En
la Nochebuena de 2019, una niña tutelada de 13 años, de origen chino,
se fuga de un centro del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)
y es violada por seis adolescentes en un barrio degradado de Palma. No
es la primera vez. Previamente ya había sufrido otras dos violaciones
que acabaron en el hospital. Pero en esta ocasión la chica presenta
denuncia en comisaría. Es la chispa por la que saldrá a la luz el
escándalo de las menores tuteladas por el Gobierno autonómico balear.
El 12 de enero de 2020, Diario de Mallorca
informa sobre que un grupo de menores acogidas en centros del IMAS
llevan años siendo prostituidas. Era un secreto a voces, según reconocen
algunos trabajadores sociales, pero las autoridades políticas
responsables se inhibieron. Las chicas, de entre 13 y 17 años, se
prostituían a cambio de dinero, drogas o regalos, cuando en teoría la
Administración autonómica se encargaba de velar por ellas.
El
Gobierno regional reconoce que sabía de 16 casos. Según van pasando los
meses, empleados del IMAS revelan que alertaron a sus superiores, e
incluso les enviaron informes, pero no hubo reacción política alguna
ante un hecho tan alarmante como la existencia de una red de abusos
sexuales sistemáticos a niñas que en teoría estaban protegidas por la
Administración. La actitud del Gobierno autonómico fue en todo momento
de intentar poner sordina al problema.
El PSOE local y sus socios
bloquearon varias veces comisiones de investigación al respecto. Las
«ministras y ministros» súperfeministas de Podemos y el PSOE jamás se
interesaron por este escándalo, que incluso parecía molestarles cuando
se les mentaba por la sencilla razón de que era un caso de mandatarios
de izquierdas.
El
escándalo acabó más tarde con condenas de cárcel en el Tribunal
Supremo. Los coletazos llegaron también a Europa. En abril del año
pasado, una comisión de la Eurocámara acudió a Palma a investigar lo
sucedido. Su informe fue demoledor en lo referente al papel del Gobierno
balear, al que acusaron de fallos de control que perpetuaron la
explotación sexual, de hacer la vista gorda y de falta de seguridad en
los centros.
¿Quién
presidía el Gobierno de Baleares durante estos hechos tan graves y
vejatorios para las mujeres, para más señas menores de edad? La
farmacéutica Francina Armengol, hoy de 52 años, vinculada en su etapa de
estudiante a un sindicato independentista catalán, filonacionalista y
militante del PSOE. Armengol es también noticia estos días porque El
Debate ha venido contando que una pequeña constructora sin empleados en
nómina, propiedad de su pareja, el empresario Joan Nadal, pasó de
ingresar cero euros entre 2012 y 2014 a despuntar ingresando 4,3
millones en 2015, justamente cuando ella llega a la presidencia
regional. Además, el empresario recibió 1,4 millones de subvenciones
ministeriales para una empresa de jardinería que posee.
Pese
a su lacerante comportamiento en el horrible caso de las menores
tuteladas de Baleares, Francina Armengol conservó impoluto su perfecto
cartel de «progresista» y «feminista». A pesar de que los votantes
baleares le han retirado su confianza en las urnas y ha perdido el
poder, sigue siendo una de las estrellas del sanchismo y ha sido
promocionada por el líder de su partido a presidenta del Congreso. Es
decir, esta dirigente política que pasaba de todo cuando las niñas a su
cargo eran explotadas sexualmente es ahora la tercera autoridad del
Estado. Nadie dice nada, por supuesto, y aparentemente a todo el mundo
le parece chachi y guay.
Aquí concluyo mi comentario sobre el caso Luis Rubiales, sin duda un hortera de bolera, pero...
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