A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
El Presidente Mitterrand afirmaba que el nacionalismo es la guerra. Lo describía así porque Europa ha conocido en su propia carne las trágicas consecuencias de instigar este impulso primario que alienta la insolidaridad, la xenofobia y la destrucción de la diversidad. En cierta medida la Unión Europea nace para tratar de atajar estos brotes disgregadores que acaban conduciendo irreversiblemente al enfrentamiento. No obstante, en los últimos tiempos, la extrema derecha europea reaparece bajo la incitación ultranacionalista que impulsa un blindaje territorial para filtrar cualquier intrusión foránea a través de promover políticas insolidarias.
En este sentido, el nacionalismo catalán tiene connotaciones con esta extrema derecha emergente. Es la región rica que no quiere el lastre de territorios menos prósperos. En el núcleo de sus objetivos hallamos el separatismo insolidario y disgregador tratando de romper y poner fronteras a una España democrática organizada bajo un sólido principio de libertades.
Desde el año 1980 España viene desempeñando una política de descentralización única en Europa. Nuestra Constitución ha estructurado el Estado en forma de autonomías. Cataluña tiene traspasadas la mayoría de competencias del Estado. Un Estado que declara el catalán como lengua oficial de Cataluña y la dota de parlamento propio con las atribuciones de enseñanza, policía, sanidad, obras públicas, urbanismo, radio, televisión, etc.
El Gobierno nacionalista catalán ha venido aprovechando sus atribuciones en materia educativa para adoctrinar a dos generaciones en el odio a todo lo español. Bajo una grosera tergiversación de la historia y la exaltación de la superioridad catalana frente a una España tiránica, se ha inoculado desde la infancia el inevitable virus de la xenofobia. Inevitable porque el nacionalismo crece siempre creando un enemigo común. Su propagación se irradia mediante la inducción de una paranoia general, en este caso, contra España. También lo hace contra el disidente interior que rápidamente es acusado de traición.
Esta actitud del Gobierno catalán representa una flagrante deslealtad constitucional ya que no solo ha consistido en contaminar la enseñanza sino que sus medios de comunicación han venido realizando una obstinada estrategia de descrédito del Estado. El dinero público se ha manejado también para subvencionar los medios de comunicación privados catalanes con la finalidad de obtener su adhesión a la causa nacionalista. El éxito de esta estrategia lo prueba que el 90% de los catalanes votaron favorablemente la Constitución en el año 1978 y hoy su Gobierno regional se ve capacitado para organizar un referéndum anticonstitucional en Cataluña.
Como consecuencia de esta persistente política de enfrentamiento han provocado además la división entre la propia sociedad catalana en la que una parte de ésta desprecia y margina a los que se atreven a manifestarse contrarios a la deriva separatista. La discordia entre organizaciones, familias o simples amistades, se ha convertido en algo común durante los últimos tiempos. El solo hecho de enfrentarme como dramaturgo a la política nacionalista me ha supuesto personalmente un conjunto de agresiones y al mismo tiempo mi muerte civil de artista en Cataluña.
Obviamente, no soy un caso aislado en la segregación que ejercen estas formas de pensamiento único. Son muchos los artistas e intelectuales que han optado por marcharse a otros territorios del Estado. En el ámbito económico lo han hecho también multitud de empresas, temerosas ante la inseguridad jurídica.
De cara al extranjero, el nacionalismo catalán se ha publicitado utilizando fraudulentamente el presupuesto público para presentarse como víctima de una España intolerante que no le permite ejercer el supuesto derecho a decidir unilateralmente su futuro. Se autocalifican como nación catalana y justifican sus aspiraciones separatistas en las diferencias culturales. Otras veces lo hacen bajo argumentos económicos según su conveniencia.
Actualmente el resumen de su resentimiento contra el Estado lo expresan con una frase acuñada para inflamar las masas: ¡España nos roba! En el terreno doctrinario defienden su actitud propagando una versión fantasiosa de la historia con agravios perdidos entre la nebulosa de los siglos. Una versión que no resiste el más mínimo análisis científico. La falsificación de la historia forma parte de la genética del nacionalismo al igual que la anexión de antiguos territorios lingüísticos o culturales.
Hace tiempo que los nacionalistas catalanes vienen colocando sus gérmenes y sus medios en lo que llaman «Países catalanes», lugares en los que más o menos se sigue hablando el catalán: Valencia, las Islas Baleares y el Rosellón. Su intención es que este último se desprenda de Francia para formar parte también de la gran nación catalana. En este tema, no hay que ser muy perspicaz para imaginarse si Francia sería tan permisiva y paciente como lo ha sido España hasta el momento.
