MIENTE.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional celebraron una reunión antes de las elecciones vascas del pasado mes de marzo para acordar el procedimiento que se iba a utilizar en los informes para la ilegalización de D3M y Askatasuna. En ese encuentro se acordó que se entregarían los documentos por duplicado al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que es titular Baltasar Garzón, el cual daría traslado al Ministerio Público.

Así consta en la querella presentada por los sindicatos policiales contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Le acusan de un posible delito de injurias por decir en un desayuno informativo con medios de comunicación que el Cuerpo Nacional de Policía no colaboró con la Fiscalía en las investigaciones sobre partidos instrumentalizados por ETA y que entorpecían su trabajo al evitar entregarle los informes directamente al Ministerio Público.

Los sindicatos SUP, CEP, UFP y SP alegan en la querella interpuesta por el abogado José María Fuster Fabra que la Policía realizó los informes que sirvieron para la suspensión de actividades y posterior ilegalización de D3M y Askatasuna dentro del sumario 72/2008 (abierto por Garzón, en el que se investiga la pertenencia a ETA de los miembros de las formaciones), y no por ninguna investigación abierta por la Fiscalía, como sostuvo Conde-Pumpido la semana pasada.

Por eso, la Comisaría General de Información dio traslado de sus pesquisas al Ministerio Público a través del Juzgado de Garzón, "documentación a la que tiene pleno acceso y puntual conocimiento la Fiscalía, dado que el posible secreto de sumario de las actuaciones no le alcanza a él".

Los querellantes también critican las palabras de Conde-Pumpido que dijo que la Fiscalía sólo podía confiar en los informes de la Guardia Civil para preparar las demandas de ilegalización de los partidos instrumentalizados por ETA. Sin embargo, los sindicatos policiales recuerdan que sus documentos eran "más completos" que los elaborados por la Benemérita y sirvieron como "elemento vertebrador" de las demandas de ANV y PCTV.

El fiscal general del Estado “miente”

A su juicio, Conde-Pumpido "miente" porque los informes de la Policía fueron una "pieza absolutamente indispensable" para acreditar ante el Tribunal Supremo la necesidad de ilegalizar estas formaciones políticas y así lo apunta el propio Alto Tribunal en sus sentencia de ilegalización.

Por todo ello, solicitan en su querella a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que investiguen al fiscal general del Estado por un presunto delito de injurias, con la pena de multa de doce a dieciocho meses, o por calumnias con publicidad, castigadas con la pena de prisión de seis meses a dos años.(ElConfidencial)