
Tribunal Constitucional vaya a cambiar de opinión», añade.
También Torres del Moral, por su parte, asegura que esto supondría «poner al
tribunal en la disyuntiva de corregirse a sí mismo».
Transferencia de poderes
Los tres
catedráticos consideran que la única forma -entendiendo que no asumirán el
proceso de reforma estatutaria- sería el Artículo 150.2
de la Carta Magna, que se refiere a la Ley Orgánica de Transferencia o
Delegación de competencias: «No tendrían otra vía». De hecho, esta técnica
-que permite delegar competencias susceptibles de transferencia por su
naturaleza, según la ley- ya se utilizó con leyes orgánicas en Canarias y
Valencia.
Sin embargo, nunca antes se dio este paso con una
sentencia previa del TC. Torres del Moral explica
que «puede ser una vía de acercamiento con los nacionalistas
catalanes», pero «si se trata de repetir los defectos que tenía el
Estatut» será un error porque hay aspectos en los que Cataluña carece de
competencias. Para Carlos Flores la idea es «por una parte absolutamente
absurda y por otra parte absolutamente suicida».
En este sentido,
Flores recuerda el artículo que exigía un Consejo de Justicia Catalana
independiente: «El Poder Judicial es
quien ha evitado la segregación de Cataluña. Si hubiesen tenido un Poder
Judicial propio habría sido colonizado por los partidos y el proceso
secesionista».
(Gregoria
Caro/ABC/Junio/2018.)
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