Estas operaciones, difundidas en su día con gran profusión policial y mediática -la mayoría de los detenidos salieron de sus domilicios y despachos esposados y con las cámaras de televisión apostadas a las puertas-, han acabado con las desimputación de la mayoría de los afectados. Se da la circunstancia de que la comisaria denunciada es hija de José Augusto de Vega, ex magistrado del Tribunal Supremo y uno de los jueces que exculpó a Felipe González en el ‘caso GAL’, al asegurar que llamar al entonces presidente del Gobierno a declarar podría suponer una “estigmatización”.
El primer instructor policial de las investigaciones sobre la presunta corrupción de ediles del Partido Popular en los Ayuntamientos de Telde y Mogán (Gran Canaria), el inspector de Policía, José Ángel Vargas Tolosa, ha denunciado a la jefa superior de Policía en Canarias, la comisaria Concepción de Vega Caamaño, por haber actuado precipitadamente y sin respetar los principios de imparcialidad que deben presidir las actuaciones policiales.
La denuncia fue presentada el pasado día 12 de febrero de 2009 ante el Juzgado de Instrucción número tres de Las Palmas, y -en la misma- se argumenta que la precipitación de las actuaciones tuvo que ver “con razones, en realidad sin razones, envenenadas con la malicia y la perfidia y de lo cual son responsables el inspector Juan Murillo, su jefe de Brigada, Abel Pérez Gomar, y la comisaria Concepción de Vega Caamaño”.
El inspector Vargas denuncia en su escrito de acusación a la comisaria de Vega que “queda constancia de que no es la primera vez que el inspector Juan Murillo, en connivencia con sus superiores jerárquicos: Abel Pérez Gomar y la Comisaria de Vega, comunican elementos de juicio infundados, en relación a la autoría de un hecho delictivo ante un magistrado”, y añade -el denunciante Inspector Vargas-, que esto es una práctica intolerable en un Estado de Derecho que ha sido realizada más veces por Abel Pérez Gomar y la comisaria Sra. De Vega.
El inspector Vargas, profundo conocedor del caso Faycán, que el PP considera una cacería política contra su partido en Canarias, por haber sido el instructor policial de dicha causa desde el verano de 2005 hasta el 21 de agosto de 2006, periodo en el que se desarrolla la investigación principal que dio origen a la mayoría de las detenciones, dice -en base a ese conocimiento exhaustivo- que “los indicios que pudieran imputar al ex alcalde de Telde Francisco Valido y a los ediles Carmelo Juan Oliva, Sonsoles Martín, José Suárez Martel y Domingo Ramírez eran en unos casos inexistentes o bien en una fase totalmente inicial sobre la investigación y comprobación de los indicios”.
Añade el inspector Vargas que durante toda la investigación ha habido filtraciones interesadas a los medios de comunicación. Y que -en base a las mismas- se detuvo el día 7 de noviembre de 2006 al ex alcalde de Telde Sr. Valido y a otros cinco concejales más del Partido Popular, teniendo todo ello una enorme difusión a nivel regional y nacional, por las indiscutibles connotaciones políticas que ello tenía.
El inspector Vargas denuncia también que la investigación patrimonial en este caso se ha hecho con funcionarios sin la experiencia ni preparación en este tipo de tareas. Y recuerda expresamente que el pasado día 9 de febrero, el magistrado instructor retiró la imputación a tres de los ediles detenidos de la manera precipitada y con la malicia y perfidia de las que el inspector Vargas hace responsables al inspector Juan Murillo, a su jefe de Brigada, Abel Pérez Gomar y a su comisaria, Concepción de Vega Caamaño, actual jefa superior de Policía en Canarias.
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¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE ESTA CACERÍA? ¿Y DE OTRAS?
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