Que el Gobierno, a través de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, filtró a sus terminales mediáticas las supuestas comisiones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, es una evidencia:
horas antes de que la información viera la luz, la ministra afirmó que se había enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la Hacienda Pública».
Resulta obvio que la vicepresidenta primera se sirvió de información privilegiada de la Agencia Tributaria y que la utilizó con fines partidistas permitiéndose la osadía de imputar delitos a un contribuyente por hechos que ni siquiera han sido juzgados, facilitando, además, información fiscal de carácter reservado e incumpliendo de forma flagrante el deber de secreto y sigilo que deben cumplir los responsables del fisco.
(OkDiario/14/3/2024.)
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