(Con este personal político que sufrimos no se afrontará el problema de fondo que nos lleva y llevará al desastre. O sea, que el Estado de las Autonomías es inviable.
Para evitar la catástrofe debería empezarse por rescatar las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. Es lo que pedía UPyD. Y tenía razón. Deberían ser competencias expresamente indelegables. En todo o en parte. Temporal o permanentemente.
O nos vamos al desastre. Bueno, ya vamos. Quiero decir que las cosas irán a peor porque no se elimina el problema de fondo.)
LA DEUDA
NACIONAL AL SERVICIO DEL DESPILFARRO AUTONÓMICO.
Si, como
prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria, hay que intervenir una comunidad
autónoma porque no esté en la senda de consecución de los objetivos de
reducción del déficit público, se hará". Desde que el ministro Montoro pronunciara esta advertencia, allá por abril de 2012, no
ha habido un solo año en que España haya cumplido sus compromisos de reducción
del déficit, por culpa muy especialmente del excesivo gasto autonómico.
Ni que decir
tiene que, pese a aquellas advertencias del ministro y a los "mecanismos
de vigilancia, sanción e intervención" que, ciertamente, contemplaba la
Ley de Estabilidad de Presupuestaria, el
Gobierno no ha intervenido y ni siquiera ha sancionado a una sola de las
Administraciones regionales que han incumplido flagrantemente los topes
de déficit.
Por el
contrario, Rajoy, a fin de no verse obligado a intervenir ninguna comunidad
autónoma, ha hecho reiteradamente la vista gorda y suplido con el Fondo de
Liquidez Autonómica el desequilibrio presupuestario de unas CCAA que, en caso contrario, hubieran
incurrido en suspensión de pagos por falta de acreedores en el mercado.
En el
caso de Cataluña –la autonomía que más ha contribuido al déficit y a la deuda nacional y
que más se ha beneficiado del FLA–, no se puede hablar de simple despilfarro,
sino de una auténtica malversación del dinero del contribuyente destinado a
sufragar los cuantiosos gastos que acarrean unas estructuras de Estado y un proceso
de transición nacional radicalmente ilegales.
Pues bien,
ya podrán el FMI o la
Comisión Europea reclamar
al Gobierno de España la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a
fin de poner coto al excesivo gasto autonómico, tal y como por enésima vez le
reclamaron hace escasos meses, que el
Gobierno de Rajoy sigue dispuesto a
mutualizar la deuda
autonómica entre todos los españoles, con tal de no tener que meter en
vereda a los Gobiernos regionales.
Así, Montoro
acaba de inyectar otros 10.500
millones a las CCAA, un importe muy similar al que acarreó el desvío del déficit en 2015, que, por culpa de esas mismas
autonomías, se situó en el 5,2%, cuando el Gobierno, tras renegociarlo al alza
con Bruselas, se había comprometido a reducirlo al 4,2%.
El caso es
que Montoro ha tenido la desfachatez de envolverse en la bandera nacional para
justificar este enésimo rescate autonómico con la excusa de que "España
es España", al tiempo que alegaba otra manida falacia: "No facilitamos
el dinero a las CCAA, sino que el sistema va directamente destinado a pagar al
proveedor".
La cuestión, sin embargo, estriba en que el
pago a proveedores, así como el desembolso que reclaman las competencias que
las autonomías tienen legítimamente encomendadas, deberían haberse sufragado,
no con financiación extraordinaria a cargo del FLA, sino con los recursos
propios que los gobernantes autonómicos han dedicado al despilfarro o a dotarse de lo que sin
tapujos llaman embriones de un Estado propio.
Lo más
lamentable es que del modelo autonómico –decisivo para entender tanto la
crisis nacional como la crisis de deuda– no habla ni uno solo de los partidos
con representación parlamentaria. El descontrol del gasto autonómico, en un país en el
que las Administraciones regionales acaparan más dinero del contribuyente que en cualquier otro de toda
la OCDE, se ha
convertido en un tema tabú, como ocurre también con el vulnerado derecho a
estudiar en español, con el insostenible sistema de
pensiones o con la
silenciada guerra que nos ha declarado el terrorismo
islámico.
En vísperas
de las elecciones generales, el panorama no puede ser más sombrío.
(Edit. Ld.)
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