SECTARISMO EN CULTURA.

SECTARISMO EN CULTURA.
Jueves, 09-04-09

EL nombramiento de Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura es un gesto ideológico de Rodríguez Zapatero hacia una izquierda sectaria que pedía no hace mucho tiempo un «cordón sanitario» para aislar al PP. Es también un concesión al «sindicato» del cine en plena batalla por el control de los beneficios del sector frente a la pujanza de internet y sus millones de usuarios. Así, el proyecto de ley audiovisual será determinado a partir de ahora por un grupo de presión que, a cambio de sus servicios al PSOE, consigue llevar su influencia hasta el propio Consejo de Ministros. Bajo el pretexto de luchar contra la piratería, González-Sinde llega al Gobierno dispuesta a promover el interés particular del sector al que representa a costa de un amplio colectivo de internautas que considera su nombramiento como una «provocación».

César Antonio Molina ha sido un buen ministro de Cultura, capaz de poner orden y sentido común en la herencia poco afortunada que le dejó su antecesora, Carmen Calvo. Además de la promoción del libro y de la lengua española, defendió con energía el patrimonio sumergido frente a los «cazatesoros» y aplicó con acierto el código de buenas prácticas en los museos y otras instituciones. Deja sin embargo temas pendientes como la nueva ley del patrimonio histórico-artístico y el polémico encaje con Exteriores respecto de la acción cultural en el extranjero. Su independencia política le ha permitido resistir las presiones de ciertos grupos que consiguen ahora su propósito de controlar el departamento como fuente de prebendas y subvenciones, cuya distribución será preciso vigilar con todo rigor. Rodríguez Zapatero paga así el peaje político a un colectivo que le ha sido útil en determinados momentos, pero cuyo prestigio social sería mayor si centraran su actividad en la calidad artística y no en el sectarismo ideológico.

En el contexto de un Ejecutivo con una notoria tendencia partidista, entregar a los afines el Ministerio de Cultura es una prueba de parcialidad que demuestra muy poco respeto por el pluralismo cultural y por la defensa del interés general en un sector de notable trascendencia para la proyección internacional de España. Regalar parcelas del poder público al «lobby» más influyente del sector es el reflejo de una tendencia inaceptable a premiar a los fieles y castigar a los independientes, que no se corresponde con las reglas del juego propias de una democracia sólida y madura. (ABC)