(Sánchez es un político repugnante. Su demagogia es miserable. Nadie va
contra las mujeres. La idea es hacer creer que 'la derechhhhhha' va contra las mujeres. Por eso las mujeres no deben votar a la derecha.
Si hay un dedo de inteligencia en los electores, te irá muy mal, doctor. Como te mereces por tu mentira, fanatismo y guerracivilismo.)
Si hay un dedo de inteligencia en los electores, te irá muy mal, doctor. Como te mereces por tu mentira, fanatismo y guerracivilismo.)
Sánchez
advierte que perderá quien vaya en contra de las mujeres.
El secretario general del PSOE cree que «hay más
testosterona que neuronas en la derecha».
(O sea, la derecha no tiene cabeza, o poca. Tiene pelotas, de ahí su afición al fascismo. La izquierda es solidaridad, pacifismo, tolerancia y delicadeza con los discrepantes. Que no sean de derechas.)
(O sea, la derecha no tiene cabeza, o poca. Tiene pelotas, de ahí su afición al fascismo. La izquierda es solidaridad, pacifismo, tolerancia y delicadeza con los discrepantes. Que no sean de derechas.)
(Montse Serrador/ABC/9/3/2019.)
EL 11-M Y LA CÉLULA ANTIBULOS.
'la reconsideración a la que el Gobierno, anhelando avenirse con el independentismo, obligó a la Abogacía del Estado para que se apeara del delito de rebelión y lo rebajara al de sedición, aminorando la pena, deja en mayor evidencia a Pedro Sánchez, quien se niega a responder si facilitaría al indulto en caso de condena'.
(El aullido de los corderos/Francisco Rosell/ElMundo/10/3/2019.)
(ESTA ES LA IZQUIERDA, CON LAS EXCEPCIONES DE RIGOR.)
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha abandonado el acto organizado en Atocha por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, los sindicatos CCOO y UGT de Madrid y la Unión General de Actores "tras más de 15 minutos de ataques al PP" por parte del presidente de la asociación, Eulogio Paz.
El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid ha abandonado el acto antes de que finalizara "por el mitin político intolerable, en un día que debe ser de homenaje a las víctimas, en el que se convirtió el mismo durante la intervención de Eulogio Paz".
"Han sido 15 minutos insultándonos, ha sido lamentable", ha señalado Martínez Almeida a Libertad Digital. Ni Eulogio Paz ni nadie de la asociación se ha puesto en contacto después con él ni las disculpas han llegado.
Además, han afeado a Paz que "ni siquiera ha hablado de las propias
víctimas y se ha limitado a calumniar al PP". Paz ha acusado al PP de
mentir para "intentar ganar las elecciones" y para "deslegitimar y
boicotear al gobierno de Zapatero", al tiempo que le ha reprochado que a
día de hoy no haya pedido perdón por las "mentiras".
Según las citadas fuentes, en las primeras intervenciones, de los secretarios generales de UGT y CCOO de Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, "también ha habido críticas, que se pueden compartir o no, pero que son críticas y no ataques insultantes".
Previamente, Almeida había asistido al homenaje que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad, donde ha recordado el "ejemplo de solidaridad" que demostró la sociedad madrileña en los atentados que se produjeron en 11 de marzo de 2004. Para el portavoz popular en el Consistorio, Madrid "fue un ejemplo aquel día de solidaridad de ayudar a los demás y todos los colectivos que como consecuencia dieron un ejemplo de solidaridad impagable".
"Estuvo a la altura y trató de ayudar a los demás y con eso nos tenemos que quedar, con el ejemplo de las víctimas, de los familiares, de todos los ciudadanos de Madrid, que en ese fatídico día supieron comportarse en estas dramáticas circunstancias", ha sostenido.
(O. Moya/LD/11/3/2019.)
LA USURPACIÓN DEL GOBIERNO: LOS DECRETOS-LEYES.
Principalmente desde las obras de Aristóteles, John Locke y Montesquieu, sabemos que uno de los requisitos esenciales para la existencia de un Estado de derecho es que exista una separación de los tres poderes clásicos del Estado. Ahora bien, dicha separación puede ser más rígida, como ocurre en los regímenes presidencialistas, o más flexible para permitir la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo, como sucede en los regímenes parlamentarios.
