JUSTICIA INDEPENDIENTE.

JUSTICIA INDEPENDIENTE.

(PD).- Los medios de comunicación adictos a Zapatero miran para otro lado, pero lo de la cacería-festejo es de espanto y en el patio de columnas, con tanta coña como mala leche, les dan duro este viernes al juez Garzón, al ministro Bermejo y a los que se empeñan en presentar el pringoso "affaire" como una simple e inocente coincidencia.

Que dos autoridades del Estado pasen juntos un fin de semana no es, de momento, sospechoso de nada. Garzón y Bermejo no serían los primeros españoles en disfrutar legítimamente de una finca poblada de muflones, jabalíes, ciervos, gamos y cabra montés de entre todas las que pueblan los latifundios de la mitad sur de España.

Pero dicho esto, el week-end cinegético del fiscal metido a ministro y del juez instructor metido a justiciero campeador tiene otra guasa que merece ser analizada con cuidado.

Escribe Carlos Herrera en ABC que la polémica surgida por el encuentro circunstancial de ambos personajes ha pretendido ser menguada con el argumento de que se ha tratado de una mera coincidencia que ha supuesto no poca sorpresa para ambos.

Dos compañeros de taller, en suma, se encuentran, escopeta en ristre, en una hermosa finca llamada «Cabeza Prieta» y pasan una agradable mañana juntos disparando venados y coronando la jornada con un suculento plato de migas sin mediar más protocolos personales que el decirse «coño, Mariano, ¿tú por aquí?».

Puede ser. Pero la realidad sabemos que es otra. El viernes día 6, a las nueve de la noche, cenaron juntos en el Hotel del Val, en Andújar, el ministro de Justicia, señor Bermejo, su esposa Susana Sánchez Herrero, la fiscal Dolores Delgado, el juez Baltasar Garzón, escoltas y otros funcionarios en lo que se supone que fue una jornada «entre compañeros» y de lo que no hay por qué sospechar nada doloso ya que resulta perfectamente verosímil que así sea.

Todos son amigos y tienen muchas cosas de las que hablar. Dos días después se desplazaron a la finca en cuestión, enclave cercado situado en el Parque Natural de Sierra Mágina, provincia de Jaén, en el municipio natal del magistrado.

La finca es propiedad de José Peñas Pérez, empresario de la industria farmacéutica residente en Cataluña, la cual fue adquirida merced a la fortuna de un suculento premio de la lotería de Navidad.

Cazar un muflón cuesta unos dos mil euros, pero nada hace pensar que los invitados hubieran de desembolsar ese dinero: es perfectamente factible que fueran invitados a ello en virtud del paisanaje y amistad de uno y otro.

El lomo, las alubias y el jamón van en el lote. Hasta aquí todo es normal: si usted o yo tuviéramos una finca de estas características y fuéramos aficionados a la caza también llevaríamos a nuestros amigos a pasar un fin de semana entre encinas, olivos y venados.

Concurre, no obstante, una circunstancia que agrava la situación: Bermejo es ministro socialista y Garzón instruye a su manera un sumario sobre presuntas conductas delictivas de miembros adyacentes -o constituyentes- del partido de la oposición al gobierno del que forma parte el primero.

Adelanta Carlos Herrera que él no presume connivencia ninguna, pero subraya que la inoportuna francachela entre ambos intoxica todavía más la de por sí sospechosa ejecutoria del juez.

A modo de ejemplo: al juez Gómez de Liaño consiguieron quitarle de en medio del caso Sogecable por haber comido con Jaime Campmany, impulsor de la denuncia, actuando como testigo el propio juez Garzón. ¿Qué habría que hacer en este caso?

Por lo visto, hay muflones y muflones. Unos despiertan iras y otros condecoran el pecho ardiente de los cazadores de Montesquieu. Ustedes mismos.

