FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.

23-12-08(ABC)

LA reacción crítica, casi unánime, de las comunidades inicialmente relegadas por Rodríguez Zapatero en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica ha mostrado al presidente del Gobierno las inconsistencias de su política territorial y las contraindicaciones profundas del Estatuto de Cataluña para la implantación de proyectos de interés nacional.

Consciente del revuelo e indignación que había levantado durante el fin de semana en muchas comunidades autónomas, Zapatero ha querido apagar sobre la marcha los fuegos provocados por la reunión con los presidentes catalán, José Montilla, y andaluz, Manuel Chaves, citando a los de las demás comunidades, pero esta vez eludiendo el secretismo y permitiendo fotos oportunistas. Pero el gesto -por rentable que le pueda parecer a Zapatero- llega tarde y pone de manifiesto el difícil equilibrismo que practica el presidente del Gobierno con el asunto de la financiación autonómica. Más que mostrarse firme con el tripartito catalán, el problema de Zapatero se basa en sus dificultades para plasmar negro sobre blanco unas promesas financieras basadas en un estatuto de autonomía que desborda el marco constitucional, porque ha desfigurado el Estado autonómico para implantar otro de naturaleza confederal. Para un Gobierno que siempre quiso endosar a Aznar la crispación de los nacionalistas, debería pesar que nunca como hasta ahora han estado tan exacerbadas las reclamaciones territoriales.

Poco se conoce de las negociaciones que ha iniciado Zapatero personalmente con los distintos presidentes autonómicos. Pero todo apunta a que el proyecto para aprobar en breve un nuevo sistema de financiación será más satisfactorio para las Comunidades con mayor índice de población. Esa es una de las razones por las que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, salió ayer satisfecha de su cita con Zapatero, quien le aseguró que el modelo seguirá siendo multilateral, solidario entre las diferentes regiones y, lo que es más novedoso, que aportará recursos adicionales procedentes de la «caja común» del Estado para compensar los gastos derivados del aumento de la densidad ciudadana. Si el proyecto definitivo establece -y así parece que será- más dinero en conjunto para las Comunidades, lo razonable será que las autonomías estén satisfechas. Sin embargo, es previsible que, pese a todo, haya regiones que denuncien sentirse perjudicadas por el hecho de que si se sumaran esos fondos adicionales y los fondos correspondientes al reparto establecido en el sistema vigente, seguramente dispondrían de más dinero aún.

En otras palabras, el compromiso parece ser que todas las autonomías tendrán más dinero, pero será legítimo que las menos pobladas crean que habrían podido recibir más todavía y que, en adelante, las más protegidas por el sistema serán las más pobladas. Interpretaciones al margen, lo seguro es que la Administración central será quien tenga que apretarse el cinturón para dotar de más recursos a las exigentes autonomías.

Políticamente, es indudable que el de la financiación autonómica es un debate que Zapatero no puede permitirse perder ya que una rebelión autonómica, en el marco de esta profunda crisis económica que nunca toca fondo, sería letal para el Ejecutivo. Habrá que esperar a conocer la letra pequeña del nuevo sistema que el Gobierno pretende implantar y el grado real de consenso con que tanto se ilusiona ahora Moncloa. Pero desde que gobierna, Zapatero no se ha caracterizado precisamente por generar confianza.

El problema de fondo sigue siendo que la estabilidad financiera del Estado está en juego, en manos de las necesidades políticas del PSOE y del presidente del Gobierno, y condicionada por una reforma estatutaria cuya constitucionalidad aún no está rubricada mediante sentencia. El Gobierno ha de tener una prioridad: no romper los principios de igualdad constitucional y solidaridad regional porque lo contrario supondría asestar un varapalo a nuestro modelo territorial.