Por supuesto, no hay un modelo único en ambos casos, sino que, dentro del marco esencial de cada país, tiene sus propias características, es decir, según reconozca su Constitución. Pero incluso contando con este factor indispensable de la división del poder, en lo que se refiere concretamente a los regímenes parlamentarios, la práctica puede superar los límites de la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo a favor del primero. Es cierto que en el mundo actual, debido a la necesidad de tomar decisiones rápidas, el poder ejecutivo es el más preparado para conseguir ese objetivo y así en todos los países se produce un desequilibrio a su favor.
Es más: reconociéndose este hecho surgió una figura jurídica, el decreto-ley, que consiste en que el Gobierno, salvo contadas excepciones legales, usurpa el papel del Parlamento y legisla a través de estas normas. Ahora bien, como digo, es lógico que el Gobierno pueda legislar en algunos supuestos, como señala el artículo 86 de nuestra Constitución, pero siempre "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", y advirtiendo además de su provisionalidad, puesto que, por un lado, no podrán afectar a determinadas materias como son el "ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general".
Y, por otro lado, se establece que el Gobierno deberá someter los decretos-leyes inmediatamente al debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, que deberá pronunciarse en el plazo de 30 días desde su promulgación para convalidarlo o derogarlo y, si así se considera, tramitarlo como proyecto de ley.
Pues bien, podemos afirmar con toda convicción, lo mismo que se han pronunciado prestigiosos colegas como Manuel Aragón, Juan Alfonso Santamaría, Ignacio Asterloa y otros, que este artículo, desde el mismo inicio de la aprobación de la Constitución, en realidad, ha servido para muy poco. Por ejemplo, en el espacio que corre de 1979 a 2015, se han dictado, según Aragón, 518 decretos-leyes, mientras que en el mismo periodo se aprobaron 341 leyes orgánicas y 1452 leyes ordinarias.
En otras palabras, la cifra de la legislación del Gobierno constituye el 30% con respecto al total de leyes, lo cual es una clara intromisión en una materia que es exclusiva de las Cortes, según el principio de la división de poderes del Estado. Sea lo que sea, no dispongo con exactitud de las estadísticas desde 2015, pero esa proporción no sólo continúa sino que parece que ha aumentado, sobre todo desde que llegó el actual presidente del Gobierno, el cual, en este sentido, ha adoptado una conducta caudillista.
Pero, para ser sinceros, todos los presidentes del Gobierno desde Adolfo Suárez hasta el actual han utilizado esta forma heterodoxa de legislación, sin que el Tribunal Constitucional, principal culpable de estos excesos mirando para otro lado, haya creado una jurisprudencia acorde en lo que señala el artículo 86 de la Constitución. Parece, pues, que no ha reflexionado lo suficiente sobre las siguientes palabras de Montesquieu en El espíritu de las leyes: "Todo está perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales, o los nobles, o el pueblo, ejercieran estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o diferencias entre particulares".
Pero vayamos por partes, he dicho que todos los presidentes de Gobierno de la democracia han abusado irresponsablemente de esta prerrogativa que si se utiliza de forma excepcional en los casos previstos, no rompe el principio de la división. Pero hay un presidente, el primero, Adolfo Suárez, que no sólo se libra de esta conducta irregular, sino que, por el contrario, gracias a ella España logró una Transición pacífica "de la ley a la ley", aprovechando las normas autoritarias para llegar a la democracia.
La utilización de los decretos-leyes para desarbolar el franquismo fue expuesta en un libro (Desarrollo político y Constitución española) que realicé con mis colaboradores en junio de 1973 y que Torcuato Fernández-Miranda conocía a la perfección cuando asesoró a Adolfo Suárez en la Ley para la Reforma Política. Como decíamos allí (pp. 151 y ss. y 557 y ss.) los decretos-leyes, curiosamente según los artículos 13 de la Ley de Cortes y 13 también de la Ley Orgánica del Estado, permitían ir creando las estructuras necesarias para llegar al momento constituyente.
Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley de Cortes decía así: "Por razones de urgencia el Gobierno podrá proponer al jefe del Estado la sanción de decretos-leyes para regular materias enunciadas en los artículos 10 y 11. La urgencia será apreciada por el jefe del Estado...". Mientras que el artículo 13.II de la LOE señalaba a su vez que el Gobierno "ejerce la potestad reglamentaria y asiste de modo permanente al jefe del Estado en los asuntos políticos y administrativos".
En consecuencia, como dice el refrán "no hay mal que por bien no venga", y así los instrumentos jurídicos de un régimen autoritario como era el franquista, según lo que habíamos expuesto en el libro citado que realicé con mis colaboradores, fueron utilizados inteligentemente por Suárez para crear una democracia avanzada a través de los decretos-leyes. Sin embargo, hay que señalar que lo que es bueno para unos, también puede ser malo para otros.
Porque esa facilidad con que el presidente Suárez, en connivencia con el Rey Juan Carlos, se sirvió de los decretos-leyes, aparte de su utilidad indiscutible para desarmar el régimen de Franco, constituyó también paradójicamente un mal ejemplo para todos los presidentes del Gobierno posteriores que han abusado de una norma jurídica que invade la capacidad legislativa de las Cortes, saltándose a la torera los requisitos del artículo 86 de la Constitución.
Por eso, inspirándonos en la famosa ley de Murphy, cabría decir que "lo que puede ser bueno para algunos, siendo malo, podría ser aun peor para otros", puesto que el actual presidente del Gobierno se ha metido en un lodazal, infringiendo el artículo 86 de la Constitución sin el menor escrúpulo, haciendo incluso lo que no se atrevieron otros.
En primer lugar, no es extraño que haya abusado más de los decretos-leyes que sus predecesores y los haya superado a todos en el corto espacio de ocho meses porque no dispone de una mayoría para legislar, pero sí para destruir. En segundo lugar, utiliza de manera demagógica esta norma ofreciendo el oro y el moro a sectores sociales, sabiendo que esas medidas incrementarán el déficit público y rompiendo así con la regla de oro de todos los regímenes democráticos en los que rige el viejo lema de no taxation without representation, lo cual significa que los aumentos de gastos y, por tanto, los consiguientes impuestos para pagarlos, los tiene que aprobar el Parlamento, lo que no ha hecho
Y, en tercer lugar, se está aprovechando de una falta de control, puesto que se han disueltos las Cortes, como consecuencia de las próximas elecciones del 28 de abril. Por consiguiente, todas sus discutibles promesas las está realizando con finalidad electoral. Lo cual, aun siendo teóricamente legal, demuestra una clara falta de ética, que se aprovecha tanto de la ambigüedad de la ley electoral como de la defectuosa Ley del Gobierno.
En efecto, el Título IV de esta ley se ocupa del Gobierno en funciones, señalando en su artículo 21.1 que el Gobierno cesa, entre otros casos, "tras la celebración de elecciones", lo cual es un enorme error porque el Gobierno actual no está todavía en funciones, mientras que, por el contrario, las Cortes están disueltas, aunque siga la Diputación Permanente.
Pero el caso es que todas las medidas que está tomando el Gobierno a través de los decretos-leyes, en los que no existe el supuesto necesario de la "extrema y urgente necesidad", ni se debaten ni se aprueban por el pleno del Congreso. De ahí que habría que modificar este artículo 21.1 en el sentido de señalar que el Gobierno cesa "tras la disolución de las Cortes" y no tras la celebración de las elecciones como hasta ahora, es decir, anticipando el comienzo del periodo del Gobierno en funciones para evitar en el futuro que sin el control de las Cortes siga operando a su capricho el presidente del Gobierno como Pedro por su casa.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO./12/3/2019)
EL PELIGRO ES SÁNCHEZ.
La cofundadora de UPYD ha publicado un tuit este martes en el que analiza una de las decisiones más polémicas del ejecutivo socialista, la decisión de trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos a un sitio que tiene que ser determinado por la familia del dictador. En este sentido, Diez ha querido explicar la verdadera intención del presidente socialista:
“El peligro de la democracia no es Franco ni el franquismo. El primero murió en la cama: al segundo lo enterró la Constitución y la democracia. Sánchez quiere resucitar las dos Españas para ganar aunque sea sobre las ruinas de España. Ese es el peligro: él y sus socios”.