Entre todo el conjunto de divagaciones que envuelve el dogma nacionalista catalán lo que resulta más refractario a los principios de fraternidad es su versión de las diferencias como causa de separación. Ni la lengua ni el folklore ni las fiestas regionales o cualquier otra peculiaridad social son razones suficientes para destruir una unión realizada a lo largo de cinco siglos. Los rasgos diferenciales que puedan existir actualmente entre un ciudadano de Barcelona, Madrid o Bruselas son del todo irrelevantes para establecer motivos que justifiquen una imposibilidad de convivencia.
Muy especialmente cuando se produce en una época caracterizada precisamente por una voluntad de concordia entre culturas sobrevenidas y a veces muy distantes que conviven en una misma nación. Todo el montaje del Gobierno separatista catalán culmina ahora organizando un referéndum ilegal para mostrarse ante el mundo como paladines de la democracia.
¿Quién se opone a las urnas? Estamos ante un nuevo ardid bajo el subterfugio del derecho a decidir. Una versión desfigurada del derecho a la autodeterminación surgido al finalizar la Primera Guerra Mundial y organizada para la política colonial. En Cataluña, esta pretensión con envoltorio de libertades inalienables y demás demagogias populistas, encubre un golpe de Estado contra la Constitución pues de llevarlo a término quedaría anulada la soberanía nacional. Una soberanía que alberga el derecho de todos los ciudadanos españoles a decidir aquellas cosas que afectan a nuestro propio territorio.
Nuestra joven democracia española ha tenido que soportar en su camino de progreso y libertad el lastre del nacionalismo vasco y catalán. Un lastre teñido de mucha sangre y dolor y la presión constante para sacrificar la igualdad de los españoles en aras de supuestas diferencias étnicas. Aunque en el trasfondo planea siempre la sombra del chantaje para la obtención de privilegios económicos. Solo cabe esperar que esta nueva Europa surgida del impulso para superar un sanguinario siglo XX se oponga al crecimiento de unos embriones que tratan de repetir la trágica historia.
Albert Boadella es escritor, actor y dramaturgo/El Mundo.)
3 comentarios:
Yo no alcanzo a comprender bien ciertas cosas. Por ejemplo: El consejo que se leía tiempo atrás en tranvías y en otros espacios, “Habla la lengua del imperio”, era franquista y fascista; en cambio, la inmersión en catalán no lo es, ni de lejos. Que me lo expliquen. Otrosí: ¿alguien de buena fe, algún espíritu libre puede creer que el Parlament y la Generalitat son representativos de la población catalana o tan sólo lo son y legislan y gobiernan para la clara minoría autóctona y las generaciones entregadas a la educación tendenciosa catalanista y antiespañola? ¿Dónde están los culpables de tales fraudes de ley? ¿Porqué se ha consentido e, incluso, fomentado desde Madrid que los separatistas camparan por sus respetos? ¿De qué han de quejarse los charnegos y los nuevos catalanes cuando pasan de votar en las autonómicas mientras cumplen como un solo hombre los catalanistas y así nos gobiernan quienes nos gobiernan aunque sean menos, muchos menos? Y es que parece un contradiós que esos cuatro pollos puedan dictar nuestro destino. Según fuentes oficiales (Idescat), a principios del siglo veinte había dos millones de ciudadanos (se admite que la inmensa mayoría de ellos, autóctonos). Desde entonces, se han sucedido varias oleadas de inmigración hasta alcanzar los más de siete y medio millones de ciudadanos (oficiales; con los sin papeles y las últimas pateras en curso, seguramente, se estará cerca de los ocho millones de personas). Mientras tanto, el crecimiento vegetativo de los catalanes “de toda la vida” ha sido negativo (de forma que hay que bucear hasta el puesto veintiuno o veintidós en la relación de los primeros apellidos más frecuentes en Cataluña para tropezarnos con Vila, el primero representativo de estas criaturas; el nombre más frecuentemente impuesto a los neonatos es, hoy día, Mohamed); así, pues, ¿cuántos indígenas hay aquí, realmente? ¿Alguno más que los que fueron a la última gran manifestación independentista? ¿Y esas pocas criaturas, una por cada cuatro o cinco habitantes de esta comunidad, han de imponerse y gobernarnos? ¿Porqué?
Si hoy aún escribiera teatro, Jardiel podría preguntarse: Pero, ¿hubo a principios del s. XXI 10.000 catalanes “viejos”? Eso, quizá, don Enrique. Yo, a mi vez, me pregunto: ¿cuántos catalanes vivos son precisos para que los conatos de separación hayan de repetirse necesaria y periódicamente? Y también, visto lo visto, ¿porqué no se les declara inelegibles a los nacionalistas separatistas? ¿Se reduciría su número si no contaran con herramientas de poder ni acceso al dinero público?
Bastaría modificar la ley electoral, que les da un peso mucho mayor que el de sus votos, y devolver las competencias educativas al Estado central. Pero los partidos supuestamente nacionales no se atreven.
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