FRANCO MIENTE.
Resulta lógico que cualquier imputado que se sabe culpable recurra a la tergiversación de los hechos, a la ocultación de información o a las medias verdades en su afán por librarse de la condena.
Ahora bien, cuesta encontrar mentiras tan poco trabajadas, burdas y evidentes como la que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha evacuado este miércoles ante la juez que investiga si cometió un delito de prevaricación al no prohibir por razones sanitarias la manifestación del 8-M en la capital, cuando el Ejecutivo ya sabía del riesgo cierto de contagio del coronavirus en un acto de esas características.
Y es que Franco se ha limitado a negar la mayor con total desfachatez afirmando que "no había elemento alguno para prohibir el 8-M" y a asegurar que actuó con "arreglo a la ley y a lo que decían los expertos". Como si la propia Delegación del Gobierno no hubiera implantado ya el 28 de febrero un protocolo de actuación por el que pedía a sus propios trabajadores que extremaran las medidas de higiene y de distanciamiento social por mor del coronavirus.
Como si ese mismo día la Organización Mundial de la Salud (OMS) no hubiera elevado de 'alto' a 'muy alto' el riesgo de propagación del coronavirus en España. Como si el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades no hubiera emitido el 2 de marzo un informe en el que reclamaba a todos los Gobiernos de la UE que dictaran "medidas de distanciamiento social individual" y en el que les pedía, literalmente, la "cancelación de concentraciones multitudinarias".
Como si la comisaria de Sanidad de la UE, Stella Kyriakides, no hubiera reiterado el 6 de marzo la necesidad de "reconsiderar la celebración de grandes actos públicos para frenar la propagación de los contagios". Como si los miembros del Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular hubieran sufrido una especie de trastorno de hipocondría al desconvocar por razones sanitarias el 5 de marzo una manifestación que tenían previsto celebrar el día 7 en Alicante.
En fin, como si el propio jefe de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en Madrid no hubiera manifestado que, con la información que esta disponía, "no se debió nunca autorizar el 8-M".
Será un tribunal el que le declare –o no– culpable de un delito de prevaricación, pero lo impepinable es que Franco ha mentido al afirmar en sede judicial que antes del 8-M no había "elemento alguno para prohibir" la manifestación feminista capitaneada por las contagiadas Irene Montero, Carmen Calvo y Begoña Gómez.
No deja de resultar alarmante la tranquilidad con la que Franco ha mentido ante la juez Rodríguez-Medel. Es muy probable que el lacayo de Pedro Sánchez haya ido tan sobrado por la indignante ceguera voluntaria de la abogada general del Estado, designada por la entonces ministra Dolores Delegado, que para colmo ahora está a cargo de la Fiscalía General del Estado.
Así como por el deplorable seguimiento que están haciendo los medios de esta causa judicial. Sea como fuere, qué desprecio no sentirá este Franco impresentable por la independencia judicial cuando se permite mentir de forma tan escandalosa ante una persona que sabe perfectamente que le están mintiendo en la cara.
(Edit. LD/11/6/2020.)
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