(COPE/12/3/2019.)
EL 11-M Y LA CÉLULA ANTIBULOS.
Ya es casualidad que el Gobierno haya filtrado a El País
la creación de una "unidad contra la desinformación" para que se
publique el mismo día que se cumplen quince años de la masacre del 11-M.
La pretensión de la Moncloa sería, según el citado medio, que los bulos
no se apoderen del debate electoral e influyan en los resultados. Tan
benemérito propósito oculta la propensión del propio Gobierno de Sánchez
a confundir propaganda con información, así como la contribución a la
desinformación de los medios que le dan apoyo.
Las "fake news", más o menos la versión actualizada de la agitación y propaganda, tuvieron un papel muy destacado en las horas, días y meses posteriores a la matanza de los trenes y en el vuelco electoral que instaló a Zapatero en la Moncloa contra todo pronóstico. A falta de redes sociales, fue el momento de la mensajería móvil, la "revuelta" de los SMS, clave en el asedio a las sedes del PP, pero también el de la manipulación de los medios clásicos para generar un "relato" que convirtiera al Gobierno de Aznar en el principal culpable de la matanza.
Quince años después y a las puertas de unas elecciones cruciales, el equipo de Sánchez se da un homenaje y arbitra una célula cuya misión consistirá en el control de los contenidos de las redes sociales y de los medios independientes. Alegan que es un instrucción de la Unión Europea, muy preocupada por las injerencias rusas en el Brexit, las elecciones estadounidenses y los sucesos catalanes de septiembre y octubre del 17. Y apuntan a Rusia cuando en el caso del golpe de Estado mejor harían en fijarse también en algunos de los magnates de la comunicación en España, en los medios controlados por la Generalidad y en los perfiles de los partidos separatistas.
La constitución de la célula "antibulos" de Sánchez con participación del CNI, la secretaría de Estado de Comunicación y el departamento de Seguridad Nacional es otra vuelta de tuerca en la utilización partidista de los recursos del Estado, una muestra de la desvergüenza del Ejecutivo sanchista y la evidencia de que están dispuestos a llegar muy lejos para retener el poder alcanzado gracias al apoyo de los enemigos de la democracia y la convivencia.
Así, toda noticia, dato o información que se oponga al discurso socialista, retrate a sus dirigentes o aluda a sus planes puede ser tachada de mentira por esa especie de Consejo Audiovisual Catalán que se han montado en Moncloa.
No hay riesgo, en cambio, de cierre en TV3, el servicio público catalán de manipulación, consignas y mentiras. En realidad, son los medios independientes y partidos como Vox quienes están en la diana del Gobierno socialista, que no reparará en medios para desacreditar, derrotar y eliminar de la vida pública a sus adversarios en vez de a los golpistas.
(Pablo Planas/ld/11/3/2019.)
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Las "fake news", más o menos la versión actualizada de la agitación y propaganda, tuvieron un papel muy destacado en las horas, días y meses posteriores a la matanza de los trenes y en el vuelco electoral que instaló a Zapatero en la Moncloa contra todo pronóstico. A falta de redes sociales, fue el momento de la mensajería móvil, la "revuelta" de los SMS, clave en el asedio a las sedes del PP, pero también el de la manipulación de los medios clásicos para generar un "relato" que convirtiera al Gobierno de Aznar en el principal culpable de la matanza.
Quince años después y a las puertas de unas elecciones cruciales, el equipo de Sánchez se da un homenaje y arbitra una célula cuya misión consistirá en el control de los contenidos de las redes sociales y de los medios independientes. Alegan que es un instrucción de la Unión Europea, muy preocupada por las injerencias rusas en el Brexit, las elecciones estadounidenses y los sucesos catalanes de septiembre y octubre del 17. Y apuntan a Rusia cuando en el caso del golpe de Estado mejor harían en fijarse también en algunos de los magnates de la comunicación en España, en los medios controlados por la Generalidad y en los perfiles de los partidos separatistas.
