SOCIEDAD
CIVIL BALEAR.
A medida que aumenta la opresión catalanista en el sistema
educativo, en los medios de comunicación, en sanidad, etcétera, salen focos de
resistencia para defender la libertad de los ciudadanos. Pongamos un ejemplo,
entre miles, para los que aún no se han enterado. O no se quieren enterar.
El diario digital catalán ‘Dolca Catalunya’- 19
febrero 2018- dice: La Vanguardia lo reconoce: con Franco había más horas de
catalán en la escuela, que hoy de castellano. Ho diu La Vanguardia. 1967: 5
horas/semana de catalán en la escuela. 2016: 2 horas/semana de castellano.
Es decir, el franquismo trataba mejor a la lengua
catalana, en Cataluña, que los catalanistas tratan a la lengua española,
también en Cataluña. ¡Quién lo iba a decir! Los catalanistas- que presumen de
demócratas- reprimen más que los franquistas.
Este ejemplo, entre otros muchos, muestra que la
libertad no se defiende por sí misma. Muchas personas creen que la Constitución
de 1978 garantiza la libertad. Pues no. Declara que tenemos derechos, pero
algunos se han pisoteado. Como los derechos de los castellanohablantes en
Cataluña. Para llevarlos a la práctica, se requiere que las instituciones
públicas se comprometan en su aplicación. No basta que los políticos juren, o
prometan, ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’. Sólo palabras. Al menos en
aquellos terrenos que les iban a crear problemas. Era mejor mirar para otro
lado. O mentir. Ahí están las sentencias judiciales firmes desobedecidas por
las autoridades catalanistas sin que les haya pasado nada. Al contrario, les
ofrecían más ‘encajes’ para tenerlos contentos.
En una parte
importante de los catalanes- las últimas
elecciones las ganó Ciudadanos- ha cundido una sensación de desánimo, debido al
abandono que sufren los catalanes no separatistas. Se ha dicho y repetido que
‘el Estado español ha desaparecido en Cataluña’. Aunque sea exagerado, es
cierto en buena parte. Y esto es intolerable y peligroso.
¿Cómo ha sido posible? Básicamente, por la
conjunción de dos aspectos. En primer lugar, la deslealtad, chantaje y
victimismo de los separatistas antiespañoles- antes nacionalistas periféricos-
y, en segundo lugar, la mediocridad y cobardía políticas de los políticos
supuestamente nacionales-honrosas excepciones aparte- que no han tenido
voluntad política para impedir los comportamientos contrarios a la legalidad
vigente y a la Constitución.
La catedrática de literatura, Mercè Villarubias,
dice: “Me pareció
sorprendente comprobar que en la mayoría de los países con dos lenguas existen
escuelas para una y para otra y que son los ciudadanos los que escogen”.
Según esta docente, solo hay un territorio con un sistema similar al de la
escuela catalana, que es Groenlandia.
Además, según el profesor Francisco Caja, de SCC,
solamente un 14% de catalanes apoya la inmersión obligatoria sólo en catalán.
Por eso los catalanistas no han hecho nunca una encuesta a la población. Finalmente, el Consejo de Europa ha
advertido que, al igual que en Quebec, la inmersión en Cataluña debería ser
voluntaria y los padres deberían tener derecho a decidir. Pero, en realidad, han
despreciado su derecho a decidir. Para
el que quiera enterarse, es suficiente.
En este contexto de inmersión obligatoria en catalán,
de discriminación hacia los castellanohablantes, de control de los medios de
difusión- subvencionados-, de manipulación de las conciencias, y de propagación
del supremacismo catalanista, aparece en escena Sociedad Civil Catalana. Se funda el
7 de abril de 2014. De acuerdo con sus estatutos es una iniciativa cívico
política contraria al independentismo catalán.
En estas líneas sólo hay
espacio para dejar constancia de las muchas personas que han huido de Cataluña
por esta irrespirable atmósfera de intolerancia. Lo explica Antonio Robles, en
su ‘Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña’. Sólo dos ejemplos.
Albert Boadella y Félix de Azúa, destacados catalanes que tuvieron que
marcharse de su tierra. Boadella lo cuenta en su libro ‘Adiós Cataluña: crónica
de amor y de guerra’. Azúa dijo a la prensa, en 2012: ‘Nos marchamos a vivir a Madrid. No queremos que nuestra hija sea educada
en el odio a España’.
Lamentablemente, la
enfermedad identitaria que sufre Cataluña, ha infectado las Baleares. Desde
hace tiempo, pero de cada vez empeora. Los últimos acontecimientos han encendido
las alarmas. El gobierno balear, formado por socialistas e independentistas, aplaude
el ruinoso e ilegal proceso de los separatistas catalanes. Tan es así que
sueñan- en voz alta- con los míticos ‘Paises Catalanes’. Tal es su desprecio a
España y a la Constitución.
Recientemente, dando otra vuelta de tuerca, han
exigido más catalán a médicos, enfermeros y personal sanitario. Les importa más
el catalán que la salud de los ciudadanos. Y ni siquiera defienden el
mallorquín-menorquín-ibicenco. Dicen que el mallorquín es un dialecto del
catalán. Lo que es mentira. Repetida mil veces, eso sí. Y obligan a los estudiantes a estudiar el
catalán de Barcelona. Un insulto más.
En esta grave situación,
aparece la figura de una menorquina valiente y valiosa- Úrsula Mascaró-, que trata
de hacer lo que no hacen los políticos. Defender las libertades de los
baleares. A tal efecto, crea la asociación ‘Mos Movem’, octubre 2017, con
objetivos similares a Sociedad Civil Catalana. De hecho, en breve, esta
asociación se convertirá- según noticias de prensa- en Sociedad Civil Balear,
para frenar esta inadmisible opresión catalanista y su peligrosa y ruinosa deriva
independentista. Recuperando, además, las libertades perdidas.
Sería injusto no recordar
aquí la encomiable labor realizada por Círculo Balear, presidida por Jorge
Campos, y la más reciente Fundació Jaume III, presidida por Fernando Fortuny.
Dicho esto, esperar que
los políticos resuelvan los problemas mencionados, es un ejercicio de
autoengaño. Han tenido cuarenta años para hacerlo. Y no lo han hecho. Es la
hora de la sociedad civil. No para sustituir a los políticos. No es posible, ni
deseable, en una democracia representativa, pero sí para espolearlos y
vigilarlos. Para recordarles, las veces que haga falta, que su juramento, o
promesa, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, no es una fórmula vacía.
Es un serio compromiso moral, jurídico, y político.
¡Despierta, ciudadano!
Sebastián Urbina.
(ElMundo/Baleares/2/Marzo/2018.)
(ElMundo/Baleares/2/Marzo/2018.)
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