UNA DEMOCRACIA SÓLO EN APARIENCIA.
Durante la legislatura que soportamos, la democracia española ha cogido una peligrosa cuesta abajo. El Gobierno de coalición no funciona como tal.
Las decisiones del Consejo de Ministros no se discuten, se pactan previamente en reuniones a las que asisten dirigentes de los dos partidos y se aprueban sin deliberación alguna. Se crean infinidad de cargos y puestos sin contenido con la finalidad de proporcionar un sueldo público al rosario de inútiles que pastan en los dos partidos de la coalición.
No obstante, la mayoría de las decisiones importantes las adopta directamente el presidente del Gobierno sin que los ministros, especialmente los de Podemos, protesten. Cuando estas decisiones han de tener forma de ley para poder ejecutarse se recurre al decreto ley, dejando al Legislativo la raquítica función de ratificar o rechazar lo que el Gobierno ha elaborado.
En la práctica, los debates han desaparecido del Congreso de los Diputados, ya que no hay leyes que elaborar ni discutir. La estabilidad del Gobierno se compra a los partidos regionalistas de aquellas comunidades que han aprendido que es mejor votar a un partido local que luego chantajee al Gobierno y no a los partidos nacionales.
Y a los partidos independentistas se les paga esa misma estabilidad con competencias y cesiones forzando, cuando no violando, la Constitución. Cuando no es posible contar con unos o con otros, las normas se aprueban gracias al voto del brazo político de una organización terrorista responsable de casi mil asesinatos a cambio, con toda seguridad, de beneficios a los terroristas presos. Y la presidenta de la Cámara Baja se somete sin avergonzarse a los dictados partidistas del secretario general de su partido y cambia las reglas por las que se rige la vida parlamentaria en un asunto tan sensible como la seguridad nacional.
El Poder Judicial, controlado desde 1985 por el Gobierno de turno, ha perdido la facultad de hacer nombramientos para obligar al PP a pactar una renovación del Consejo sin afrontar la necesaria reforma que devuelva a los jueces el derecho a elegir a parte de los miembros del órgano que los representa.
La fiscal general del Estado, a pesar de la desvergüenza que supone haber aceptado el cargo inmediatamente después de haber sido ministra de Justicia, consume todas sus energías en proteger al Gobierno y atacar a la oposición, mientras su pareja cobra a sus clientes su relación con ella.
El Tribunal de Cuentas permite que las indemnizaciones que en su día tengan que pagar los golpistas por sus malversaciones se puedan afianzar con dinero público.
El presidente del Gobierno miente con tal descaro y con tanta frecuencia que ya nadie cree lo que dice que hará. Todo se trivializa, hasta cuestiones tan graves como la guerra de Ucrania, las relaciones con Marruecos y Argelia o la política económica y fiscal. Y a la vez que se presentan las decisiones gubernamentales con gran teatralidad se engaña a los ciudadanos acerca de las razones que han llevado a tomarlas, y prometiéndoles consecuencias que se sabe que no se producirán.
Existen indicios vehementísimos de que los fondos europeos para combatir los efectos económicos de la pandemia se reparten de forma arbitraria y en función de la proximidad de los beneficiados con el Gobierno. La ministra de Defensa reconoce haber espiado a los golpistas por serlo y luego no se sonroja ante la evidencia de que son esos mismos golpistas los que sostienen al Gobierno al que pertenece.
Encima, la Monarquía es constantemente atacada y el Gobierno no sólo no la defiende, sino que jalea a los agresores.
Y se podrían añadir muchas más cosas. En todo caso, en algún punto habrá que poner fin a esta deriva o acabaremos siendo una democracia sólo en apariencia.
(Emilio Campmany/LD/29/4/2022.)
No hay comentarios:
Publicar un comentario