La constitución de la célula "antibulos" de Sánchez con participación del CNI, la secretaría de Estado de Comunicación y el departamento de Seguridad Nacional es otra vuelta de tuerca en la utilización partidista de los recursos del Estado, una muestra de la desvergüenza del Ejecutivo sanchista y la evidencia de que están dispuestos a llegar muy lejos para retener el poder alcanzado gracias al apoyo de los enemigos de la democracia y la convivencia.
Así, toda noticia, dato o información que se oponga al discurso socialista, retrate a sus dirigentes o aluda a sus planes puede ser tachada de mentira por esa especie de Consejo Audiovisual Catalán que se han montado en Moncloa.
No hay riesgo, en cambio, de cierre en TV3, el servicio público catalán de manipulación, consignas y mentiras. En realidad, son los medios independientes y partidos como Vox quienes están en la diana del Gobierno socialista, que no reparará en medios para desacreditar, derrotar y eliminar de la vida pública a sus adversarios en vez de a los golpistas.
(Pablo Planas/ld/11/3/2019.)
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'la reconsideración a la que el Gobierno, anhelando avenirse con el independentismo, obligó a la Abogacía del Estado para que se apeara del delito de rebelión y lo rebajara al de sedición, aminorando la pena, deja en mayor evidencia a Pedro Sánchez, quien se niega a responder si facilitaría al indulto en caso de condena'.
(El aullido de los corderos/Francisco Rosell/ElMundo/10/3/2019.)
(ESTA ES LA IZQUIERDA, CON LAS EXCEPCIONES DE RIGOR.)
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha abandonado el acto organizado en Atocha por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, los sindicatos CCOO y UGT de Madrid y la Unión General de Actores "tras más de 15 minutos de ataques al PP" por parte del presidente de la asociación, Eulogio Paz.
El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid ha abandonado el acto antes de que finalizara "por el mitin político intolerable, en un día que debe ser de homenaje a las víctimas, en el que se convirtió el mismo durante la intervención de Eulogio Paz".
"Han sido 15 minutos insultándonos, ha sido lamentable", ha señalado Martínez Almeida a Libertad Digital. Ni Eulogio Paz ni nadie de la asociación se ha puesto en contacto después con él ni las disculpas han llegado.
Tras más de 15 minutos seguidos de insultos intolerables al PP, esta mañana he decidido abandonar el acto de Atocha que debía ser en recuerdo a las víctimas del #11deMarzo. Es un día de respeto, homenaje y de unidad, no un día para hacer mítines políticos.
— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 11, 2019
Según las citadas fuentes, en las primeras intervenciones, de los secretarios generales de UGT y CCOO de Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, "también ha habido críticas, que se pueden compartir o no, pero que son críticas y no ataques insultantes".
Previamente, Almeida había asistido al homenaje que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad, donde ha recordado el "ejemplo de solidaridad" que demostró la sociedad madrileña en los atentados que se produjeron en 11 de marzo de 2004. Para el portavoz popular en el Consistorio, Madrid "fue un ejemplo aquel día de solidaridad de ayudar a los demás y todos los colectivos que como consecuencia dieron un ejemplo de solidaridad impagable".
"Estuvo a la altura y trató de ayudar a los demás y con eso nos tenemos que quedar, con el ejemplo de las víctimas, de los familiares, de todos los ciudadanos de Madrid, que en ese fatídico día supieron comportarse en estas dramáticas circunstancias", ha sostenido.
(O. Moya/LD/11/3/2019.)
LA USURPACIÓN DEL GOBIERNO: LOS DECRETOS-LEYES.
Principalmente desde las obras de Aristóteles, John Locke y Montesquieu, sabemos que uno de los requisitos esenciales para la existencia de un Estado de derecho es que exista una separación de los tres poderes clásicos del Estado. Ahora bien, dicha separación puede ser más rígida, como ocurre en los regímenes presidencialistas, o más flexible para permitir la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo, como sucede en los regímenes parlamentarios.
