miércoles, 1 de abril de 2009

PP Y UPyD.







PP y UPyD.

Como ciudadano interesado en la cosa pública diré algo acerca de la actual encrucijada en que se encuentra el partido más votado en las Islas Baleares. Tanto el PP, como los otros partidos, son instrumentales, aunque no lo diga así el artículo 6 de nuestra Constitución. Los partidos políticos expresarían, dice la Carta Magna, ‘el pluralismo político...’ , lo que es cierto.


Lo realmente importante, al menos para mí, es la España democrática que iniciamos en 1978. Los partidos son instrumentos para materializar un proyecto social, que se asienta en una larga historia de aciertos y errores, de miserias y grandezas. Como cualquier otra nación. Con independencia de las bastardas deformaciones y manipulaciones de nuestra Historia por parte de los nacionalismos periféricos.



A grandes rasgos, y huyendo de prolijos programas propios de los partidos políticos, hay ciertos principios y objetivos que, si se cumplen, están más cerca de mi concepción de la vida política.

Como le sucede a todo el mundo. Hablando de aquí y ahora, me ceñiré a un aspecto del problema.


A pesar de las risas progresistas, la recomendable lectura de ‘El Estado fragmentado’ de Sosa Wagner, muestra bien a las claras que el Presidente Zapatero ha intensificado, irresponsablemente, el ya largo proceso de descentralización y vaciamiento de las competencias del Estado. Esta absurda y peligrosa deriva (negada por sus beneficiarios, los nacionalistas y despreciada, en general, por los socialistas) ha recibido toques de atención por parte de economistas y empresarios. Entre otros. Preocupándose, por ejemplo, por los costes de transacción y la unidad de mercado.


Los costes de transacción pueden definirse como "los costes de establecer, mantener y transferir derechos de propiedad". Los derechos de propiedad nunca son perfectos ya que nuestra libertad para disponer de una cosa nunca es completa.

Supongamos que Pepe tiene unos terrenos que según la legislación en vigor permiten la construcción de un edificio de cinco plantas. Sus costes de transacción incluyen, entre otras cosas, el papeleo para tenerlo todo en regla. Pero puede, además, tener que ‘complacer’ a ciertos políticos o funcionarios para que ‘agilicen’ los trámites y no se eternice su proyecto. También son costes de transacción. Inadmisibles e ilegales, por supuesto.

Pues bien, estos costes de transacción (unos legales- aun que puedan ser antieconómicos- y otros ilegales) han de multiplicarse por 17, porque 17 son los reinos de taifas que configuran nuestro, ya lamentable, Estado de las Autonomías.

Dada la injusta ley electoral, dados los pocos escrúpulos de los nacionalistas y dada la pequeñez moral de muchos políticos, supuestamente nacionales, hemos llegado a una situación esperpéntica y calamitosa. Aunque estoy satisfecho de que hayan sancionado al ex ministro Bermejo por no tener la licencia de caza pertinente, es un verdadero absurdo que se necesiten 17 licencias distintas para cazar en cada uno de los reinos de taifas.

Ese es otro ejemplo grotesco de nuestra política nacional, de nuestros políticos y de cómo está quebrando la unidad de mercado y encareciéndose los costes de transacción. Lo que nos pone en inferioridad competitiva frente a las demás naciones europeas que no tienen que soportar esta negativa situación y antieconómicos costes.

Resumiendo. Creo que si el Partido Popular quiere alejar los peligros internos y externos que le acechan, debería afrontar con rigor y firmeza algunas cuestiones. Una de ellas, absolutamente fundamental, es la de fomentar lo que nos une. Que es mucho, a pesar de las mentiras que hemos tenido que oír, preferentemente, de boca de los nacionalistas y sus cómplices.

Y este objetivo se materializa en cuestiones concretas. Por ejemplo, llevamos años sufriendo la imposición del lenguaje progre. Cuando se acepta el lenguaje del adversario, se está perdiendo la batalla. Por desgracia, hay votantes y simpatizantes de la derecha española que no se lo creen. Un ejemplo conocido es el del término ‘España’. No es de buen tono decir ‘España’. Si se dice una vez, pase. Pero no abusemos.

Usted quedará mejor si dice ‘país’, o ‘Estado español’. Estará diciendo sin decirlo que no es ‘españolista’, que es de izquierdas o nacionalista, o que tiene simpatías progresistas. Que no es de derechas. Que comprende lo mucho que han sufrido los nacionalistas periféricos y hay que compensarles unos cien años más. Al menos. Que ‘España’, en el caso de existir (Dios no lo quiera) es una nación de naciones. Y así.

Algo parecido sucede con la bandera española, o con el himno español. O la Historia de España. Es decir, todo lo que nos une es despreciado, manipulado y escarnecido. Es facha. En esta innoble tarea han participado, por orden de aparición, los nacionalistas, los socialistas, los comunistas y los peperos acomplejados. Más de dos.

En fin, hay tarea por delante. Si los populares no copian (con sus rasgos diferenciales) la claridad y valentía, acompañada de inteligencia política, de Rosa Díez, tienen un brumoso futuro. Claro que no es justo hablar de ‘los populares’. Poco tiene que ver, por ejemplo, Gallardón con Esperanza Aguirre, o Sánchez Camacho con Regina Otaola.

Pero se ha ido demasiado lejos. Tal vez la grave crisis económica ayude a ver mejor los árboles y el bosque. En otro caso, iremos a peor. Que ya es decir.

Sebastián Urbina.

3 comentarios:

nika dijo...

Hablando de discursos asimilados y de peperos acomplejados, en su primera hora en el cargo como Presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo dio paso al "Himno nacional" de Galicia. Se le agradeció el 'reconocimiento'. Luego se disculpó diciendo que había sido un lapsus y tal.
Me parece que el daño, por parte de los nacionalistas, está hecho y que, para deshacer el entuerto, van a tener que pasar muchos años de corrección (de corregir).

saludos

Sebastián Urbina dijo...

Por eso yo me pido treinta años de devolución al Estado de las competencias educativas. Luego ya hablaremos.

Anónimo dijo...

No hace falta devolver competencias al Estado. Se puede hacer una ley de bases estatal de educación, con un consenso de los dos grandes partidos.

Jimi.