(La cara del Oasis.) 
LA INTOLERANCIA Y EL ODIO SEPARATISTA CONTRA VOX.
Los mismos partidos que dieron el golpe de Estado, los que pisotearon los derechos de la oposición en Cataluña, los que despreciaron a más de la mitad de los ciudadanos de la región y engañaron al resto pretenden pasar por escrupulosos parlamentarios que no están dispuestos a tolerar que en los debates sobre la seguridad ciudadana o la inmigración se vaya más allá de las líneas rojas que marcan ellos. A tal efecto, ERC y la CUP, que no hacen otra cosa que destilar odio contra España y contra quienes no son independentistas, están elaborando una proposición de ley para introducir en el reglamento del parlamento catalán una disposición contra los discursos del odio que les faculte para censurar las intervenciones de los diputados de Vox cuando aludan, por ejemplo, a la nacionalidad o el origen de un delincuente sexual o denuncien que existen las mafias extranjeras o los islamistas radicales.
Los independentistas creen hacer gala de una gran tolerancia al mirar hacia otro lado ante crudas realidades. A las señorías que pisotearon la Constitución y las órdenes judiciales, que sostienen que en los parlamentos se puede y se debe hablar de todo siempre que sea en contra de la democracia y a favor de romper España y vulnerar los derechos de millones de ciudadanos, les parece mal el discurso de Vox sobre seguridad ciudadana e inmigración, entre otras cuestiones.
La libertad de expresión es un derecho que sólo pueden ejercer ellos, que tienen barra libre para difundir odio contra España y sus ciudadanos y contra los partidos que están a favor de la unidad de España y de la igualdad entre sus ciudadanos.
En este caso, Junts per Catalunya (JxCat) se ha salido del consenso separatista. Su presidenta y a la vez presidenta del parlamento regional ha sido condenada por corrupción, pero como la sentencia aún no es firme, los diputados del partido de Puigdemont exigen que se reponga a Borràs en su cargo institucional. Mientras eso no ocurra, dan la espalda a la propuesta de ERC y la CUP de otro cordón sanitario, el enésimo, contra los partidos constitucionalistas.
En este caso le ha tocado a Vox al ser la primera fuerza no catalanista en la cámara autonómica.Las prácticas parlamentarias independentistas son una vulneración constante de los derechos de los grupos de la oposición, la desobediencia por norma ante las resoluciones judiciales, el desprecio completo a las más elementales normas de educación democrática.
Que Laura Borràs todavía sea presidenta de la cámara, que se compute de manera ilegal el voto del fugado Lluís Puig, que el Parlament siga varado en el golpe de Estado, que algunos de sus funcionarios cobren por no ir a trabajar, las desorbitadas pensiones de los expresidentes de la cámara y la escasa y calamitosa actividad legislativa no suponen para los grupos independentistas ningún problema. El problema es Vox y que Vox esté en una cámara que consideran suya y en la que sólo se debe hablar de lo que ellos quieren.
La degradación institucional en Cataluña no para de crecer desde que se iniciara el denominado procés. La última evidencia es este indisimulado intento de silenciar a los incómodos diputados de la formación de Santiago Abascal e Ignacio Garriga. Es también la última prueba del carácter intolerante y antidemocrático de las formaciones independentistas, las primeras en practicar la xenofobia y el supremacismo que atribuyen a Vox.
Son las lecciones de democracia de los autores de un golpe de Estado contra una fuerza que respeta la Constitución y que aboga por el cumplimiento de las leyes.
(Edit.LD/7/4/2023.)
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