Ignacio Camacho, también en ABC, ahoda en la misma veta y nos pide en sun columna que imaginemos un bronco partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid en el que el árbitro pitase dos penalties a favor del Barça, anulase un gol al Madrid y le expulsara un par de jugadores.

Y que al día siguiente la prensa descubriese que el colegiado había compartido en vísperas del encuentro cena y montería con el presidente barcelonés, los dos ayudantes de línea, un importante dirigente federativo y el delegado del campo; todos ellos en alegre y jocunda confraternidad.

Imaginen que se arma un escándalo de aquí te espero; los madridistas recusan al trencilla, piden la repetición del partido y rompen relaciones con la Federación, acusándola de conspirar contra sus intereses a favor del adversario.

Sigan imaginando que los personajes cuestionados declaran que sólo hablaron «del hecho cinegético», que en ningún momento se comentó nada del inmediato partido, que es una canallada dudar de su profesionalidad e imparcialidad y que lo que tiene que hacer el Madrid es atender a las causas de su derrota, no cometer penalties y dar menos patadas.

En la siguiente jornada, el árbitro es designado para pitar de nuevo al equipo que le ha denunciado, al que vuelve a sancionar con un penalty mientras los organismos de supervisión se toman con máxima calma la denuncia recusatoria y confirman la correspondiente sanción a los futbolistas expulsados.

Sin salir del ámbito de la imaginación, examinen la reacción de la opinión pública. Los aficionados del Madrid cierran filas con el equipo y demandan la retirada de la competición. Los culés y el amplio sector antimadridista nacional deploran el victimismo del club, le acusan de conducta antideportiva y le recuerdan que los penalties fueron claros, las expulsiones justas y el gol anulado ilegal.

Para los primeros, la reunión de vísperas fue un contubernio malicioso que invalida la imparcialidad del árbitro, vicia de sospecha sus decisiones y cuestiona de raíz el resultado. Para los segundos, se trata de un asunto por completo marginal al que se aferran los perdedores para tender una cortina de humo.

Sólo un pequeño sector no alineado considera que, aunque el marcador fue justo y las infracciones sancionadas evidentes, la reunión previa del árbitro con uno de los bandos y con directivos de la Federación envenena de sospecha su actuación, constituye una manifiesta falta de respeto a las formas y ofrece indicios serios de connivencia que enturbian el espíritu del juego limpio.

Ahora dejen de imaginar, enciendan la televisión y abran los periódicos del día. Si encuentran alguna remota analogía política o judicial con este hipotético caso resultará absolutamente casual.

Porque resulta inimaginable que cosas así sucedieran en el ámbito de un Estado de Derecho... ¿no?

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El PP ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial el escándalo de la cacería de Garzón y Mariano Fernández Bermejo. Según el texto al que ha tenido acceso Intereconomía, el primer partido de la oposición solicita al órgano de gobierno de los jueces que intervenga dados los “distintos grados de connivencia que pueden existir entre el Ministro de Justicia de un Gobierno y el Juez que se está encargando de investigar a su principal adversario. Por respeto al Consejo -reza la denuncia- no queremos lanzar hipótesis sobre cuáles serán las impresiones que saquen los ciudadanos de a pie sobre la independencia del Poder Judicial, ni cuales serán los comentarios que suscitará en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero el Consejo sí tiene el deber de plantearse su propia responsabilidad y, en consecuencia, investigar a fondo. Demostrar que carecen de credibilidad aquellos que afirman que en el encuentro del fin de semana se cursaron por teléfono invitaciones a terceros para celebrar juntos la caza del PP”

“Hay ocasiones en la vida democrática en las que la preservación de las instituciones se ha puesto tan en cuestión, se ha llevado a tal grado de deterioro, que no es posible “quitarse de en medio” sin contaminar a la propia institución que se inhibe. La dignidad del Consejo y del Poder Judicial exige una investigación y una respuesta ejemplar en un caso tan escandaloso”, como dice gráficamente la denuncia del PP.(LaNacion.es)