Luis María ANSON
A pesar de todos los maquillajes, Zapatero ha tenido que reconocer oficialmente la nueva cifra del paro: 3.605.402 personas, casi el 60% más que hace un año. Las fórmulas de disimulo arbitradas por el Gobierno no han podido oscurecer la tragedia. Con una medición del paro diferente, tal vez rebasaríamos los cuatro millones. En todo caso, la realidad ahí está. Nadie parece capaz de contener la hemorragia.
En 1976 había en España 600.000 funcionarios. Ahora más de 3.000.000. El “Felipe, colócanos a todos” de las primeras legislaturas socialistas funcionó a fondo. La tentación de paliar el paro con la creación de empleo público innecesario conduce a efectos perversos. Es una fórmula carísima y, a medio plazo, contraproducente.
Sobran 2.400.000 funcionarios. Si los sumamos a la cifra actual de desempleo estaríamos en los seis millones. Los ciudadanos españoles pagan el subsidio de paro de los desempleados oficiales y los carísimos sueldos de los funcionarios innecesarios. Esa es la cruda realidad.
El pueblo español viviría en la abundancia si los partidos políticos, todos sin excepción, no se hubieran dedicado a crear empleo público; si una política económica seria mantuviera el paro en los porcentajes de nuestro entorno europeo.
Pero aún hay más: si a las cifras aterradoras del paro y el funcionariado innecesario le sumamos la política de jubilaciones en torno a los sesenta años ¿a cuántas personas tienen que pagar los que producen? Ah, y queda un capítulo especialmente agrio. Las copiosas estructuras de los partidos políticos y de los sindicatos se pagan también con dinero público. No hay compasión cuando los políticos deciden sangrar a los ciudadanos que trabajan. En nuestra nación se les extrae en impuestos directos casi el 50% de lo que ganan y en impuestos indirectos otro porcentaje alarmante. Crujen, en fin, las cuadernas todas de la nave económica de España.
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