La reforma de la Ley del Aborto del Gobierno ha dividido al Consejo Fiscal. Los miembros de esta institución no han llegado a un acuerdo para presentar un dictamen al respecto por lo que han decidido presentar dos informes. La mayoría de fiscales la ha calificado de inconstitucional al considerar que no defiende el derecho a la vida del no nacido. Por otra parte, lo más destacado del informe del grupo liderado por Cándido Conde-Pumpido es la sugerencia a las menores de 16 años de informar a sus padres antes de acudir a abortar.
Efe. Madrid
23-06-2009 (ElImparcial)
El sistema de la ley de plazos que plantea la reforma de la Ley del Aborto es inconstitucional según la mayoría del Consejo Fiscal. El informe que acredita este dictamen no ha sido apoyo por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ha secundado otro escrito. Dos informes para reflejar dos posturas que parecen irreconciliables.
Con su decisión, la mayoría de los fiscales propina un duro revés al anteproyecto presentado por Bibiana Aído al tachar de incostitucional la legalización del aborto libre durante las 14 primeras semanas de gestación por considerar que esta ley de plazos no defiende el derecho a la vida del no nacido, que queda "absolutamente desprotegido". Los fiscales afirma que la voluntad de la mujer aparece "como absoluta frete al valor de la vida en el nasciturus, en contra de los postulados". Los representantes del Ministerio público afirman que en la reforma plantean el derecho de la madre a abortar como "si de un derecho fundamental se tratara".
En este informe, los fiscales han explicado que, junto a la información que debe tener la menor antes de decidir sobre la interrupción o no de la gestación, tiene que recibir "una explícita y razonada invitación" a informar a sus padres, tutores o a una persona adulta de su confianza. La menor será invitada también a "valorar junto a ellos" las alternativas y consecuencias a su decisión.
Los fiscales que suscriben este informe son conscientes de que "es obvio" que la posición de los padres puede tener "una relevancia extrema", entre otras razones, por su eventual disposición positiva a asumir y compartir con la gestante las cargas del embarazo y la maternidad.
Estos fiscales, pertenecientes al sector progresista del Consejo Fiscal, han afirmado que han echado de menos en el texto propuesto por el Gobierno una "mínima explicación" sobre los motivos por los que han optado por el límite de 14 semanas para que una mujer pueda interrumpir voluntariamente el embarazo.
Además, "tampoco se razona de manera explícita" por parte del Gobierno, según este informe, la introducción de un límite temporal de 22 semanas en los abortos terapéuticos. Sobre la redacción del proyecto en cuanto a las penas con las que una mujer puede ser castigada por abortar, los fiscales han concluido que, si lo que se pretende ahora es "despenalizar la conducta de la mujer en toda clase de aborto" que se practique fuera de un centro autorizado, "debería corregirse la redacción extremadamente confusa" sobre las interrupciones del embarazo que en principio pueden "ser legales".
En el informe de los fiscales se ha reconocido que la ampliación de la Ley del Aborto es "una de las más controvertidas en el debate público democrático" y que se ubica en "una intersección sensible de discrepancias científicas, posiciones ideológicas e incluso sentimientos religiosos". La posición del Consejo Fiscal no ha sido unánime, y los fiscales pertenecientes al sector conservador emitirán otro informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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