LA JUSTICIA Y LA JUEZA ALAYA.
El planteamiento general que mantuvo Mercedes Alaya es el siguiente: si la situación de la independencia judicial en España siempre ha sido precaria, el reciente incremento de la actividad judicial en la persecución de numerosísimos delitos de corrupción política está provocando que desde las más altas instituciones (el parlamento, sin ir más lejos) se esté buscando retirar de manos de los jueces los instrumentos procesales de que hasta hace poco podían valerse para perseguir tan escurridizos delitos.
Una vuelta de tuerca legislativa que es fácil que pase desapercibida a la ciudadanía porque, por un lado, se basa en modificaciones procesales de difícil comprensión y aparentemente puramente técnicas; y, por otro, porque el asalto sobre el poder judicial se combina con la penetración de la política, y de los políticos, en los consejos editoriales de los grandes medios de comunicación, que de este modo atenúan el tono a la hora de trasmitir una imagen real de lo que viene sucediendo.
El Consejo General del Poder Judicial.
Antes de abordar las últimas “novedades legislativas” en materia de agresión a la independencia judicial, no quiso dejar de referirse Mercedes Alaya a la situación general en la materia.
Y así puso de manifiesto cómo el Consejo del Poder Judicial, concebido en teoría como medio para garantizar la independencia judicial, se ha convertido en realidad en la vía más típica de intrusión por parte del poder político en la vida judicial.
Pues a los ocho miembros no judiciales que originalmente designaba el parlamento hay que sumar los otros doce que desde la LOPJ de 1985 son también elegidos por la vía parlamentaria. De manera que el CGPJ se ha convertido en un mini-parlamento, instrumento sin igual para la influencia política en la carrera judicial.
(Del Blog Hay Derecho.)
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