¿GOBIERNO DE LOS JUECES?
LO ocurrido en la Comunidad de Madrid va más
lejos de una derrota del PP, de una victoria de la «marea blanca» o de
lo que pueda pasar en las próximas elecciones, cualesquiera que sean. Es
una muestra de la mala salud de nuestra democracia.
Vayamos a los hechos: el Gobierno madrileño
había decidido «externacionalizar» –eufemismo de privatizar– la gestión
de seis hospitales, al considerar que dicha gestión es más eficaz que la
pública. La respuesta fue una enorme y prácticamente unánime protesta
del personal sanitario, que se movilizó durante meses, apoyado por
diversos colectivos y, naturalmente, la oposición. Visto que el Gobierno
no cedía, llevaron el asunto a los tribunales, y el Superior de Madrid
suspendió cautelarmente la medida «en defensa del interés publico y para
evitar daños que serían irreparables».
En apariencia, todo en orden. En caso de
controversia, lo que procede es acudir a los tribunales para que
decidan. Pero esta no es una controversia cualquiera. No estamos
hablando de un conflicto laboral, de un delito o de un pleito de
propiedades. Estamos hablando de un conflicto de jurisdicciones. Y esto
es otra cosa.
Diría, incluso, algo completamente distinto. La Comunidad
de Madrid no iba a privatizar los hospitales, que continuaban siendo
suyos, o sea, de sus ciudadanos. Iba a privatizar su gestión, es decir,
su administración, y la administración, en democracia, corresponde a la
Administración, con mayúscula, es decir, al Ejecutivo o Gobierno, no a
la Justicia. En último término, y de estar en riesgo los derechos o
intereses de los ciudadanos, como la sentencia alega, correspondería
decidir al Tribunal Constitucional, nunca a un tribunal ordinario, por
muy Superior que sea de una Comunidad. Con lo que el madrileño, en
opinión de este que escribe, que sin ser experto en leyes es experto en
democracia por haber vivido su entera vida adulta en democracias
consolidadas, se ha excedido en sus competencias.
Lo chusco es que el caso se convierte en
«justicia poética», nunca mejor usada la expresión, si pensamos que da
la vuelta a uno de los pecados originales de nuestra democracia: la
politización de la Justicia. Los partidos no respetaron la norma básica
de la separación de poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y
procuraron por todos los medios asegurarse el control del tercero de
ellos –empezando por el Consejo General del Poder Judicial y terminando
por el de la Fiscalía General, subordinada al Ministerio de Justicia–, a
fin de asegurarse la inmunidad en sus errores y tr
De la Justicia politizada pasamos al gobierno
de los jueces. No sé qué es peor. Mejor dicho, lo sé: el gobierno de la
calle. Pero esa es otra historia. ¿O es la misma?
(José María Carrascal/ABC)
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