Piratas al abordaje de la monarquía
La desmedida polémica sobre la llegada a España del Rey emérito para presenciar una regata encubre una oscura maniobra que lleva tiempo gestándose en la sombra. Porque algunos pretenden llevar a cabo un abordaje pirata al viejo bajel de la Monarquía para poner fin al exitoso sistema constitucional de 1978. Esta extraña situación, la del Gobierno de un país maniobrando contra su propio Jefe de Estado, que resultaría inaudita en cualquier país occidental, presenta aspectos chocantes y notorias ilegalidades que seguidamente les voy a comentar.
La enorme sorpresa inicial es que quienes conspiran para derrocar nuestra Monarquía constitucional están siendo pagados por todos nosotros. O bien confortablemente sentados en el Consejo de Ministros, o bien apoyando al Gabinete desde sus escaños parlamentarios en el Congreso. Aunque a muchos nos parezca sorprendente, son el Gobierno y sus apoyos políticos - cuya función primordial es cumplir y hacer cumplir la Constitución- quienes están tratando de dinamitar la Jefatura del Estado, incluso dirigiendo graves insultos al antiguo monarca, padre del monarca actual.
La segunda gran paradoja es que toda esta situación resulta ser manifiestamente ilegal. El artículo 19 de nuestra Constitución dice: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la Ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos”. Siendo Don Juan Carlos, a todos los efectos, un ciudadano español ¿necesitan algunos que se lo escriban más claro?
Pero el problema legal va todavía más allá. El diario El País, portavoz oficioso del sanchismo, ha publicado una información en la que se afirma que el Presidente del Gobierno ha prohibido al Rey Felipe VI que su padre pernocte en el Palacio de La Zarzuela. Como ha explicado detalladamente Pablo Sebastián, en el diario digital republica.com, ese veto de Pedro Sánchez conculca y viola tanto la letra como el espíritu del Decreto 470/2014, donde se le otorgaban a Don Juan Carlos el título vitalicio y honorífico de Rey, y el tratamiento y honores correspondientes. El texto del citado Decreto 470/2014, actualmente en vigor, dice: "Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona".
Explica atinadamente el editor de republica.com que el Presidente Sánchez puede derogar el Decreto 470/2014 y, si lo desea, promulgar otro sobre esta cuestión. Pero no puede violentar ni conculcar el que está en vigor. Y el Rey Felipe VI no debería consentir tal flagrante incumplimiento de la Ley, aunque el afectado sea, en este caso, su propio padre.
Esa está resultando ser la actitud habitual de nuestro Gobierno en lo que afecta al cumplimiento de las Leyes. Especialmente de aquéllas que no le gustan. Se las pone por montera y aquí nunca pasa nada. Aunque luego, los peligros para nuestra democracia dicen que vienen de la ultraderecha (Vox fue quien defendió la Constitución promoviendo la declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma y el cierre del Congreso durante los inicios de la pandemia). Y es que los españoles estamos viviendo un auténtico mundo al revés, edulcorado constantemente por la propaganda gubernamental.
Pablo Sebastián concluía con acierto que “si Sánchez quiere derogar el Decreto 470/2014, que lo derogue. Y a buen seguro que ello no impedirá que Don Juan Carlos continúe siendo, de por vida, Rey de España. Con sus errores (que son mínimos comparados con la corrupción política, el golpismo catalán y el terrorismo de ETA y de los GAL) y también con sus aciertos, que son reconocidos en todo el mundo y que en la Historia de España ya están”. Para confundir aun más a los españoles, el Gobierno ha mezclado maliciosamente la política con la vida privada del Monarca emérito, queriéndole exigir una especie de rendición de cuentas de la cual los Tribunales le han exonerado penalmente (no tiene en España ninguna causa pendiente) y de la que políticamente ya respondió con su abdicación, producida en el año 2014. El último capricho de nuestro Gobierno, encabezado por su Presidente, ha sido salir a los medios de comunicación diciendo que “el pueblo español espera explicaciones de Don Juan Carlos”.
Con independencia de los indudables errores del emérito, por él mismo reconocidos, no sabemos si pretenden explicaciones sobre sus líos de faldas o sobre los temas de los que la Justicia le ha exonerado. Aunque bien podría demostrar nuestro Gobierno esa ejemplaridad que reclama a los demás, publicando Pedro Sánchez el listado detallado de sus viajes en el Falcon que le financiamos todos los españoles. Que, por si ustedes no lo saben, ha declarado “secreto de Estado”.
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