¿QUÉ CRISIS?

ECONOMÍA

Algunas ideas para salir de la crisis

Por Fundación Burke

Es ya un lugar común decir que estamos en la mayor crisis financiera y económica desde el crash del 29 y la subsiguiente depresión de los años 30. Tras negar la evidencia durante meses, nuestro Gobierno bascula entre la autocomplacencia –amparado en el argumento de que, al tratarse de una crisis mundial, no tiene nada que hacer– y los anuncios de medidas efectistas pero improvisadas, lanzadas para tranquilizar a la opinión pública y conseguir un titular de prensa pero carentes del mínimo rigor y del grado de detalle exigible.

El último ejemplo de esta estrategia del titular es el anuncio de la moratoria hipotecaria de 2 años para los parados, una medida que plantea múltiples interrogantes a los que nadie en la Administración puede responder, porque el anuncio se ha hecho antes de que se desarrollara el contenido concreto de la medida. La sorpresa expresada por el ministro de Economía, Pedro Solbes, cuando los periodistas le comunicaron la nueva es muy significativa. En cuanto a la primera actitud, fue precisamente Solbes quien, el pasado 5 de noviembre, abogaba claramente por la pasividad: "Prácticamente hemos agotado nuestro margen de política discrecional", afirmaba.

Si bien es cierto que la crisis es mundial y que la evolución que experimente fuera de nuestras fronteras ejercerá su influjo dentro de ellas, con independencia de las medidas adoptadas por el Gobierno, no lo es menos que éste podría hacer mucho más que lanzar unas pocas medidas improvisadas y cuasi chapuceras.

No obstante, y como existe el riesgo de que las medidas puedan incluso empeorar la situación (nada nos asegura que el actuar por actuar produzca una mejora), sería conveniente que el Gobierno tomara en consideración una serie de sencillos principios que le serían de gran utilidad para acertar y, así, situar a nuestro país en una mejor posición para superar la crisis.

En primer lugar, nuestro Gobierno debería tener siempre presente que la riqueza de un país la crean las personas y las empresas, nunca el Estado, que se limita a detraer, precisamente, riqueza a quien la tiene para dirigirla a otros destinos. Como escribía Henry Hazlitt en Economía en una lección, "cada dólar que el Gobierno gasta tiene que obtenerse a través del impuesto", esto es, gravando la actividad económica. En consecuencia, todas las medidas encaminadas a que las personas y las empresas creen más riqueza serán positivas; por el contrario, las que desalienten la actividad de éstas no harán sino agravar la crisis.

Teniendo siempre presente este sencillo axioma, el Gobierno podría estimular adecuadamente la economía con las siguientes prácticas y medidas:

– Claridad y transparencia

En un entorno como el actual, es vital que la acción del Ejecutivo sea clara y que haya transparencia en la aplicación de las medidas. Lo contrario aumentaría la desconfianza.

No es justificable que no se sepa a qué entidades financieras va a comprar activos el Estado, algo que los demás países europeos están haciendo con normalidad. Se trata de una medida que pretende evitar el pánico, pero no se debería borrar toda huella de responsabilidad.

El plan pactado por el PSOE y el PP para inyectar liquidez al mercado tiene como objetivo dar acceso al crédito a particulares y empresas. A la hora de concretar, no se debería olvidar esta cuestión.

– Reducir o congelar los impuestos

En una situación de crisis crece el riesgo percibido por el inversor y se paraliza la inversión necesaria para el mantenimiento del crecimiento y la competitividad económicos. Las subidas de impuestos son un factor de aumento de riesgo, especialmente las que afectan a los beneficios empresariales. Incluso la previsión de una subida de impuestos incrementa el riesgo percibido y paraliza la inversión.

El Gobierno puede anunciar una rebaja del impuesto de sociedades o, al menos, una congelación del mismo, como mínimo, durante esta legislatura.

Otra medida que se ha demostrado estimula la inversión es la amortización acelerada de las inversiones en equipos e inmuebles.

El impuesto de sucesiones es una doble imposición, y por tanto es injusto. Su no reintroducción en algunas comunidades y su supresión en otras, como así se ha prometido, lanzaría un mensaje inequívoco de consistencia que mejoraría la deteriorada imagen de nuestros políticos y redundaría en beneficio de su fiabilidad.

– Es necesario replantear la política energética. Hay que reabrir el debate nuclear e invertir en el carbón

El energético es uno de los factores que están en el origen de la crisis actual. Es un factor de naturaleza mundial, pero tampoco aquí el Gobierno puede permanecer pasivo. Su obligación es promover una política energética que haga a España menos dependiente del petróleo y asegure a las empresas energía a precios competitivos.

