La ley de política lingüística vigente, que aprobó en 1998 el Parlament, detalla en su artículo 32 que señalización, carteles fijos y documentos de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados “al menos” en catalán.
La Generalitat ha ingresado 16.250 euros por estas multas, según el secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo, Miquel Salazar, en respuesta parlamentaria al presidente del PP en la cámara, Daniel Sirera.
En total, la Agencia Catalana del Consumo sancionó el año pasado a 733 establecimientos comerciales. Esto significa que las multas por no rotular en catalán fueron el 11,32% de las sanciones expedidas.
Además, hay 55 establecimientos con expedientes en fase de tramitación o de propuesta de sanción por no rotular en catalán. De todos estos expedientes, 40 se han abierto por denuncias.
La mayoría de multas se impusieron a establecimientos dedicados al comercio minorista (30), seguidos de los dedicados a los servicios (27), vivienda (11), transportes (7), telecomunicaciones (5) y grandes superficies (3).
Sobre el importe recaudado por sanciones en materia lingüística, por las multas a los establecimientos dedicados al comercio minorista, la Generalitat recaudó 7.100 euros; por los dedicados a los servicios, 5.550, y por los dedicados al transporte, 1.200.
Las grandes superficies, las inmobiliarias y los establecimientos del sector de las telecomunicaciones abonaron a la Generalitat 800 euros respectivamente en sanciones por incumplir la normativa.
La ley de política lingüística vigente, que aprobó en 1998 el Parlament, detalla en su artículo 32 que señalización, carteles fijos y documentos de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados “al menos” en catalán.
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