Así aparece en la portada de la revista del sindicato del mes de diciembre, ocupada por una fotografía del ministro, en primer plano, acompañada de un gran titular con esa calificación. Además, publica un editorial, firmado por José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, titulado ‘La puerta del gato’, que constituye una andanada de descalificaciones a Rubalcaba.
En síntesis, el editorial, que ocupa cinco páginas de la revista, dice lo siguiente:
-- Estamos en pleno conflicto colectivo declarado por las organizaciones sindicales frente al ministerio. El pleno del Consejo de Policía celebrado el 18 de diciembre no arregló las cosas. El ministro no asistió, aunque creemos que pudo verlo desde su despacho “a través de una webcam que estuvo funcionando durante el mismo”.
-- El conflicto tiene su origen en: un modelo policial con cuerpos dependientes de tres administraciones (central, autonómica, municipal); un agravio de salario, derechos sindicales y medios materiales “que es un insulto para las fuerzas de seguridad dependientes del Gobierno de la nación”; una reivindicación de las otras administraciones de trasvase de fondos desde la administración central; “una diferencia salarial que se incrementa cada año”.
-- Tiene también que ver, “y mucho, con la torpeza política de un ministro que se ha creído su propia leyenda de negociador hábil y sagaz que ha querido regatear tanto que se ha regateado a sí mismo”.
-- La trayectoria de Rubalcaba en Interior “no merece ser aprobada”. Está jalonada de acontecimientos sin aclarar, unificaciones inútiles y acuerdos incumplidos. Ha provocado dos acontecimientos históricos: la manifestación de guardias civiles con uniforme de enero de 2007, y la mayor manifestación de la historia de la Policía.
-- Ha tratado de dividir, con gestos de acercamiento a otros sindicatos y de distanciamiento del SUP. En la reunión de diciembre de 2007 se habló de la coordinación Policía-Guardia Civil, “una discusión con voces y hasta puñetazos (que el ministro realiza con una mano cerrada sobre la palma de su otra mano), recibiendo la respuesta que merecía su comportamiento maleducado”. Ha habido injerencias en las elecciones en el SUP.
-- Desde julio, el ministro responde con recortes a las libertades sindicales en la Policía, “lo que quedará escrito como una mancha en la gestión del segundo Gobierno socialista”.
-- Por dos veces el editorial habla de Rubalcaba llamándole “ex portavoz del Gobierno del Gal y los fondos reservados”.
-- “El ministro dice a quien le quiere oír que la culpa de la actual situación es del SUP, y especialmente de su secretario general, que es un radical y extremista ¡de derecha! Algún mando pelota, pijo rojo, socialisto y besaculos profesional le dice que sí, que el SUP está radicalizado, y algunos diputados trasladan a otras organizaciones (como AUGC) y a dirigentes del SUP que las puertas del ministerio están cerradas para esta organización”.
-- “Aquí no es que la política del ministro sea más o menos progresista, es que no hay política... Con Rubalcaba llegó la involución en derechos y libertades a Interior. Su gestión es una gran mancha, un lamparón que hace que no se pueda aprobar ni la gestión del presidente en relación con este ministerio, pues ni siquiera ha respondido a la carta respetuosa que le dirigieron las organizaciones sindicales en junio de 2008. Aznar sí respondía”.
-- Que los ciudadanos lo valoren positivamente no es significativo. Todos los ministros lo han sido. Si los políticos no comparecieran a explicar operaciones policiales, los titulares de Interior tendrían la valoración de los demás ministros. “Porque Rubalcaba no ha hecho nada para detener a Txeroki o a Aitzol Iriondo. Nada. Se hubiese detenido igual con otro ministro o sin ministros”.
La revista del SUP ofrece también una valoración crítica de los datos suministrados por Interior sobre criminalidad en 2007. La primera descalificación es que faltan los datos de los territorios con policías autonómicas (País Vasco, Cataluña, Navarra).Y la segunda es que contabiliza 1.882.642 infracciones penales, cuando la Fiscalía General del Estado, en su memoria, ofrece la cifra de 5.446.1296, tres millones y medio más.
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