Fiscalía antioposición
La creación en 1995 de la Fiscalía Anticorrupción, en tiempos de Juan Alberto Belloch y Felipe González, no estuvo exenta de polémica. Ya entonces arreciaron críticas por la innecesariedad de inventar una Fiscalía especial para perseguir delitos políticos, cuando la propia Fiscalía ordinaria desempeñaba esa función desde hacía décadas. Todo apuntaba a una maniobra gubernamental para ralentizar las investigaciones que afectaban a los propios y acelerar las de los ajenos. La peculiar época en la que se creó, aderezada de episodios turbios como los GAL, Filesa y otros que acosaban mediáticamente al declinante gobierno de González, abona la teoría de que su verdadera intención fue ejercer un control político sobre los asuntos más delicados. O sea, crear una Fiscalía Antioposición.
La cosa vino a enturbiarse con las hazañas de un siniestro personaje. El entonces Juez estrella Baltasar Garzón, que había adquirido notoriedad instruyendo la “Operación Nécora” contra el narcotráfico gallego, fue urdiendo una célula de afines a su declarada ideología de izquierdas para medrar y hacer carrera -tanto profesional como política- al confortable calor del PSOE. Pero un día se pasó de frenada. En la instrucción del “Caso Gürtel”, que afectaba a una serie de políticos y empresarios vinculados al Partido Popular, Garzón dictó el 19 y el 20 de febrero de 2009 dos Autos en los que ordenaba grabar las conversaciones de los encarcelados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus Abogados en las visitas que les hacían a la prisión de Soto del Real. Esos Letrados defensores, José Antonio Choclán, Ignacio Peláez, Pablo Rodríguez-Mourullo y José Ignacio Vergara, situados entre lo más granado de la Abogacía española, no presentaban indicio alguno de actuación delictiva, y se limitaban a visitar a sus clientes para ejercer su derecho constitucional a la defensa.
Ante esa violación flagrante de lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que sólo permite al Juez grabar las conversaciones de un interno con sus Letrados en los casos de terrorismo, el Abogado Ignacio Peláez, antiguo Fiscal de la Audiencia de Palma y luego de la Audiencia Nacional, interpuso querella contra Baltasar Garzón y contra las Fiscales del caso, Concepción Sabadell (hoy famosa por estar destinada en la Fiscalía Europea, y reclamar el caso de los contratos del hermano de Ayuso) y Myriam Segura, que también solicitaron y avalaron dichas grabaciones ilegales. Finalmente, el Tribunal Supremo, en Sentencia 79/2012 de 9 de febrero de 2012, condenó a Garzón por delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la Judicatura, exonerando benévolamente a las Fiscales del caso, tal vez por no haber traspasado en su anterior trayectoria profesional tantas líneas rojas como el polémico Magistrado. Pueden ustedes comprobar como el defensor universal de los Derechos Humanos sólo ejercía como tal con quienes eran de su cuerda ideológica, mientras que a sus rivales políticos les aplicaba derechos porcinos, espiando sus estrategias de defensa.
Pese a la caída de Garzón, otros paladines de nuestra Justicia siguieron haciendo de las suyas. Conocidas son las hazañas de la Fiscalía Anticorrupción en Baleares, con registros, cierre de calles y detenciones espectaculares durante casi una década, a partir del “Caso Andratx” iniciado en 2006. Salvo dos o tres muy mediáticas, la mayoría acabó en nada, pero el daño propagandístico fue tremendamente eficaz, consumándose el cambio de Govern al segundo Pacte de Progrés en 2007 con su inestimable ayuda. Una de esas ramificaciones afectó a quien ésto les escribe, habiendo estado imputado durante cinco largos años -sin tomarme declaración- en una extraña causa por una presunta red de blanqueo de capitales que, en lo que a mí respecta, buscaba subrepticiamente escrituras otorgadas por Jaume Matas. Tras prestar mi primera y única declaración (después de cuatro años y medio solicitándolo infructuosamente ante los Tribunales), fui finalmente sobreseído. Por cierto, mi Abogado defensor fue el valiente Ignacio Peláez, quien tuvo ocasión de explicarme -largo y tendido- cómo funcionaban ciertas cosas en su muy querida Fiscalía. Que en gloria esté mi buen y añorado amigo, fallecido de una cruel enfermedad hace ahora pocos años.
Estos últimos días nos hemos desayunando con algunas noticias descorazonadoras. Por un lado, viendo cómo Pedro Sánchez ha colocado en la cómoda y bien remunerada bicoca de la Fiscalía Europea a aquellos Fiscales -e incluso Jueces- que más beligerantes se han mostrado en las causas contra el PP (liderados por la ínclita Concepción Sabadell, que anda loca por empitonar al hermano de Ayuso y cargarse, de paso, su carrera política). Por otro, como en una reforma de la Ley Concursal ha colado de rondón un ascenso a Fiscal de Sala del Tribunal Supremo (el más alto cargo de la Carrera Fiscal, al que se accede por concurso de méritos) a la actual Fiscal General Dolores Delgado, pareja sentimental del gran maestro Garzón, cuando abandone el cargo. Todo ello en pago de los buenos servicios prestados.
La politización de la Fiscalía resulta hoy insoportable. Su deber de imparcialidad y su labor de protección de los derechos constitucionales de los investigados, que consagra el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se saltan a la torera en las investigaciones más mediáticas. El repugnante manejo de los tempos judiciales que controla con mano férrea -en los casos que interesan más al Gobierno- la actual Fiscal General, dilatando a su conveniencia recientes investigaciones sencillas como la del Fiscal Stampa, la del Rey Emérito o la del hermano de Isabel Díaz Ayuso, nos ponen de manifiesto el alcance de esa terrible violación del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Y nuestro legislador nos anuncia que, en la línea de lo que ya existe en bastantes países europeos (bastante más serios y respetuosos con la legalidad que el nuestro) el Gobierno pretende que la instrucción de los asuntos penales la lleven exclusivamente los Fiscales, apartando de ella a la autoridad judicial.
Ante el duro panorama que se nos avecina les recomiendo, queridos amigos, que se afilien todos al PSOE. O que recen todo lo que sepan.
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