LA DEMOCRACIA DIFERENCIAL CATALANA.
Las entidades contrarias a la secesión Sociedad Civil Catalana y Grupo de Periodistas Pi i Margall han denunciado el “chantaje” y el “ataque” de la Generalidad y los partidos de JxSí y la CUP a los medios de comunicación, que ven “propia de un régimen totalitario”.
El Parlamento catalán aprobó este jueves una moción en la que se insta al Gobierno regional a condicionar la ayuda a los medios de comunicación privados a que “acepten la publicidad institucional” de la Generalitat, incluida la destinada a comunicar lo necesario “para el buen funcionamiento del referéndum del 1 de octubre”. (La Gaceta)
ENTRE LOS SAQUEOS DE PUJOL Y LAS PROVOCACIONES DE PUIGDEMONT.
A medida que pasan los días y a tres meses de la fecha fijada por el Govern de Carles Puigdemont para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, el discurso y las acciones de los independentistas están entrando en una deriva desafiante y radical.
Ayer, en una nueva representación de fuerza y unidad, dos cualidades de las que carecen, el presidente de la Generalitat, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, participaron en un acto organizado por la Asociación de Municipios y Comarcas de Cataluña (ACM) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), en el que se escenificó la decisión sin fisuras de estos ayuntamientos de no cumplir la ley y de colaborar en la preparación del referéndum, cediendo sus locales para la colocación de las urnas.
En el acto, al que acudieron unos 500 alcaldes, las dos entidades aseguraron que no darán «ningún paso atrás ante ningún obstáculo político, jurídico o de cualquier tipo que pueda articular el Estado». Una declaración reforzada por Puigdemont, que en su habitual tono retador aseguró que el Gobierno central tiene «miedo» a lo que «la gente» pueda «decir y decidir», obviando conscientemente que la Constitución prohíbe la celebración de este tipo de consultas y garantiza la unidad y la solidaridad territorial como base de la convivencia y la igualdad de todos los ciudadanos.
Una vez más, Puigdemont pretende ocultar que no todos en Cataluña apoyan su delirio separatista. Y es que, aunque en la AMI están agrupados el 83% de los Ayuntamientos de Cataluña, representan sólo al 43% de la población total de la comunidad, ya que la mitad de estas localidades cuentan con menos de 1.000 habitantes. Sólo una de las cuatro capitales, Gerona, en la que Puigdemont fue alcalde, forma parte de ella, lo que indica que en las principales ciudades de Cataluña los ciudadanos rechazan de plano el independentismo.
Sin embargo, y pese a que Barcelona tampoco forma parte de la AMI, su alcaldesa, Ada Colau, quiso quitarse el viernes la máscara de la ambigüedad y el doble juego para dejar claro que también ella y su grupo prefieren colocarse al margen de la ley. La líder de Barcelona en Comú impuso su criterio de votar en contra de una moción del PP que exigía no prestar ningún apoyo al referéndum. Y lo hizo sobre los dos concejales de ICV, ahora diluidos en la organización de Colau, que pedían la abstención, y en contra de su socio de gobierno, el PSC, que se sumó a la moción del PP.
Se puso de manifiesto la división que hay en el seno de la coalición municipal, y la contradicción en la que viven los socialistas catalanes, ya que algunos de sus ediles están defendiendo abiertamente el derecho a decidir.
Después de la actitud de Colau, el PSC debería preguntarse cuál es su posición ante la consulta, ya que no se puede rechazar la celebración de un referéndum unilateral a la vez que se mantiene en el gobierno municipal a quien, como Colau, ha abierto la puerta a colaborar con el proyecto secesionista, confundiendo su sectarismo con la voluntad de los barceloneses.
Pero a la vez que los independentistas pretenden presentarse como los representantes de la voluntad popular, surgen nuevas evidencias de que la deriva soberanista iniciada por los líderes de la antigua Convergència está motivada en parte por la corrupción que ha provocado el desplome del partido y la necesidad de su cambio de nombre.
Tal y como publicamos hoy, la familia Pujol envió a un chófer a Andorra a recoger en metálico al menos 1,3 millones de euros. Y lo hizo en abril de 2003, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. En esas fechas, hay que recordar, Jordi Pujol aún ostentaba la presidencia de la Generalitat, lo que añade al caso un punto de mayor gravedad.
Frente a las falsas acusaciones de agravios reflejadas en una de las consignas de la propaganda nacionalista, España nos roba, cada vez hay más evidencia que fueron los nacionalistas los que realizaron un auténtico saqueo de los fondos públicos.
(Edit. El Mundo.)
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