LA CORRUPCIÓN.

7/1/2009.

GRUPO RAMÓN LLULL: "La corrupción constituye tal vez la manifestación que más escandaliza a los ciudadanos entre los vicios que corroen a nuestra clase política. La lucha contra la corrupción, por tanto, pasa naturalmente por rebelarse contra estos vicios."

Se va generalizando la percepción de que los partidos políticos en España han nacido con vocación de servirse a sí mismos. Aunque la prudencia nos aconseja huir de burdas generalizaciones no hay que dejarse llevar tampoco por el optimismo de la propaganda oficial, en manos de la propia clase política, los más interesados en soslayar su pésima imagen entre la ciudadanía. Seríamos hipócritas, por otro lado, si no reconociéramos la máxima actoniana de que cualquier poder conlleva una corrupción inherente, la de aprovecharse en mayor o menor grado de una posición de ventaja en cualquiera de sus múltiples variantes. Como apunta certeramente Alejandro Nieto, la realidad diaria nos confirma que “la actividad política está inspirada originariamente por dos tendencias contrapuestas”, la de servir a los demás y la de servirse a uno mismo. Salvo excepciones, no hay partidos ni políticos tan altruistas que únicamente obedezcan sólo a intereses generales (como debería ser) ni tampoco tan egoístas que desatiendan cualquier interés general para engolfarse únicamente en sus intereses propios y personales, como denuncian resignados los más pesimistas.

Sentada la obviedad de que erradicar de cuajo la corrupción es imposible puesto que la corrupción es al poder lo que la sombra es al cuerpo, sí que, en cambio, es posible minimizarla dentro de unos límites tolerables. Y es ahí precisamente donde radica la principal resistencia de nuestra democracia, puesto que son las propias oligarquías partidarias de la partitocracia española las máximas interesadas en que el sistema de pesos y contrapesos del que nos hemos dotado no funcione como sería deseable. Efectivamente, minimizar la corrupción sería tan fácil como restar discrecionalidad en la toma de decisiones y recortar la capacidad de gasto a los políticos, un casi imposible físico y metafísico ya que atentaría contra su propia razón de ser. Los principales instrumentos para luchar contra la corrupción chocan frontalmente, por tanto, con los intereses de los partidos que no quieren soltar prenda en ninguno de sus conocidos vicios: financiación ilegal, listas bloqueadas y cerradas que hace que a los políticos les salga más a cuenta llevarse bien con sus máximos dirigentes que en representar dignamente a sus representados, politización de la Justicia y la Fiscalía, unos funcionarios poco independientes al depender orgánicamente de los políticos en cuyas manos se dejan los ascensos y las prebendas, profesionalización de la política que ha dejado de concebirse como una actividad de paso para convertirse en una profesión vitalicia sin permitir la circulación higiénica de las elites, la concepción de la Administración como un botín a explotar a manos del vencedor de las elecciones, concentración real de los tres poderes en el ejecutivo o el generalizado sistema clientelar como sustituto del antiguo caciquismo.

Vicios todos ellos de nuestra democracia prebendaria en la que, huelga decirlo, los máximos beneficiarios son los todopoderosos partidos políticos junto a una casta parasitaria que ha crecido al calor del pesebre, apuntalándose mutuamente y nada dispuestas a renunciar a los intereses creados.

Por si fuera poco, la ejemplaridad que en algún momento se les presuponía a los líderes políticos ha pasado a mejor vida. Concretamente aquí en Baleares esta desgracia se ha visto corregida y aumentada. El ejemplo de los máximos dirigentes de los partidos de las Islas no ha sido ni es nada edificante y a la vista de unos modelos tan poco ejemplares, modelos que para bien o para mal se proyectan sobre sus subordinados, que tienden a emularlos. Caeríamos en el más infantil de los autoengaños si pensáramos que las cortes de las que se han rodeado estos años pueden liderar la necesaria regeneración.

La corrupción constituye tal vez la manifestación que más escandaliza a los ciudadanos entre los vicios que corroen a nuestra clase política. La lucha contra la corrupción, por tanto, pasa naturalmente por rebelarse contra estos vicios. Cada escándalo suscita la justa indignación de los que achacan a la “falta de controles” la verdadera etiología de la corrupción. No se equivocan. Esta falta de controles significa en el fondo la quiebra de todo el sistema de pesos y contrapesos que tiene por objeto, en cualquier sistema demoliberal, controlar y limitar el poder. Falla el contrapeso de la burocracia, no tanto por su incompetencia sino por la anuencia de unos funcionarios que, no tanto por acción sino por omisión, “dejan hacer” cuando tienen la responsabilidad de denunciar estos comportamientos indecentes.

También falla el contrapeso político debido a la connivencia de los partidos en la oposición ante ciertas prácticas reprobables, conscientes de que tampoco ellos están en condiciones de tirar la primera piedra. Por no hablar del importantísimo contrapeso judicial que, además de incurrir, corroído por la invasión política, en un detestable doble rasero, tampoco se ha atrevido a poner fin a la inmunidad y la impunidad tanto de los políticos como de los altos funcionarios en la toma de aquellas decisiones que, abusando de una discrecionalidad rayana en la arbitrariedad, resultan lesivas para los intereses y derechos de los ciudadanos.

La corrupción en España sería perfectamente minimizable sólo si el sistema de pesos y contrapesos de los que nos hemos dotado, propio de la democracia liberal, funcionara de verdad. La democracia liberal nace precisamente de la desconfianza hacia el poder y de la necesidad de limitarlo y controlarlo. Desafortunadamente, los partidos políticos españoles son los máximos interesados en que no funcionen los necesarios contrapesos. El contrapeso social impulsado por una opinión pública exigente y responsable, el contrapeso burocrático garantizado por unos funcionarios justos, independientes y ecuánimes, el contrapeso político de una oposición que rechace los cambalaches y el compadreo con el partido gobernante y el contrapeso judicial de una Justicia independiente y justa, valga la redundancia, distan mucho de funcionar con eficacia en España.

Además de una ciudadanía sensible y crítica frente a las
corruptelas y abusos del poder, necesitamos una nueva hornada de políticos con vocación de servicio público que crean realmente en un Estado de Derecho con su sistema de pesos y contrapesos funcionando a pleno rendimiento. Sólo así, ahondando en la vertiente liberal de la democracia, lograremos reducir la corrupción a la mínima expresión.

GRUPO RAMÓN LLULL (A. Alemany, J. Font, R. Gil, S. Jaume, M. Nigorra, R. Piña, S. Urbina.)