Pactar con Vox es legítimo; con Podemos, Bildu y ERC no
Vox puede gustar más o menos, pero es un partido constitucional que no discute los procedimientos legales y parlamentarios para imponer sus ideas
El
PSOE ha renovado su manida «alerta antifascista» con motivo de la
investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y
León, en el primer Gobierno de coalición entre el PP y Vox sellado en
toda España, anticipo tal vez de otros muchos igual de razonables.
La
sobreactuación del líder regional socialista, Luis Tudanca, no es más
que la consecuencia de una consigna que la izquierda viene repitiendo
desde hace años, hasta el punto de estrenarla con motivo de la
investidura de Juanma Moreno en Andalucía, a principios de 2019,
precedida de ese mismo sainete protagonizado entonces por Pablo Iglesias
y todo el PSOE.
La falaz pose se cae por su
propio peso con una simple pregunta: si tanto le preocupa a la
izquierda el auge de la supuesta ultraderecha, ¿por qué no ofrece sus
votos para frenarla, apoyando a la lista más votada, como han hecho en
Francia tantos partidos?
Es evidente que el
discurso en Castilla y León, como antes en Madrid, Andalucía o Murcia y
mañana en toda España; obedece a una burda estrategia bien sencilla de
identificar: se trata de bloquear, sin más, la posibilidad de que cuaje
una alternativa al PSOE y más específicamente a Pedro Sánchez.
Porque
esa sería la consecuencia de negarle todo apoyo al PP, vigente desde el
ínclito «no es no» de Sánchez a Rajoy y, a la vez, intentar
deslegitimar la posibilidad de que los populares pacten una mayoría
alternativa: el «cordón sanitario» no es en realidad a Vox, sino a
Feijóo como relevo del actual presidente del Gobierno.
En
cualquier circunstancia, boicotear la esencia de la democracia, que es
la alternancia, califica a los promotores de esa deriva, bien definidos
por años de bloqueo, mociones de censura, inmunidad al diálogo y
finalmente deslegitimación de sus rivales.
Pero
es especialmente grave, desde un punto de vista conceptual, cuando esa
cruzada procede de un partido que se ha servido de socios indeseables
para prosperar: Vox puede gustar más o menos, pero es un partido
perfectamente constitucional que no discute los procedimientos legales y
parlamentarios para imponer sus ideas y acepta deportivamente el
rechazo a las mismas.
No se puede decir lo
mismo de Podemos, que discute la Constitución, intenta derribar al Rey y
proclama el inexistente derecho a romper la unidad de España. Y tampoco
se puede naturalizar la alianza socialista con un partido dirigido por
un terrorista condenado, Arnaldo Otegi, y otro encabezado un golpista
con sentencia firme, Oriol Junqueras.
El
mantra de la ultraderecha es, amén de injusto y antidemocrático, inútil:
estimular un miedo que nadie siente, salvo los seguidores más
recalcitrantes de los heraldos del nuevo antifascismo, ni ha frenado a
Vox en España ni lo ha hecho a partidos similares en Francia, Hungría o
Polonia.
No suscribir la agenda de esta
izquierda, sustentada en una impúdica ingeniería social, no equivale a
rechazar las causas que esgrimen para justificar su proyecto ideológico:
se puede estar con la igualdad y contra la violencia machista, por
citar dos banderas concretas, sin suscribir las barbaridades legales,
morales y éticas que impulsan en su nombre.
Pero,
sobre todo, se puede y se debe organizar una alternativa sensata a un
Gobierno que, además de todos sus delirios sectarios, ha hundido al país
en una triple crisis económica, identitaria y social de gravísimas
consecuencias.
Si el PP y Vox son capaces de
conformar esa mayoría, no hacerlo por el miedo a la pena de Telediario
que sufren preventivamente sería un flaco favor a todo lo que ambos
dicen servir. Castilla y León no debe ser una excepción, pues, sino la
norma tranquila en adelante.
(Edit.El Debate/13/4/2022.)
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