Una alfombra con las togas
El señorito Pedro Sánchez pretende hacerse una alfombra, en la entrada de La Moncloa, con las togas de los Jueces y Magistrados españoles. Y así pisar a su gusto la codiciada pieza de caza de nuestra depauperada Justicia nacional, esa garante residual del Estado de derecho que le impide dirigir el país como un sátrapa bananero. Cuando, en realidad, fue elegido Presidente a lomos de un Gobierno Frankestein comandado por el partido que menos escaños ha obtenido desde la aprobación de nuestra Constitución.
En la peculiar y autoritaria concepción que Sánchez tiene de la democracia liberal, este tipo tan pagado de sí mismo no puede soportar que en España algo escape a su férreo control. Por ello, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), y Foro Judicial Independiente (FJI), colectivos que representan a más de 2500 jueces españoles -la gran mayoría de los que ejercen en el territorio nacional- han enviado una carta a la Vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia Vera Jourová, y al Comisario Europeo de Justicia Didier Reynders, denunciando la intención del Gobierno de elegir a su antojo el Consejo General del Poder Judicial, definiéndola como “situación de riesgo grave del Estado de derecho en España”.
Las Asociaciones judiciales denunciantes proponen que, si el Gobierno no acuerda con la oposición abordar las reformas legislativas necesarias para garantizar la independencia judicial, las instituciones europeas valoren si España cumple las condiciones para acceder a las ayudas económicas destinadas a paliar los estragos económicos del Covid-19. Una medida de presión acertada en unos tiempos en los que Sánchez fía toda su nefasta gestión de la pandemia a la capacidad de repartir, bajo su caprichosa batuta, el chorro de millones que -se supone- llegará próximamente desde Bruselas.
La politización de la Justicia española no la ha inventado, evidentemente, Pedro Sánchez. Aunque su pasmosa carencia de escrúpulos morales le permita llegar más allá de lo que nadie se atrevió jamás a pisotear. Fue en 1985, en tiempos de Felipe González, cuando la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trastocó el sistema constitucional que permitía su designación por la representación mayoritaria de los Jueces y Magistrados. Recuerden aquella frase de Alfonso Guerra diciendo chulescamente “Montesquieu ha muerto”, magnífica descripción gráfica del asalto que el PSOE consumó entonces a la cúpula del Poder Judicial.
Luego el Partido Popular, cuando ocupó el poder, siguió manteniendo interesadamente la elección mayoritaria por el Parlamento y no por los profesionales, aunque nadie se había atrevido a una colonización política tan grosera como la que actualmente proyectan PSOE y Podemos. Tal vez acuciados por la cantidad de causas judiciales que agobian a los líderes de la formación morada, un partido en el que casi todos sus dirigentes han sido ya imputados o condenados por causas variopintas, relacionadas todas con la corrupción o la violencia.
Hemos también conocido que el llamado GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción), dependiente del Consejo de Europa, que lleva desde el año 2005 haciendo “rondas de evaluación” a los países europeos para analizar su situación en la lucha contra el mal funcionamiento institucional, ha advertido recientemente a España –al igual que a otros países en riesgo, tan vapuleados por la izquierda, como Polonia y Hungría- diciendo que “las autoridades políticas no tienen que participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial”. Y añadiendo que “ello tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción y en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país”, llegando a la conclusión de que “el grado de cumplimiento en España de sus recomendaciones es parcial e insatisfactorio”.
La Magistrada española Natalia Velilla, en un interesante libro recién publicado que se titula “Así funciona la Justicia”, explica como ningún partido político –especialmente el PSOE y el PP, en su largo periplo bipartidista- ha querido hasta ahora conseguir una verdadera independencia judicial. Y dice literalmente, al referirse al sistema de elección de los vocales del CGPJ, lo siguiente: “España no puede seguir soportando tal degradación institucional. Como Magistrada conocedora de los entresijos de mi profesión, pero sobre todo como ciudadana, creo que el cambio de modelo de elección debe ser algo prioritario. Necesitamos un Poder Judicial fuerte, transparente, en el que se prime el mérito y la capacidad al margen de devaneos políticos. Un Poder Judicial que sirva de muro de contención frente a excesos políticos y legislativos, al que pueda acogerse el ciudadano como una roca segura y firme”.
El problema que nos acecha en el año 2021, que existe desde 1985 pero cobraba hasta ahora una dimensión menor -dada la mayor lealtad con la que se comportaron los anteriores gobernantes con la generalidad de las instituciones del Estado- es que el Gobierno actual está sostenido justo por aquellos que las quieren destruir. Por ello, la independencia y fortaleza del Poder Judicial adquiere -si cabe- más importancia que nunca, al ser el último baluarte que nos protege de centrifuguismos identitarios, de los detractores de nuestra forma de Estado y el régimen constitucional, y de los variopintos personajes antisistema que soportan el Gobierno del frívolo Sánchez. Que se dedica a tocar la lira, como el psicópata pirómano de Nerón, mientras España arde por sus cuatro costados. Porque lo único que le quita el sueño no es la pandemia, ni la economía, ni nuestro imparable deterioro institucional, sino que alguien pueda sacarle algún día de La Moncloa.
La mítica bailarina y espía Mata Hari dijo una vez que “en Madrid, jamás llegué a pisar la calle, porque cada vez que aparecía en la puerta del Hotel Ritz, una legión de caballeros arrojaban sus capas al suelo para que caminara sobre ellas, poniendo ante mí una alfombra que nunca se acababa”. Eso es, exactamente, lo que pretende hacer con las togas de nuestros Jueces el autócrata de Pedro Sánchez. Y tener España a sus pies.
(MallorcaDiario/19/4/2021.)
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