Estos objetivos no se conseguirán subvencionando energías alternativas muy costosas y que finalmente nos empobrecen. Urge volver a plantear el debate sobre la nuclear, una energía barata y cada vez más limpia y segura (y que de hecho ya utilizamos, cada vez que compramos energía a Francia). España debería asimismo apostar por las nuevas tecnologías limpias para extraer energía del carbón.

– La Administración debe dar ejemplo de austeridad

El Gobierno y la Administración deben ser los primeros en poner en práctica lo que piden al resto de la sociedad.

Se deben eliminar gastos superfluos: aunque no sean significativos, se lanza el mensaje adecuado. No se pueden repetir casos como el del coche del presidente del Parlamento catalán y el de la perrera de los 9 millones de euros; mientras, muchos contribuyentes son desahuciados.

Se debe impulsar, por ley, la prohibición de las campañas de publicidad institucional, que no son otra cosa que propaganda partidista pagada por todos los contribuyentes.

Se debería prohibir a cualquier Gobierno la aprobación de nuevas leyes que impliquen un aumento del gasto sin una memoria financiera clara y realista. El fiasco de la Ley de Dependencia, imposible de llevar a la práctica por falta de fondos (algo que se sabía desde el primer día de su tramitación), no debe repetirse.

Televisión Española nos cuesta, a cada uno de nosotros, 102 euros al año. A esto hay que sumar el coste de las autonómicas: ETB, 168 euros al año; TV3, 154. Etcétera. Es necesario reducir los casi 1.700 millones de euros que nos cuestan estos medios, bien aplicando una estricta política de austeridad, bien privatizándolos o incluso cerrándolos.

– Hay que aprovechar el momento para abordar reformas en profundidad

No vamos a descubrir a nadie la necesidad que tiene la economía española de abordar importantes reformas que, a pesar de haber sido ampliamente debatidas, nadie se atreve a ejecutar. Del mismo modo que la necesaria aunque dolorosa reconversión industrial de mediados de los ochenta sólo fue posible en un momento de aguda crisis, que evidenció la inviabilidad de determinados sectores industriales, la actual puede servir de palanca para abordar seriamente, de una vez por todas, ciertas reformas igualmente necesarias.

El incentivo de 1.500 euros por cada contratación seguirá los pasos del plan Renove, al que no se acogió casi nadie. En vez de planes y medidas ridículas y superficiales, el Gobierno debería reducir sustancialmente el coste del despido en los nuevos contratos, eliminando así uno de los más importantes frenos a... las nuevas contrataciones.

El globo sonda del ministro de Trabajo relacionado con la transformación de 90.000 parados potenciales en jubilados mediante el adelantamiento de la edad de retiro hasta los 60 años sigue el camino equivocado. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero éste no es el mejor método para reducir la cifra de desocupación real. Es hora de replantear la viabilidad de nuestro sistema de desempleo y jubilación, y de actuar decididamente a favor de las instituciones que garantizan la viabilidad de nuestro sistema: las familias, desde un punto de vista demográfico, y los centros de enseñanza, claves para la recuperación de la competitividad. Sin apoyo real a las familias y una profunda reforma educativa, nuestra sociedad seguirá expuesta e indefensa ante los vaivenes del mercado.

Este tipo de reformas deben respetar la libertad y la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores y evitar las planificaciones quinquenales, que ya han demostrado su incapacidad para crear riqueza. La tentación de otorgar ayudas a sectores estratégicos, como el de las energías renovables, resucita el viejo afán planificador y está condenada al fracaso y a alargar la crisis. El Gobierno debe limitarse a ofrecer bonificaciones fiscales a las empresas que generen empleo y riqueza, dejando libertad a los agentes económicos para ejercer su responsabilidad e invertir sus recursos en los sectores que consideren convenientes.

© Fundación Burke
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ECONOMÍA

Zapatero nos remata

Por Juan Ramón Rallo

Pese a la incapacidad de los economistas keynesianos para predecir y explicar la crisis actual, la izquierda y parte de la derecha vuelven a refugiarse bajo las faldas del economista británico. Parece que siempre que hay una gran crisis, la ignorancia amplifica el miedo y el miedo amplifica la dependencia del Estado.

En su enésimo plan para salvar la economía y su imagen, Zapatero ha hablado sobre la necesidad de que en estos momentos el Estado dé un paso adelante y tome las riendas de la economía. Los inversores privados están desconcertados, por lo que sólo la decidida acción del Gobierno puede dar estabilidad al país.

Es cierto que, en general, los inversores están sometidos a una cierta parálisis; y no es para menos: en un año, el valor de sus activos patrimoniales ha caído aproximadamente un 50%, sin que el de sus deudas se haya visto reducido en la misma medida. Dicho de otra manera: los empresarios no pueden refinanciar sus deudas a corto plazo, al disminuir el valor sus garantías, y como el aumento de la carga financiera les lleva a reducir costes, caen la producción y los niveles de empleo. Por su parte, los nuevos parados, agobiados por las deudas, restringen su consumo, con lo cual agravan aún más la situación de los empresarios.

