¿Más de lo mismo?

Por Gabriel Le Senne

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El gasto público en 1980 era del 19% del PIB. En 2020, el 52%. En 1980, España contaba con 1.117.456 empleados públicos. “El número de empleadas y empleados públicos en España asciende a 2.710.405” (sic) en junio de 2021. Alguno más habrá ya. La deuda pública española era de 16.000 millones de euros en 1980. En 2020, 1,35 billones de euros. Del 17% al 120% sobre PIB.

Sólo con ver estos tres parámetros básicos, cualquiera puede ver que la cosa pública no se ha gestionado demasiado bien estos 40 años. Nos dicen que son los más prósperos de la historia, y hombre, no ha habido guerras, y es cierto que hemos crecido. Pero el mundo en conjunto ha crecido. Lo que tiene sentido es compararnos con los países más ricos de Europa, por ejemplo, que es a lo que deberíamos aspirar, como poco, y, como se ha cansado de decir Roberto Centeno, respecto a estos países estamos más lejos ahora que al inicio de esta etapa.

Y ahora que estamos ante una gran convulsión de uno de los dos grandes partidos de este turnismo redivivo, es buen momento para alzar la vista y fijarse en el conjunto. Porque a menudo los árboles de la frenética actualidad política no nos dejan contemplar el bosque de qué queremos ser como país y adónde nos dirigimos.

Lo cierto es que estos 40 años hemos tenido una relativa tranquilidad, sí, pero a costa de deslizarnos por una pendiente al principio suave, pero que cada vez se torna más abrupta. Esto lleva ya una velocidad considerable y, lejos de frenarnos, continuamos pisando el acelerador a fondo.

¿Y hacia dónde nos dirigimos? Por un lado, esa escalada brutal del gasto público indica que cada vez tenemos un sector público mayor. Por tanto, el peso del sector privado mengua. Y además observamos que el sector privado está cada vez más regulado, y cada vez más compuesto en los grandes sectores por oligopolios que fraternizan con el poder político: banca, energía, telecomunicaciones. En farmacia o nuevas tecnologías, las grandes multinacionales, normalmente americanas (la metrópoli). Pymes y autónomos se ven sometidos a cada vez mayores requerimientos legales, y encima han sufrido un duro golpe con la epidemia. La creciente presión fiscal (37,3% en 2020, desde un 21,9% en 1980, y subiendo) hace cada vez más difícil ahorrar y acumular un patrimonio. La clase media, columna vertebral de estas décadas de tranquilidad, se va deshaciendo lenta pero inexorablemente.

Por lo que respecta a la unidad y cohesión nacional, la continua cesión de competencias a las comunidades autónomas, empleadas con evidente deslealtad, nos conducirá necesariamente a una crisis tras otra. Los nacionalistas han demostrado que no se van a contentar con nada. No pueden, porque perderían su razón de ser. Ahora llegan a la barbaridad de negarse a considerar el español como lengua vehicular en la educación. No existe ningún partido tan sectario como para proponer lo opuesto: expulsar las lenguas cooficiales de la educación. Imagínense. Encima las autonomías que carecen de “lengua propia”, se apresuran a inventarla. Nadie quiere renunciar a construir su propia nación.

Esto, por supuesto, enlaza con hacia dónde va la educación, cada vez menos digna de tal nombre. Ahora son sólo centros de estabulación y adoctrinamiento, mientras se rebaja el esfuerzo y el aprendizaje.

Y tras tanto hablar de la “España vaciada”, no podemos dejar de referirnos al factor fundamental que denota la crisis en que estamos inmersos y el precipicio hacia el que nos dirigimos: nunca ha habido tan pocos nacimientos. ¿Qué futuro vamos a tener sin niños?

A la vista de este panorama, me pregunto si Feijoo será capaz de cambiar el rumbo, o si no será un conductor más de los que han ido turnándose en el puesto, limitándose a sujetar el volante y atarse al asiento. Entonces me acuerdo de su política lingüística, de lo que dijo de ocupar el centro y pactar con el PSOE (hombre, ¡como Casado!), y de que ya quiso presentarse y se apartó por algún asunto turbio, y concluyo que será más de lo mismo. No nos lo podemos permitir.

Necesitamos claridad. Necesitamos calidad democrática: separación de poderes, representación, fiscalizar cada euro, dejar de robar e intoxicar al ciudadano. Se habla mucho de los 50.000 euros de Ayuso. Tendrán que revisarlo. Deberán revisar también las compras de Illa, las de Ábalos, las de todos. Y todo el gasto: cada enchufado nos cuesta más que lo de Ayuso, ¡todos los años!

Necesitamos un cambio profundo, y si no lo da el PP deberá ser VOX, y si no lo da VOX, deberemos exigirlo organizándonos al margen de los partidos. Ya tardamos.