(Es un fracaso histórico de los gobiernos PP/PSOE no haber aplicado la ley para no incomodar a los separatistas antiespañoles.
Deberían sentir vergüenza. ¿Y nos amenazan con populismos?)
SIN AUTORIDAD NO HAY LEGITIMIDAD.
Las imágenes de una horda separatista acosando un cuartel de la
guardia civil en Manresa da la medida de hasta dónde ha degenerado la
vida pública en España. Mientras nuestro Gobierno se encierra en una
visión puramente administrativa de su labor de Gobierno, elementos que
en cualquier otro país pasarían un par de noches en el calabozo –por lo
menos- gozan aquí de una de una llamativa tolerancia. Es el mundo al revés. Y sobre todo, da muestra de una pavorosa dejación de funciones por parte del Estado.
Los
ciudadanos mantienen a un Estado para que los proteja, entre otras
cosas. A los españoles, sostener a nuestro costosísimo aparato estatal
nos cuesta aproximadamente 182 días de todos los que trabajamos en el
año. A cambio nos garantizamos ciertos derechos básicos como sanidad,
educación, defensa y seguridad.
Pero algo va mal, evidentemente, cuando
parte de ese dinero se dirige a financiar formalmente a grupos que
apoyan la destrucción del tejido nacional, la violación de la ley o,
abiertamente, la agresión contra las fuerzas de orden público. En esos
casos, el Estado debe actuar. Tiene plena legitimidad para hacerlo. Es su obligación.
Ya se trate de una banda pro terrorista en Alsasua, de una horda
separatista en Manresa o de unos okupas anarquistas en Madrid.
Actuar,
aquí, quiere decir hacer valer la autoridad del Estado, porque en un
sistema democrático eso significa hacer valer la autoridad del conjunto
de los españoles.
La autoridad no es pecado. En política, es
virtud. Pero el PP sigue empeñado en actuar de tal forma que sus
enemigos no puedan decir que se aleja del relato construido por esos
mismos enemigos, tal y como acertadamente acaba de reprocharle FAES.
Rajoy está transmitiendo a la sociedad la sensación de que la violencia
callejera queda impune si viene de la ultraizquierda o de los
separatistas. Es un camino peligroso, porque, en estas materias
sensibles, la cobardía del Estado la pagan invariablemente los
ciudadanos indefensos. Y éstos, a veces, resuelven defenderse por sí
mismos.
(La Gaceta)
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