PLIS EDUCACIÓN, POR FAVOR
Palma, 13 de 12 de 2020
"Sobre
la mesa del consejero de educación hay ahora mismo denuncias de padres
por no poder ejercer el derecho a recibir primera enseñanza en
castellano, como permite la ley, de padres que reclaman recibir
comunicaciones escolares también en castellano, como permite la ley, de
la propia asociación de profesores PLIS, que exige que se modifiquen los
proyectos lingüísticos por no dedicar un mínimo del 25% de las horas
lectivas en castellano, como exige la ley y la jurisprudencia.
Pues
bien, este consejero, que permite infringir la ley para vulnerar
derechos lingüísticos de los castellanohablantes es el mismo que con
grandilocuentes palabras ha abierto recientemente una Oficina de
Derechos Lingüísticos para defender los derechos de los
catalanohablantes".
Para
el gobierno balear, parece ser que el hecho de que la propia
administración vulnere los derechos de los castellanohablantes es mucho
menos grave que el que un particular vulnere los derechos de los
catalanohablantes, cuando es justo lo contrario. "Se ha instalado como
normal el comportamiento de gobiernos despóticos, que a la vez que se
sitúan por encima de la ley aplican la ley que les interesa con todo su
rigor a los ciudadanos".
La
Oficina de Derechos Lingüísticos no solo es una burla cínica, sino
también un artefacto ideológico más, de tipo clientelar para colocar a
amigos y para, a cargo de los impuestos que pagan también los
castellanohablantes, discriminar lingüísticamente a estos en nombre de
la no discriminación. "Es simplemente una coartada para seguir
discriminando a los castellanohablantes".
"El discriminador lingüístico profesional, el señor March, se convierte en adalid de la no discriminación".
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