Por supuesto, no hay un modelo único en ambos casos, sino que, dentro del marco esencial de cada país, tiene sus propias características, es decir, según reconozca su Constitución. Pero incluso contando con este factor indispensable de la división del poder, en lo que se refiere concretamente a los regímenes parlamentarios, la práctica puede superar los límites de la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo a favor del primero. Es cierto que en el mundo actual, debido a la necesidad de tomar decisiones rápidas, el poder ejecutivo es el más preparado para conseguir ese objetivo y así en todos los países se produce un desequilibrio a su favor.
Es más: reconociéndose este hecho surgió una figura jurídica, el decreto-ley, que consiste en que el Gobierno, salvo contadas excepciones legales, usurpa el papel del Parlamento y legisla a través de estas normas. Ahora bien, como digo, es lógico que el Gobierno pueda legislar en algunos supuestos, como señala el artículo 86 de nuestra Constitución, pero siempre "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", y advirtiendo además de su provisionalidad, puesto que, por un lado, no podrán afectar a determinadas materias como son el "ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general".
Y, por otro lado, se establece que el Gobierno deberá someter los decretos-leyes inmediatamente al debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, que deberá pronunciarse en el plazo de 30 días desde su promulgación para convalidarlo o derogarlo y, si así se considera, tramitarlo como proyecto de ley.
Pues bien, podemos afirmar con toda convicción, lo mismo que se han pronunciado prestigiosos colegas como Manuel Aragón, Juan Alfonso Santamaría, Ignacio Asterloa y otros, que este artículo, desde el mismo inicio de la aprobación de la Constitución, en realidad, ha servido para muy poco. Por ejemplo, en el espacio que corre de 1979 a 2015, se han dictado, según Aragón, 518 decretos-leyes, mientras que en el mismo periodo se aprobaron 341 leyes orgánicas y 1452 leyes ordinarias.
En otras palabras, la cifra de la legislación del Gobierno constituye el 30% con respecto al total de leyes, lo cual es una clara intromisión en una materia que es exclusiva de las Cortes, según el principio de la división de poderes del Estado. Sea lo que sea, no dispongo con exactitud de las estadísticas desde 2015, pero esa proporción no sólo continúa sino que parece que ha aumentado, sobre todo desde que llegó el actual presidente del Gobierno, el cual, en este sentido, ha adoptado una conducta caudillista.
Pero, para ser sinceros, todos los presidentes del Gobierno desde Adolfo Suárez hasta el actual han utilizado esta forma heterodoxa de legislación, sin que el Tribunal Constitucional, principal culpable de estos excesos mirando para otro lado, haya creado una jurisprudencia acorde en lo que señala el artículo 86 de la Constitución. Parece, pues, que no ha reflexionado lo suficiente sobre las siguientes palabras de Montesquieu en El espíritu de las leyes: "Todo está perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales, o los nobles, o el pueblo, ejercieran estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o diferencias entre particulares".
Pero vayamos por partes, he dicho que todos los presidentes de Gobierno de la democracia han abusado irresponsablemente de esta prerrogativa que si se utiliza de forma excepcional en los casos previstos, no rompe el principio de la división. Pero hay un presidente, el primero, Adolfo Suárez, que no sólo se libra de esta conducta irregular, sino que, por el contrario, gracias a ella España logró una Transición pacífica "de la ley a la ley", aprovechando las normas autoritarias para llegar a la democracia.
La utilización de los decretos-leyes para desarbolar el franquismo fue expuesta en un libro (Desarrollo político y Constitución española) que realicé con mis colaboradores en junio de 1973 y que Torcuato Fernández-Miranda conocía a la perfección cuando asesoró a Adolfo Suárez en la Ley para la Reforma Política. Como decíamos allí (pp. 151 y ss. y 557 y ss.) los decretos-leyes, curiosamente según los artículos 13 de la Ley de Cortes y 13 también de la Ley Orgánica del Estado, permitían ir creando las estructuras necesarias para llegar al momento constituyente.
Por ejemplo, el artículo 13 de la Ley de Cortes decía así: "Por razones de urgencia el Gobierno podrá proponer al jefe del Estado la sanción de decretos-leyes para regular materias enunciadas en los artículos 10 y 11. La urgencia será apreciada por el jefe del Estado...". Mientras que el artículo 13.II de la LOE señalaba a su vez que el Gobierno "ejerce la potestad reglamentaria y asiste de modo permanente al jefe del Estado en los asuntos políticos y administrativos".
