LA ÚLTIMA POLÉMICA DE UNA JUSTICIA POLITIZADA.
El fiscal anticorrupción, Manuel Moix, se ha visto obligado a dejar el cargo tras una campaña política y mediática en su contra por haber heredado parte de una empresa radicada en Panamá. Nada hay de ilegal en tener una empresa fuera de España cuando se cumple con el fisco como es el caso del fiscal Moix, pero la polémica artificial desatada por este asunto ha convertido de nuevo a la Administración de Justicia en un instrumento político que los partidos tratan de utilizar en su provecho.
Provoca auténtico bochorno que las principales críticas a la manipulación de la Justicia por parte del Gobierno procedan de las filas de la izquierda, caracterizada por su falta de escrúpulos a la hora de corromper la independencia judicial.
Lo vimos de manera muy especial durante el nauseabundo proceso de negociación con la ETA, cuando el fiscal general del Estado nombrado por Zapatero, el inefable Conde Pumpido, afirmaba sin el menor rubor que "la Justicia no debe ser obstáculo a los procesos políticos" y que "el vuelo de las togas no eludirá el polvo del camino"; o su consideración de que la Ley de Partidos, que proscribía –y en teoría sigue proscribiendo– la presencia de los proetarras en las instituciones, no debería convertirse en un "Guantánamo electoral".
Eso, por no recordar la elocuente y hasta cierto punto lógica perplejidad que manifestó el terrorista Arnaldo Otegi cuando, al ser detenido, preguntó si el entonces fiscal general del Estado estaba al tanto de lo que sucedía.
La pataleta podemita por este asunto entra directamente en el terreno de lo grotesco, tratándose de un movimiento ultraizquierdista que encumbra a los peores regímenes totalitarios, mientras pretende hacernos creer que lucha por la separación de poderes en nuestro país.
El mandato constitucional de unos Jueces y Magistrados "independientes" y "sometidos únicamente al imperio de la ley" es uno de los principios democráticos más sistemáticamente ignorados, cuando no flagrantemente violados, por los políticos españoles.
El Partido Popular tuvo la ocasión de desmarcarse de esta tendencia y reparar una de las grandes fallas de nuestro sistema democrático cuando gobernaba con mayoría absoluta. Ruíz Gallardón afirmó que acabaría con el bochornoso espectáculo de la sumisión de la Justicia española a los partidos, pero sus palabras se perdieron en el saco de las promesas incumplidas por el PP, un partido que jamás desperdicia una ocasión para defraudar a sus votantes.
La despolitización de nuestro sistema judicial es una tarea fundamental y cada vez más urgente. En Libertad Digital lo llevamos reclamando desde nuestra fundación y seguiremos haciéndolo hasta que los políticos saquen sus sucias manos de la Justicia, única manera de garantizar la primacía del Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
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