(He intentado mejorar las cosas 'Milagros ZP' pero no he nacido para la informática. No se ve bien y lo lamento. Pero no hay más cera que la que arde. Es cierto que Google ofrece un cambio para el Blogger. Una vez me atreví a meterme en esta renovación y el resultado fue que me castigaron cinco días sin acceder al portal. O sea, cada vez que toco algo (informáticamente hablando) la fastidio. Espero que la paciencia de los usuarios del servicio telefónico y calefacción alternativa sepan comprender estas anomalías casi completamente ajenas a Pepiño Blanco. No descarto que los chicos de Google se decidan a cambiarlo por su cuenta. ¡Venga hombre! Aunque sea por lo del año Nuevo sin ZP. Es el cava valenciano que hace efecto. De todos modos, las noticias son tan malas que es mejor que no se lean bien.) Y LA INMIGRACIÓN NO PUEDE EVITARLO |
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| La quiebra del Estado del bienestar español es inexorable en seis años |
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| Carmelo López-Arias |
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| El informe del Ministerio de Trabajo es demoledor, y estaba hecho sobre perspectivas optimistas, sin tener en cuenta la crisis. El Fondo de Reserva sólo aliviará el problema hasta 2020. |
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| 31 de diciembre de 2008 |  |  |  |  |
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Las afirmaciones anteriores no proceden de un banal alarmismo, exagerado por la crisis económica. Son datos del Informe de Estrategia de España en relación con el futuro del sistema de pensiones, dirigido a la Unión Europea por el Ministerio de Trabajo en 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, y preparado conforme a previsiones optimistas de empleo y crecimiento, ahora desmentidas. El asunto es de tal gravedad que habría debido ocupar el debate nacional, en vez de morir en el silencio a la espera del desastre. Así lo denuncia Josep Miró i Ardèvol, ex conseller de Jordi Pujol, en una obra, El fin del bienestar, que cualquier persona preocupada por su futuro debería leer para saber a qué atenerse, dado que nuestros políticos nos lo ocultan. La causa prácticamente única de esta situación es el hundimiento de la natalidad, unido a la prolongación de la esperanza de vida. Con la pirámide de población invertida, no hay cotizantes suficientes para sostener económicamente el sistema. El problema se ha paliado con la inmigración, pero no puede resolverse sólo con ella. Miró i Ardèvol echa cuentas y, de mantenerse la natalidad como hasta ahora, para que la relación ocupado/jubilado fuese de 2,1 en 2050 y garantizase la continuidad del sistema, la relación de población tendría que ser de 24 a 30 millones de inmigrantes para 43 millones de españoles. Ni eso es pensable desde el punto de vista nacional, ni lo es desde los países origen, que no podrían aportar durante tanto tiempo semejantes flujos de población. La irresponsabilidad de los políticos La contundencia de las cifras convierte en escandalosa la irresponsabilidad de los políticos. Con su propio informe de 2005 encima de la mesa, Zapatero puso en marcha, y el PP respaldó con tenues críticas, la ley de dependencia, que ya está fracasando por imposibilidad de financiación y que podría agravar los momentos críticos al suponer un gasto mínimo del 1% del PIB, que podría llegar al 3%. No sólo es eso: ninguna de las medidas que proponen todos los estudios independientes de los últimos años (retraso en la edad de jubilación, adecuación actuarial de la pensión percibida a lo cotizado, etc.) están recogidas en ninguna propuesta seria y pública de salvación del sistema. Socialistas y populares se limitan a ganar tiempo para que sea el rival quien tenga que aplicar la tijera cuando esta otra "burbuja" también estalle. El error económico de destruir la familia Pero Miró i Ardèvol va más allá de señalar las fallas financieras a las que se va a enfrentar no sólo el sistema de pensiones, sino la misma sanidad pública, y en otro sentido la educación: los tres pilares, pues, del llamado Estado del bienestar. Apunta también a los males sociales (inducidos desde el poder político con la misma inconsciencia con que manejan las previsiones presupuestarias) que originan o agravan ese colapso de la natalidad que lo hundirá. En concreto, la destrucción legal de la institución familiar y la cultura de la desvinculación. La inestabilidad del matrimonio, su anulación legal mediante equiparación con las uniones homosexuales, la difusión de una mentalidad que minusvalora la paternidad... tienen un coste económico bien estudiado. Se trata de la idea de Capital Social. Éste basa su eficacia en la confianza y en la cooperación basados en un núcleo familiar amplio, lo cual disminuye los denominados costes de transacción; por contra, en un escenario de individualismo, desvinculación y ruptura, esos costes crecen porque hay que incrementar los mecanismos de control. No es una elucubración teórica: la Fundación BBVA realizó en 2006 un Estudio Internacional sobre Capital Social, basado en datos de 20.000 de trece países, que revela la importancia de la red familiar en España como resultado de la tradicional fortaleza de su institución matrimonial, y su traducción en ese capital social que camina hacia la volatilización por obra de iniciativas legales que responden a la ideología de género (hermanando a feministas radicales y lobby gay) y en la práctica penalizan la descendencia. Porque el problema para la familia no es que se generalicen comportamientos necesariamente minoritarios, como el del austriaco Adolfo Hoffman, quien, casado con Sandra y con dos