En consecuencia, como dice el refrán "no hay mal que por bien no venga", y así los instrumentos jurídicos de un régimen autoritario como era el franquista, según lo que habíamos expuesto en el libro citado que realicé con mis colaboradores, fueron utilizados inteligentemente por Suárez para crear una democracia avanzada a través de los decretos-leyes. Sin embargo, hay que señalar que lo que es bueno para unos, también puede ser malo para otros.
Porque esa facilidad con que el presidente Suárez, en connivencia con el Rey Juan Carlos, se sirvió de los decretos-leyes, aparte de su utilidad indiscutible para desarmar el régimen de Franco, constituyó también paradójicamente un mal ejemplo para todos los presidentes del Gobierno posteriores que han abusado de una norma jurídica que invade la capacidad legislativa de las Cortes, saltándose a la torera los requisitos del artículo 86 de la Constitución.
Por eso, inspirándonos en la famosa ley de Murphy, cabría decir que "lo que puede ser bueno para algunos, siendo malo, podría ser aun peor para otros", puesto que el actual presidente del Gobierno se ha metido en un lodazal, infringiendo el artículo 86 de la Constitución sin el menor escrúpulo, haciendo incluso lo que no se atrevieron otros.
En primer lugar, no es extraño que haya abusado más de los decretos-leyes que sus predecesores y los haya superado a todos en el corto espacio de ocho meses porque no dispone de una mayoría para legislar, pero sí para destruir. En segundo lugar, utiliza de manera demagógica esta norma ofreciendo el oro y el moro a sectores sociales, sabiendo que esas medidas incrementarán el déficit público y rompiendo así con la regla de oro de todos los regímenes democráticos en los que rige el viejo lema de no taxation without representation, lo cual significa que los aumentos de gastos y, por tanto, los consiguientes impuestos para pagarlos, los tiene que aprobar el Parlamento, lo que no ha hecho
Y, en tercer lugar, se está aprovechando de una falta de control, puesto que se han disueltos las Cortes, como consecuencia de las próximas elecciones del 28 de abril. Por consiguiente, todas sus discutibles promesas las está realizando con finalidad electoral. Lo cual, aun siendo teóricamente legal, demuestra una clara falta de ética, que se aprovecha tanto de la ambigüedad de la ley electoral como de la defectuosa Ley del Gobierno.
En efecto, el Título IV de esta ley se ocupa del Gobierno en funciones, señalando en su artículo 21.1 que el Gobierno cesa, entre otros casos, "tras la celebración de elecciones", lo cual es un enorme error porque el Gobierno actual no está todavía en funciones, mientras que, por el contrario, las Cortes están disueltas, aunque siga la Diputación Permanente.
Pero el caso es que todas las medidas que está tomando el Gobierno a través de los decretos-leyes, en los que no existe el supuesto necesario de la "extrema y urgente necesidad", ni se debaten ni se aprueban por el pleno del Congreso. De ahí que habría que modificar este artículo 21.1 en el sentido de señalar que el Gobierno cesa "tras la disolución de las Cortes" y no tras la celebración de las elecciones como hasta ahora, es decir, anticipando el comienzo del periodo del Gobierno en funciones para evitar en el futuro que sin el control de las Cortes siga operando a su capricho el presidente del Gobierno como Pedro por su casa.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO./12/3/2019)
EL PELIGRO ES SÁNCHEZ.
La cofundadora de UPYD ha publicado un tuit este martes en el que analiza una de las decisiones más polémicas del ejecutivo socialista, la decisión de trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos a un sitio que tiene que ser determinado por la familia del dictador. En este sentido, Diez ha querido explicar la verdadera intención del presidente socialista:
“El peligro de la democracia no es Franco ni el franquismo. El primero murió en la cama: al segundo lo enterró la Constitución y la democracia. Sánchez quiere resucitar las dos Españas para ganar aunque sea sobre las ruinas de España. Ese es el peligro: él y sus socios”.
(COPE/12/3/2019.)
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