Malas condiciones, pues, para asumir riesgos. Antes de iniciar nuevos proyectos debería, como mínimo, sanear mi situación financiera. Debería reducir mis gastos para poder liquidar las deudas y sólo entonces plantearme el volver a elevar mi nivel de consumo y contraer nuevas deudas con las que emprender nuevos proyectos empresariales.

Una manera bastante eficiente de saldar viejas deudas pasa por vender a bajos precios parte de mi patrimonio. Si, por ejemplo, tengo una hipoteca sobre mi segunda vivienda, enajeno este inmueble –en las condiciones actuales, a un precio bastante inferior al de hace unos años– y con los ingresos amortizo parte de la deuda (con lo que reduzco la cuota mensual a la que debo hacer frente con mis ingresos corrientes). El mismo consejo vale para reducir una deuda empresarial.

Esto no sólo permite reducir parte de las deudas, sino que además disminuye el precio de los bienes de capital y facilita la iniciación de nuevos proyectos empresariales. Plantéeselo así: si el bajo de un edificio cuesta un millón de euros, montar una peluquería puede no ser demasiado rentable; en cambio, si su precio cae a 50.000 euros, probablemente encuentre muchas formas de rentabilizar la inversión.

La enajenación de los activos permite reducir la deuda que ata a los empresarios a sus malas decisiones pasadas y disminuir los precios inflados de los bienes de capital que les nublaba la rentabilidad de sus planes de inversión futuros. Por tanto, no conviene dificultar este proceso de reestructuración empresarial: los precios de la vivienda tienen que bajar, muchos salarios tienen que caer y muchas empresas tienen que quebrar.

¿Y cómo facilitar y acelerar este crítico proceso de ajuste? Por un lado, con ahorro. Cuanto más ahorro haya, más rápidamente se dará salida a los activos en venta y más se reducirán las deudas que lastran las decisiones de los agentes. Asimismo, una mayor cantidad de ahorro permitirá financiar de manera sólida y adecuada los nuevos proyectos empresariales, a unos tipos de interés bajos. Por otro, mediante la liberalización del mercado de los factores productivos. Si, por ejemplo, fuese ilegal (o muy costoso) vender casas, el proceso de ajuste anteriormente descrito no tendría lugar. Por tanto, hay que evitar las regulaciones redundantes que pretenden retrasar las transacciones. Uno de los mercados más intervenidos es el laboral. Es complejo readaptar las condiciones de un trabajador (salario y funciones), y despedirlo es muy caro, de modo que, en lugar de reducir los sueldos, los empresarios optan por los despidos y evitan las recontrataciones de personal, para así no tener que hacer frente en el futuro a nuevos y onerosos despidos.

Pues bien, el plan de Zapatero, que sigue la idea keynesiana de que es necesario gastar tanto como se pueda en tiempo de crisis, sigue la peor dirección posible. El Gobierno empleará 11.000 millones de euros de los españoles para financiar proyectos variopintos, relacionados, por ejemplo, con las infraestructuras, la automoción y la hostelería.

Dicho de otra manera: si los españoles necesitan ahorrar para superar la crisis, Zapatero les forzará a despilfarrar 11.000 millones, que ya no podrán ser utilizados en la adquisición de activos de los agentes que desean reducir su deuda. No sólo eso, dado que esos 11.000 millones se financiarán con cargo al déficit público, los españoles no reduciremos nuestra deuda, sino que la veremos coactivamente incrementada.

Además, parte de ese dinero afluirá a sectores que deben reestructurarse profundamente (esto es, vender a bajo precio sus activos), como el de la automoción, el de la hostelería o el de la construcción. Pese a que los consumidores (nacionales y, sobre todo, extranjeros) no quieran sus productos a los altos precios actuales, la inyección de capital de Zapatero les permitirá sobrevivir durante más tiempo, con lo cual retrasará las enajenaciones pertinentes, los ajustes de precios y, por tanto, el inicio de la recuperación.

Mientras este plan absurdo se pone sobre el tapete, las imprescindibles reformas laboral y energética son sistemáticamente olvidadas, como si no fueran asunto del Gobierno. Pero las dramáticas consecuencias de esta irresponsable pasividad siguen lastrando nuestra economía: el paro aumenta a un ritmo vertiginoso y el déficit exterior sigue desbocado por nuestra dependencia energética.

Así pues, la economía española, lejos de ajustarse, sigue siendo una máquina agarrotada cuyo funcionamiento se está intentado forzar a base de golpes y patadas. El Gobierno no sólo bloquea el reajuste de sus piezas, sino que además le está chupando el combustible.

Sin flexibilidad y sin ahorro, la economía española está condenada a padecer una depresión formidable. Y es que cuando Keynes entra por la puerta, la perspectiva de recuperación sale escopeteada por la ventana.