¿SÓLO EL HIJO DEL DUQUE DE FERIA?
Los medios ya tenemos un juguetito con que entretenernos: la Fiscalía Anticorrupción acusa al hijo de un noble y de una celebrity y
a su espabilado amiguete de embolsarse seis millones en concepto de
comisión por la venta al Ayuntamiento de Madrid de mascarillas, guantes y
test por parte de un proveedor de Malasia. Parece ser que Luis Medina,
segundo hijo del fallecido y poco ejemplar duque de Feria, y de su
esposa y residente en el Hola, Naty Abascal, se ofrecieron, a
través de un primo del alcalde Almeida, para traer material sanitario de
Asia, cuando la pandemia mataba cientos de personas diarias. Ya sabemos
incluso que estos émulos de Rinconete y Cortadillo de pelo engominado
se compraron, con el dinero obtenido, casoplones, coches de lujo,
habitaciones de hotel a 6.000 euros la noche y así un mareante catálogo
de carísimas golosinas.
La izquierda en Madrid ya cree haber descubierto el segundo watergate
del año, tras la cacería abierta –es verdad que la munición la
proporcionó el propio PP– contra el hermano de Díaz Ayuso por la
intermediación también en la compra de material sanitario. Adelante con
la investigación en ambos casos porque si hay algo deleznable es que la
picaresca se ensañe con la urgencia que España tenía de proteger a sus
sanitarios y a los ciudadanos en el peor momento de la pandemia.
Pero
hay por ahí otros 326 milloncejos en doce contratos que el Gobierno de
España adjudicó fuera de todo control a siete empresas, con relaciones
familiares que salpican a miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de
los que nadie sabe nada. Ni una palabra en el portal de transparencia ni
en la boca de los progresistas y feministas del Congreso y de la
Asamblea de Madrid ni en las portadas de los periódicos que se están
relamiendo con los Ferrari del chico de Feria y su amigo. Pura
delicatesen para la izquierda.
Pero a los de
a pie también nos gustaría conocer, según obra en la denuncia
presentada ante la Fiscalía, por qué se adjudicaron 40 millones de euros
a una empresa que operaba en Guinea y Mauritania, cuyo volumen de
negocio, antes del chollo de las mascarillas, fue de cero euros, y que
era muy bien vista por el entonces ministro Ábalos. O por qué se
licitaron otros 532 millones a la empresa Páginas Amarillas, organismo
vinculado con el marido de Nadia Calviño. O por qué se pagaron 263
millones de euros a un ente cuya administradora estaba condenada por
delito de estafa, con amistades en el entorno de Salvador Illa.
Porque
el caos con que se gestionó la pandemia no solo repercutió en que
España siga siendo el país con mayor número de fallecidos (no los
oficiales, los de verdad), sino en la adjudicación opaca de decenas de
contratos (algunos tan chapuceros que hicieron sonrojar al país), que
eludieron, gracias al estado de alarma, todos los contrapesos que tiene
una nación democrática. El Tribunal Constitucional ya ha sentenciado
contra el Gobierno y el Parlamento por la gestión política. Ahora solo
queda que la Fiscalía sea diligente y llegue hasta el final en la
posible malversación. Para ello ha de abrir el abanico: no solo Almeida y
Ayuso tienen parientes. Mientras nos limitaban los derechos de libre
circulación, reunión y residencia, es posible que hubiera familiares del
Gobierno que no se dedicaron precisamente a cambiar los armarios cuando
estábamos confinados.
(Mayte Alcaraz/El Debate/8/4/2022.)
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