SUDOKU IMPOSIBLE.
Martes, 30-06-09
LO de menos son los plazos que pone y quita Rodríguez Zapatero, las «giras» de Manuel Chaves en las horas más bajas de su larga carrera política o las permanentes rondas de contactos a cargo de Elena Salgado. En rigor, el problema de la financiación autonómica obedece a la falta de modelo territorial por parte de un Gobierno oportunista que negocia día a día para salir del paso a costa de los principios básicos de unidad, autonomía y solidaridad que vertebran el sistema autonómico de acuerdo con la Constitución.
A estas alturas, ni siquiera los más ingenuos hacen caso a las promesas del presidente ni a las buenas palabras del vicepresidente de Política Territorial, cuya capacidad de decisión en esta materia es muy reducida puesto que se limita a ejercer como telonero de su colega de Economía y Hacienda. Como siempre, llegan las prisas de última hora para llevar una propuesta aceptable al Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el 15 de julio. El Estado está dispuesto a poner sobre la mesa 9.000 millones de euros adicionales para contentar a casi todos, pero las cuentas no terminan de cuadrar y así no sale el sudoku por mucha voluntad de negociar que pongan unos y otros.
A estas alturas, ni siquiera los más ingenuos hacen caso a las promesas del presidente ni a las buenas palabras del vicepresidente de Política Territorial, cuya capacidad de decisión en esta materia es muy reducida puesto que se limita a ejercer como telonero de su colega de Economía y Hacienda. Como siempre, llegan las prisas de última hora para llevar una propuesta aceptable al Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el 15 de julio. El Estado está dispuesto a poner sobre la mesa 9.000 millones de euros adicionales para contentar a casi todos, pero las cuentas no terminan de cuadrar y así no sale el sudoku por mucha voluntad de negociar que pongan unos y otros.
Estas maniobras partidistas pretenden alcanzar varios objetivos incompatibles entre sí. Por una parte, hay que resolver el caso de Cataluña, no sólo para evitar la previsible rebelión del PSC, sino también para buscar acuerdos en el Congreso con otras fuerzas políticas que permitan salvar la cara a un Ejecutivo sin apoyos parlamentarios.
Al mismo tiempo hay que atraer a Madrid y a la Comunidad Valenciana con una oferta suficiente para desactivar la posible oposición del PP, cuyo rechazo haría inviable cualquier solución. También hay que contar con Extremadura, Castilla-La Macha o Andalucía, feudos tradicionales del voto socialista, que no están dispuestos a salir perdiendo.
Así las cosas, Rodríguez Zapatero se hace fotos con sus visitantes en La Moncloa y, a continuación, encarga a sus subordinados una tarea imposible ya que tienen que conjugar al mismo tiempo criterios de población, nivel de vida, inmigración, escolaridad o incluso segundas lenguas cooficiales.
Al mismo tiempo hay que atraer a Madrid y a la Comunidad Valenciana con una oferta suficiente para desactivar la posible oposición del PP, cuyo rechazo haría inviable cualquier solución. También hay que contar con Extremadura, Castilla-La Macha o Andalucía, feudos tradicionales del voto socialista, que no están dispuestos a salir perdiendo.
Así las cosas, Rodríguez Zapatero se hace fotos con sus visitantes en La Moncloa y, a continuación, encarga a sus subordinados una tarea imposible ya que tienen que conjugar al mismo tiempo criterios de población, nivel de vida, inmigración, escolaridad o incluso segundas lenguas cooficiales.
El origen de esta batalla sin sentido de todos contra todos está en el Estatuto catalán, impulsado directamente por el presidente del Gobierno. Mientras el TC sigue eternizándose ante una sentencia trascendental, la norma estatutaria produce ya sus efectos prácticos y, en este caso, abre un proceso general de reivindicaciones particularistas que ponen en cuestión la solidaridad territorial e incluso el sistema de bienestar.
Según la Constitución, el Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos los españoles tengan los mismos derechos y deberes en todas las partes del territorio nacional, pero no parece posible cumplir esta regla elemental por mucho que se establezca un Fondo de Suficiencia para financiar servicios públicos básicos o que el Ejecutivo mantenga -por ahora- al menos el 51 por ciento de los recursos financieros. La sabiduría popular dice, con razón, que: «Una cosa es predicar y otra dar trigo». A Rodríguez Zapatero le ha llegado la hora de hacer frente a sus promesas y es fácil suponer que no puede quedar bien con todos a la vez. (ABC)
Según la Constitución, el Gobierno tiene la obligación de garantizar que todos los españoles tengan los mismos derechos y deberes en todas las partes del territorio nacional, pero no parece posible cumplir esta regla elemental por mucho que se establezca un Fondo de Suficiencia para financiar servicios públicos básicos o que el Ejecutivo mantenga -por ahora- al menos el 51 por ciento de los recursos financieros. La sabiduría popular dice, con razón, que: «Una cosa es predicar y otra dar trigo». A Rodríguez Zapatero le ha llegado la hora de hacer frente a sus promesas y es fácil suponer que no puede quedar bien con todos a la vez. (ABC)
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