LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.

 LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.

 LAS APARIENCIAS ENGAÑAN.

Una testigo de cargo nada ejemplar.

ESTA SEMANA ha ingresado en la prisión de

Segovia el ex presidente Jaume Matas, condenado

a ocho meses por un delito de tráfico

de influencias. Contrariamente a lo que algunos

periodistas afirman una y otra vez, siguiendo

la máxima de Goebbels de que una

mentira repetida mil veces llega a convertirse

en verdad, Matas no ha sido condenado por

los famosísimos discursos de Antonio Alemany

ni por haberse llevado ningún euro al bolsillo.

En absoluto, tanto uno como otro quedaron

absueltos por el Supremo de cualquier

delito relativo al tema de los discursos. Matas

fue condenado por inducir al director general

de Comunicación de entonces, Joan Martorell,

a dar instrucciones a dos funcionarias

con el fin de que dieran la «máxima puntuación

» al proyecto de ABN (Agencia Balear de

Noticias), en una línea de subvenciones en la

que participaron otros medios. Lean, si no, la

sentencia. Éste fue el horrendo pecado de

Matas (¡ya ven!) que le ha llevado finalmente

a la cárcel. Eso y naturalmente el afán vengativo

de la Audiencia Provincial como desquite

al terrible varapalo que sufrió por parte del

Supremo al rebajarle la pena de seis años a

ochos meses y absolver a Matas de todos los

delitos menos uno.

Así lo reconocía este martes el presidente

de la Audiencia Provincial de Palma, Carlos

Gómez, al admitir que «cuando la pena

es inferior a dos años, lo más frecuente es

que se le dé a la persona condenada lo que

denominamos la remisión condicional de la

pena». Algo que se ha denegado a Matas,

«por unas consideraciones de ejemplaridad

», o sea, porque la Audiencia cree que

los políticos deben mostrar una actitud

ejemplar en el desempeño de sus cargos.

 Y remataba Gómez, «por tanto, casi diríamos

que es a la inversa de lo que a veces se dice»

con respecto a los supuestos beneficios que

recibirían de la Justicia las «personas poderosas

». Así, en el caso concreto de Matas,

«se le ha tratado con una justicia más estricta

que a un ciudadano normal». En Baleares,

por lo visto, la Justicia no es justa sino

«ejemplarizante». Tremendo. El «plus de reprochabilidad

» al que se aferró en primera

instancia la Audiencia para condenarle a

seis años y que luego el Supremo trituró sin

misericordia, se nos ha colado esta vez por

otra vía: la ejecución de la sentencia.

A todo esto y como informaba este diario el

pasado jueves, el Supremo acaba de confirmar

una sentencia contencioso-administrativa

del TSJB de 2012 (y que Bauzá recurrió en

casación) que obliga al Govern a restituir una

subvención a ABN, una ayuda que el Pacte de

Progrés le denegó dos meses después de acceder

al poder en 2007. Valoremos los hechos.

En primer lugar, esta sentencia significa

que esta segunda subvención otorgada a

ABN por Jaume Matas en junio de 2007 era

una subvención impecable, merecida y ajustada

a derecho. En segundo lugar, el Pacto de

Progreso, es decir, Antich, Gina Garcías, Albert

Moragues y la funcionaria Margalida de

la Portilla, intentan derrocar esta subvención

mediante una «relectura» de las bases del

concurso, alterando la puntuación otorgada,

rebajándola (de 22 a 4,5 puntos), para impedir

que acceda a la subvención. De la Portilla

cambia la puntuación otorgada por ella misma

dos meses antes mientras Gina Garcías,

directora entonces de Comunicación, y Albert

Moragues justifican su decisión por el hecho

de que el proyecto de ABN «no está escrito en

catalán». 

En la sentencia condenatoria del

TSJB de 2012 se advierte que ni Garcías, ni

Moragues ni De la Portilla pueden alterar las

bases del concurso, que no hablan para nada

de escribir en catalán. Y en tercer lugar, el Govern

de Bauzá, en lugar de dar carpetazo tras

la razonada e impecable sentencia del TSJB

de 2012, se subroga en los criterios del Pacto

y acude en casación ante el Supremo. Es decir,

Bauzá, Gómez y la letrada Perelló asumen

y aceptan los injustos y absurdos criterios

del Pacto, los hacen suyos e intentan que

el Supremo revoque la sentencia condenatoria

del TSJB.

Este incomprensible comportamiento de

Bauzá ha causado, además de una injusticia

palmaria, unos serios perjuicios económicos

al dilatar innecesariamente el proceso,

lo cual provoca unos altos costes por intereses

de demora y una dilación indebida

que, de hecho, duplica la cuantía de la subvención

otorgada.

Pero hay un dato más inquietante todavía.

La funcionaria que incurre en «desviación de

poder» y en «arbitrariedad» según el TSJB y

el Supremo, Margalida de la Portilla, es la

misma funcionaria que años después, durante

el primer juicio contra Matas por los discursos,

se convertirá en la principal testigo

de cargo contra Matas y Alemany en relación

a la primera subvención de ABN. De hecho,

de los tres testigos de cargo que testificaron

contra Matas acusándole de haber presionado

a sus subordinados para que dieran la

«máxima puntuación» al proyecto de ABN,

dos de ellos fueron Joan Martorell y Margalida

de la Portilla. O sea, un delincuente

(Martorell fue condenado siete meses por

malversación y prevaricación administrativa)

y una funcionaria que venía comportándose

con evidente mala fe contra ABN y con una arbitrariedad

rayana en la prevaricación.

Pero hay más. Toda vez que el principal cargo

que va a llevar a Alemany a la cárcel consiste en no haberse

podido demostrar que hizo un reportaje deportivo

por el que cobró 12.000 euros, ¿qué

credibilidad pueden tener Martorell y Gina

Garcías –la misma que no tuvo ningún escrúpulo

en hundir el proyecto de ABN– cuando

aseguran que Alemany no les entregó ningún

reportaje tras haber dado fe pública de que sí

lo habían recibido? Juzguen ustedes mismos. 
(Joan Font/ElMundo/Baleares.)