Juan E. Pflüger | (LaNacion.es)
El Gobierno balear, presidido por el socialista Francesc Antich, ha vuelto a dar una vuelta de tuerca en la política de imposición lingüística del catalán sobre el castellano en las islas. Un organismo llamado Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno autonómico, ha desarrollado un cuestionario que deberá ser rellenado por todos los alumnos y los padres de primaria y de segundo de la ESO entre los días 5 y 8 del próximo mes de mayo.
Dicho cuestionario se enmarca en un supuesto plan de ayuda para el desarrollo de la labor docente y para conocer las necesidades del alumnado. Se presenta como una experiencia propia "de los países europeos más desarrollados", que es recogida por "nuestras leyes educativas más recientes". Eso sí, no cita ningún ejemplo de país o comunidad autónoma que lo haya puesto en práctica.
En la primera aplicación, que corresponde al curso 2008/2009, las materias elegidas son las competencias en comunicación lingüística (catalán, castellano e inglés) y "en cursos posteriores se evaluarán otras competencias", aunque no explica a los padres cuáles.
El formulario, al que hemos tenido acceso, ya permite dudar de la realidad de esta afirmación, ya que, si bien la carta de presentación está redactada en castellano (con evidentes faltas de ortografía y de sintaxis), todo el cuestionario se ha elaborado en catalán, lo que no nos permite deducir los conocimientos de los alumnos de las otras dos lenguas que dice estudiar, el castellano y el inglés. Solamente después de la insistencia de muchos padres se remitió copia en castellano a éstos.
PREGUNTAS POLÉMICAS
En la habitual práctica de inmersión lingüística de comunidades como la catalana, la vasca o la gallega, no choca que se realicen pruebas exclusivamente en el idioma propio de la autonomía. Sin embargo, no se entiende qué necesidad hay de conocer los niveles de estudios o el trabajo al que se dedican los padres. Mucho menos el número de habitaciones, de baños, de televisores, de automóviles o de motocicletas de los que dispone la unidad familiar, o si la casa en la que viven tiene calefacción central.
Del mismo modo llama la atención la forma en la que están planteadas algunas preguntas, como la referida al lugar de nacimiento de los padres, que divide la posible respuesta de la siguiente manera: "Illes Balears", "Catalunya" o "València", "un altre lloc d'Espanya", "un altre país de parla castellana", "un altre lloc". Dejando claro que la división lingüística es clave en la respuesta de la pregunta.
El rechazo al formulario ha sido manifestado por muchos padres que se niegan a contestarlo por el tipo de preguntas que contiene.
FALTAS DE ORTOGRAFÍA
Los autores del texto del estudio, de manera involuntaria, dan una muestra clara del daño que las políticas de inmersión han hecho en la cultura de sus víctimas. Se trata de un texto lleno de errores gramaticales, cuando no de claras faltas de ortografía. En la primera hoja plantean la siguiente pregunta: "¿Se están capacitando por seguir aprendiendo a lo largo de la vida?", una mala traducción del per catalán. En la siguiente página dice literalmente "una comisión d'evaluación de diagnóstico, constituida a cada centro, se encargará de garantizar...". Problemas de traducir del catalán al castellano para parecer ecuánimes. Un poco más adelante comienza un párrafo con el siguiente giro: "Como que se hace en base a pruebas comunes, informa y orienta...".
Todo un modelo de un mal uso del lenguaje que la Consejería de Educación y Cultura, en manos de la socialista Bàrbara Galmés Chicón, no debería permitir.
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