La Generalidad incumple por sistema las sentencias judiciales sobre el castellano
Diario ABC, 30-12-2008
Martes 30 de diciembre de 2008, por DENAES
Los portavoces del PP catalán, Ciudadanos (C´s) y UPyD, la formación que lidera Rosa Díez, coincidieron ayer en dar nula credibilidad al respeto de la Generalitat por las decisiones judiciales especialmente en materia de política lingüística. Las tres formaciones recordaron que el Gobierno catalán ha incumplido sistemáticamente la ley en esta materia y advirtieron al tripartito de que velarán porque cumpla a rajatabla la sentencia del Tribunal Supremo.
El fallo, conocido el sábado, obliga al Gobierno catalán a incluir en los formularios de preinscripción escolar la casilla sobre la lengua materna del niño. Una condición que consideran ineludible para cumplir con el mandato legal de permitir la elección de la lengua de primera enseñanza de los alumnos hasta los 8 años.
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, advirtió ayer que su formación «velará por el cumplimiento» de la sentencia y reclamó al ejecutivo de Montilla que «cumpla una ley aprobada por el Parlamento». La dirigente popular señaló que el Gobierno regional ni siquiera puede escudarse en el argumento de la imposición externa, puesto que es la Ley de Política Lingüística aprobada por la Cámara autonómica en 1998 la que obliga a la Generalitat a permitir que los padres puedan escoger la lengua de la primera enseñanza de sus hijos.
Sin trampas ni excusas
Sánchez-Camacho advirtió al tripartito «que no busque caminos trampa ni excusas» para no aplicar la sentencia y que habilite los medios para que se cumpla la ley. «Como madre», concluyó la dirigente popular, «espero poder escolarizar a mi hijo en su lengua materna el próximo curso».
Por su parte, el diputado de C´s Antonio Robles recordó que existen tres sentencias «clave» de los tribunales que ponen de manifiesto «los atropellos de la política lingüística» de la Generalitat. Robles se refirió a los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la aplicación del Decreto de la tercera hora de castellano en Enseñanza Primaria, la prohibición de utilizar el catalán de forma exclusiva en las actividades de acogida matinal de las escuelas públicas y concertadas y la que ahora ha ratificado el Supremo, sobre la inclusión en los formularios de preinscripción de una casilla que permita especificar la lengua materna del alumno.
Robles cree que la sentencia del Supremo insta a la Generalitat a velar «para que los derechos que contempla la ley no sean meramente teóricos o ilusorios» y se mostró convencido de que el Alto Tribunal «se cura en salud porque prevé lo que siempre han hecho todos los gobiernos de la Generalitat, es decir, aparentar el cumplimiento del derecho y conculcarlo en la práctica».
El diputado de C´s aseguró que su partido «ayudará a todos los padres que hayan pedido y no hayan conseguido que sus hijos sean escolarizados en castellano desde los 3 a los 8 años para que exijan al Gobierno de Montilla el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento sistemático de la ley».
Unión Progreso y Democracia (UPyD) fue un paso más allá al abogar por una movilización social para obligar al Gobierno catalán a dar cumplimiento al fallo. La formación de Rosa Díez no concretó el formato de esa movilización, que deberían liderar entidades civiles como Convivencia Cívica Catalana —autora de la demanda contra la Generalitat que ahora ha sido ratificada por el Supremo— con el apoyo de los partidos. De momento, se debate sobre la convocatoria de un acto en la plaza de Sant Jaume.
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