CORRUPCIÓN SOCIALISTA.

LA CORRUPCIÓN DEL PSIB-PSOE (B.L.)

El presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, declara hoy imputado por cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental

Hoy el socialista Tarrés no podrá ejercer durante varias horas como máximo representante de los ibicencos porque deberá presentarse en los juzgados de Bartolomé Roselló tras su «plurimputación» en el Caso Ibiza, citando al abogado de la acusación particular Andrés Tuells. Será la primera vez en la historia que un presidente del Consell Insular de Ibiza se ve obligado a pasar por semejante trance.

«Suponía que acabaría así desde hace mucho tiempo», reconoció en Tarrés el pasado 29 de octubre tras su primera imputación provocada por la querella presentada por el ex secretario general de los socialistas de Ibiza, Roque López, en la que acusaba a su ex amigo de los presuntos delitos de «cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude». Días después el juez añadiría la de «falsedad documental».

Tarrés era el alcalde de Ibiza cuando se destapó el presunto caso de corrupción. Precisamente cuando el ex secretario general de los socialistas de Ibiza detalla, en una serie de conversaciones mantenidas mientras dirigía el partido, que el PSOE pactó con el presidente de la promotora Brues el cobro de una comisión de 1,5 millones de euros. También cuenta cómo la formación política que lideró hasta noviembre de 2006 acordó el cobro con uno de los protagonistas del caso Roldán, el empresario Antonio Pinal. Estas conversaciones fueron grabadas en unas cintas que fueron destapadas por el diario EL MUNDO, desvelando el mayor escándalo de corrupción de la historia de Ibiza.

En una de ellas, el actual alcalde de San José, el socialista Josep Marí Ribas, desvelaba cómo obtenía Brues el dinero que, supuestamente, iba a parar más tarde a manos del PSOE de Ibiza. En el escándalo implicaba también al PP, que cobraría la misma cantidad que los socialistas. Presuntamente, el dinero negro de la venta de parte de los pisos previstos en Ibiza debía servir para que Brues abonara las comisiones ilegales «al PSOE y al PP».

«La operación de venta de los metros sobrantes del edificio de allá (en Juan XXIII) es lo que supuestamente tiene que generar unos beneficios en B que van a ir a los partidos», explicaba en la grabación el hoy alcalde de este municipio, que tras su declaración como imputado aseguró no reconocerse en algunos momentos de las grabaciones.

Días después la supuesta trama de corrupción salpicaba al presidente del Govern balear, Francesc Antich, ya que según Roque López estaba al tanto de las operaciones que se realizaban en Ibiza. La socialista Sandra Mayans, concejala del Ayuntamiento de Ibiza y una de las principales denunciantes de la presunta trama de corrupción en las cintas grabadas por Roque López, tampoco dudó en confesarle al juez que instruye este caso: «Francesc Antich sabía lo que estaba pasando pero daba largas».

Una de las principales cuestiones que Xico Tarrés deberá responder hoy ante el juez es si, tal y como sostiene Roque López, viajó a Madrid en compañía de Emilio Pérez Echagüe, gerente de la empresa municipal Imvisa y del concejal Pedro Campillo, para informar al vicesecretario general del PSOE José Blanco para que autorizara el cobro de comisiones de la constructora.

Blanco no sólo negó haberlo autorizado sino que se querelló contra Roque López por un delito de injurias y calumnias. Sin embargo, días después se uniría también a una querella realizada desde los socialista de Ibiza contra su ex secretario general por «revelación de secretos».

Precisamente en torno al polémico edificio de Juan XXIII, donde el Ayuntamiento de Ibiza pretende realojar a los vecinos de Santa Margarita, reside la instrucción judicial.

Apenas un mes después de la primera imputación de Tarrés, el 27 de noviembre el juez decide imputar a Xico Tarrés por un presunto delito de falsedad documental, en referencia a la licencia de obra nueva del edificio Juan XXIII.

El abogado de López, Andrés Tuells, asegura que Tarrés otorgó la escritura de declaración de obra nueva del edificio Joan XXIII el 1 de diciembre de 2005, «faltando a la verdad de los hechos». Según Tuells, Tarrés habría declarado ante notario que el edifico de Juan XXIII sólo constaba de 36 viviendas cuando ya se habían construido 160.

Ricardo F. Colmenero