hijos, decidió ser transexual, se convirtió en Bettina, y exigió que se le reconociese como esposa en un matrimonio de mujeres, y a la vez como padre de los hijos que había tenido como hombre. No: según Miró i Ardèvol, el problema que plantean estos casos cuando logran modificar la ley es que destruyen la concepción y las funciones de las instituciones afectadas, esto es, el matrimonio, la paternidad, la maternidad y la filiación. Y sin una protección global a la familia que favorezca su estabilidad, la caída de la natalidad es inexorable, con las consecuencias económicas conocidas. Por no hablar del aborto y de la imposición a los jóvenes de una cultura antinatalista. Soluciones antes de que sea tarde Por eso, junto a medidas como una transición hacia modelos de capitalización en la Seguridad Social, o un modelo inmigratorio que tenga en cuenta que los inmigrantes también se jubilan, o acciones que produzcan un incremento real de la productividad y la competitividad (bajísimas en España respecto a nuestro entorno), Miró i Ardèvol propugna una revisión de la legislación antifamiliar en cuanto contraria al Estado del bienestar. Su crisis "es en realidad una crisis de la sociedad, de sus virtudes y vicios, valores y antivalores", y puede hacernos bajar "por la pendiente de la crisis y el empobrecimiento" si a corto plazo se desploma el colchón público que nos hacía afrontar sin temores económicos la enfermedad o la vejez. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX El sudoku sigue sin cuadrar. (ABC) Miércoles, 31-12-08 EL mismo día en que el Banco de España confirmaba el agravamiento de la crisis y la confirmación de que 2008 terminará en recesión, el Gobierno anunció el plan para la nueva financiación de las Comunidades Autónomas. Sin entrar en consideraciones de detalles, las premisas del nuevo modelo parecen contraindicadas para emprender un proceso de trasvase de fondos desde la Administración Central del Estado a las administraciones autonómicas. Por lo pronto, resulta incomprensible que este plan se presente desconectado del presupuesto general del Estado para 2009, lo que hace aún más inútil la previsión de gastos e ingresos aprobada por el PSOE y sus socios nacionalistas de ocasión. Puede decirse, sin temor a exagerar, que España carece de un plan económico integral, fiable y realista para afrontar el que será el peor año económico desde la crisis de 1929. No sólo el presupuesto general para 2009 está «desactualizado», como reconoció el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, -nuevamente desbordado por la realidad de la crisis económica y la diplomacia directa de Zapatero con las autonomías-, sino también derogado de hecho porque no contempla la repercusión del nuevo modelo fiscal que va a soportar la financiación de las comunidades autónomas. Por otro lado, resulta inaudito que los mismos que se entusiasman con la rehabilitación del Estado frente al declive del mercado libre se estén aplicando en España a desarmar económicamente al Estado. En un momento histórico que precisa un gobierno fuerte, políticas de cohesión, convergencia con Europa, garantías de solidaridad y, en definitiva, decisiones nacionales, en el sentido más político del término, el ejecutivo socialista opta por debilitar las estructura financiera común del país, reforzando las de las administraciones autonómicas. Este planteamiento podría ser menos preocupante si los destinatarios de estos nuevos recursos financieros se hubieran mostrado habitualmente eficaces en la gestión del dinero público. Pero, en general, no ha sido así. Sin duda, era necesario mejorar la financiación de las autonomías que soportan mayores cargas sociales y de otro tipo, pero cabe temer que el problema que ahora se alivie temporalmente, vuelva a reproducirse más adelante si determinados territorios no mejoran la eficiencia de su gestión y si no existen verdaderos controles del gasto autonómico, así como mecanismos de retorno al Estado de los instrumentos fiscales que ahora se transfieren. Además, todo tiene un coste. Solbes no especificó ayer cuánto supone, en euros, la nueva propuesta de financiación autonómica. Tampoco cómo va a compensar el Estado la pérdida de ingresos para seguir sufragando sus propias políticas sociales, a las que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado inmunes a la crisis, pero acepta un modelo financiero que cada vez proveerá menos recursos al Estado. Si la solución es, como denuncia el Partido Popular, que se genere más deuda pública y que aumenten los impuestos o la presión fiscal, Zapatero sólo habrá conseguido aplazar un problema -el de las reivindicaciones autonómicas- y agravar a corto plazo el de la insuficiencia financiera del Estado. Si no se aborda una revisión seria y exigente de la situación actual de España, hay que estar prevenidos frente a una cada vez menos improbable inviabilidad económica del Estado social. El Gobierno está comprometiendo recursos públicos como si éstos fueran ilimitados y las Comunidades Autónomas, en una carrera de intereses propios, han optado por aceptar la prodigalidad de Zapatero. Pero el desempleo puede llegar al 16 por ciento, el consumo decrece constantemente y sigue sin haber financiación para empresas y familias. La rebaja de los tipos de interés de referencia para los préstamos hipotecarios y la reducción de la inflación consuelan poco si se pierde el trabajo. Las medidas de reactivación, aunque necesiten más tiempo para que inviertan la tendencia recesiva de la economía, no han logrado, al menos, frenar el empeoramiento de la situación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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