PENSIONES.

EL ERROR DE LAS PENSIONES.

El Partido Popular acaba de presentar una propuesta para tratar de salvar el sistema público de pensiones basada en el blindaje del fondo de reserva de la Seguridad Social –que el organismo se ocupe sólo de las pensiones de jubilación y las demás se financien con cargo a los presupuestos públicos–, en incentivos fiscales para retrasar la edad de jubilación y en la ampliación del periodo de cómputo para calcular la cuantía pensión, aunque no a toda la vida laboral. Estas medidas pueden aliviar el problema en parte, pero con un coste importante para los futuros jubilados. Además, al insistir en preservar el actual sistema público sin dar una entrada más amplia a los planes privados de pensiones, no sólo persisten en el error que ha llevado a la Seguridad Social a la situación actual sino que, además, se pierde con ello un importante potencial de crecimiento, desarrollo y creación de empleo para la economía española.

El blindaje del fondo de reserva supone, en definitiva, sacar de la Seguridad Social todo lo que no sean directamente pensiones de jubilación. Con ello se reducirían los pagos del sistema y retrasarían el momento de que éste entrara en déficit, además de permitir que el fondo de reserva pudiera cubrir por más tiempo la diferencia entre cotizaciones y prestaciones cuando las segundas sean mayores que las primeras. En este sentido, la medida no está mal pensada. Además, se confiere al resto de pensiones la naturaleza de política social y con ello se evita que sus incrementos deterioren aún más el sistema público de pensiones. La cuestión estriba en si los futuros presupuestos tendrán la capacidad financiera suficiente para afrontar este cambio, teniendo en cuenta que implica la creación de una nueva partida de gasto. Sin embargo, las nuevas transferencias de recursos a las autonomías que planea el Gobierno limitan las posibilidades del Estado de desarrollar nuevas partidas de gasto y el fuerte endeudamiento en que está incurriendo el Ejecutivo como consecuencia de la desastrosa política económica de Zapatero va a dar lugar a un fuerte aumento de los pagos –en forma de intereses de la deuda– que también limitan las posibilidades de ampliar el número de partidas de gasto. Por ello, antes de aplicar semejante medida, habría que reformar a fondo no sólo el presupuesto, sino toda la estructura de financiación de las Administraciones Públicas, incluida la financiación autonómica, cosa que no estaría de más teniendo en cuenta como los ejecutivos regionales tiran a espuertas un dinero que es tan necesario para otras cosas mucho más relevantes. Sin esta reforma, y teniendo en cuenta la terrible herencia económica que va a dejar Zapatero, ¿cómo se puede encajar el blindaje del fondo de reserva con la triste realidad presupuestaria de nuestro país?

Los incentivos fiscales al retraso en la edad de jubilación no están mal pensados, porque ese retraso, aunque sea de tan sólo dos años, ahorraría mucho dinero a la Seguridad Social. En cuanto a la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, ya se sabe lo que eso significa: recortar las prestaciones para los futuros jubilados en relación con lo que percibirían si se retirasen ahora. O sea, que al final, y a pesar de tanto Pacto de Toledo y tanta gaita, para salvar a la Seguridad Social hay que reducir las pensiones, y todo por empeñarse tanto socialistas como populares en mantener el sistema público a toda costa. ¿Dónde está aquella interesante propuesta del PP de cuando ocupaba el Gobierno de avanzar hacia un sistema mixto entre pensión pública y pensión privada?

Lo que entonces proponía el PP era que las empresas destinasen una parte del salario de los trabajadores a un plan de empresa de pensiones. La cuestión es si ahora los trabajadores aceptarían ver mermado su sueldo para financiar tales planes y si las empresas estarían dispuestas a poner dinero con cargo a su bolsillo. Lo primero, con las familias españolas endeudas hasta las cejas, no parece posible por ahora salvo que se quiera agravar la caída del consumo y el riesgo de deflación; lo segundo sólo sería viable si, en paralelo, el Gobierno rebajara las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, cosa que no puede permitirse porque entonces volvería a agravarse el problema de la viabilidad del sistema de no tomarse medidas para reducir las pensiones futuras. Claro que si éstas estuviesen complementadas con esas otras prestaciones privadas procedentes de los planes de empresa, el trabajador, en el momento de su jubilación, tendría una renta que le permitiría vivir con desahogo.

Llegados al caso extremo, ¿por qué no se piensa de una vez en pasar a un sistema privado, empezando por quienes puedan incorporarse al mercado de trabajo en los próximos años? Eso sí que permitiría tener muy buenas pensiones. Podemos verlo con un ejemplo.

Supongamos una persona que gana 20.000 euros anuales. Teniendo en cuenta que las cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador y de la empresa suponen el 27,4% de su sueldo, al cabo de un año el sistema ha ingresado por esa persona 5.480 euros. Ahora supongamos que la vida laboral del trabajador es de 35 años, el periodo máximo de cotización a la Seguridad Social, y que durante ese tiempo la inflación ha sido nula y el salario no ha crecido. Las aportaciones totales ascenderían entonces a 191.400 euros. Con esa cantidad ya se puede financiar una buena pensión, pero además habría que añadir los intereses y dividendos devengados durante todo el periodo más el fruto de su reinversión, con lo cual la cantidad sería todavía mayor. Esta alternativa, además, supondría un importante revulsivo para la economía española porque generaría por sí misma el ahorro que necesita para financiarse sin tener que acudir al exterior en busca de recursos, una de las causas de la actual crisis económica.

¿Por qué, entonces, tanta insistencia en lo público y en no querer hablar de lo privado? Por parte del Gobierno, por razones ideológicas; por parte de todos, porque nadie quiere ser el primero en romper la baraja y, en última instancia, porque quien tiene el poder de decidir cuánto y cuándo suben las pensiones tiene un gran poder político. Y nadie quiere renunciar a ese poder. (Emilio González/LD)