domingo, 23 de marzo de 2025
SÁNCHEZ, UNA LACRA
Florentino Portero (historiador y profesor universitario):
"En la Unión Europea todos saben que Sánchez representa una amenaza para la democracia liberal".
(Paco Cobos/LD/23/3/2025.)
LA POCILGA CONSTITUCIONAL
La feminista María Luisa Balaguer firma el fallo que avala a las madres secuestradoras que se escudan en denuncias falsas de violencia de género.
Una sentencia con la que la mayoría de la Sala Segunda, salvo el voto particular de dos de los cinco magistrados del bloque profesional, ha dado el visto bueno a un cambio de domicilio de una madre con su hijo mejor de edad, sin autorización del padre y ex marido, por el mero hecho de que ella hubiese interpuesto antes una denuncia falsa por violencia de género contra el hombre, como quedó acreditado en el proceso penal, o sin importar que el acusado fuese absuelto.
Una Sala de un Constitucional violentando el derecho fundamental a la presunción de inocencia sin despeinarse.
De nada ha servido que el hombre quedase limpio de cualquier sospecha y que la Justicia alcanzase la «certeza» de que la mujer empleó una herramienta que debería ser de protección, como la violencia de género, de forma espuria.
Nada ha importado que en la criminalización de un conflicto civil de divorcio por parte de la madre, para salirse con la suya, se alejase a un niño de su padre, perfectamente capacitado para cuidarlo, por la negativa de la progenitora a compartir la custodia.
A pesar de todo ello, el Constitucional, con la firma de Balaguer y siete magistrados más, daba la razón a la mujer, por el mero hecho de serlo.
(Maria Jamardo/El Debate/23/3/2025.)
LA TRAICIÓN SOCIALISTA
(LA TRAICIÓN SOCIALISTA DE SÁNCHEZ Y DE LOS QUE LE VOTAN.)
Sánchez abre las puertas del Estado a Junts: separatistas colocados en RTVE, Renfe, Aena y Enagás.
(Carlos Rioba/LaGaceta/23/3/2025.)
LA GUERRA CONTRA EL VARÓN
LA GUERRA CONTRA EL VARÓN.
El pasado viernes el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido perpetró una de las sentencias más aterradoras de la historia reciente de España, por lo que supone de desprotección judicial de la mitad de la población.
Los hechos son como siguen: un señor le pidió el divorcio a su mujer, y la mujer acto seguido secuestró al niño y se lo llevó a otra ciudad, donde residían sus padres. Ante la negativa del padre a transigir, y después de amenazarle varias veces con denunciarle falsamente, amenazas que quedaron grabadas, procedió a ponerle la denuncia por maltrato en el juzgado más próximo.
El tribunal denegó cualquier medida de protección al "encontrar inconsistencias en el relato de los hechos" y "apreciar motivos espurios"; en lenguaje llano y respectivamente, que el contenido de la denuncia no tenía pies ni cabeza y era meramente instrumental para chantajear al padre.
Sin embargo, la denuncia por violencia de género sigue su curso, no se archiva, porque en España las cosas funcionan así. Después de un año de secuestro y pese a la denuncia falsa, el tribunal le otorga la custodia a la madre, pero, eso sí, le ordena ejercerla en la ciudad donde convivía con el padre.
Después de meses de protestas y apelaciones, al final la madre acepta que el niño viva en la ciudad paterna, pero renuncia a la custodia, que queda entonces exclusivamente en manos del padre. Es en este momento cuando la mujer pide amparo al Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, un sintagma que con el tiempo está adquiriendo los mismos matices meretricescos que "el CIS de Tezanos" o "las novias de Ábalos".
Tiempo después al hombre le absuelven de la acusación de violencia de género y la sentencia es, digamos, contundente. Califica la denuncia de instrumental, afirma que fue un chantaje y un abuso de los mecanismos legales, y desmonta sin piedad el relato de la mujer.
Eso fue hace un año. El pasado viernes, el Constitucional, en una sentencia histórica en el mal sentido de la palabra, afirmó que la mujer tenía todo el derecho del mundo a secuestrar al niño. Que la palabra de una mujer es suficiente para considerar al padre como "presunto maltratador" y por lo tanto no se puede obligar a la mujer a residir en la misma ciudad que él. Y esto lo escriben, negro sobre blanco, un año después de que el hombre fuera absuelto.
Para el más alto tribunal del Estado, un hombre es culpable incluso aunque se demuestre lo contrario.
La legalización del secuestro infantil, siempre que lo haga una mujer después de poner una denuncia, llega tarde para los protagonistas de esta historia, pero no para todos los demás padres que estén pasando por un trámite parecido.
Pongamos por caso Francesco Arcuri, que lleva meses sin ver a su hijo pequeño porque la madre, la famosa e infame Juana Rivas, se lo impide, con la colaboración de todo el aparato judicial, mediático y político español.
Y como él, habrá decenas, si no cientos de casos similares que jamás llegarán a los medios porque es otro día más en la oficina. La sentencia del Constitucional establece que el bien superior ya no es el bienestar del niño, sino la versión de la madre, aunque sea falsa.
Lo terrible de este asunto es su transversalidad. El desaguisado tiene ya más de veinte años: lo origina la aprobación por unanimidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género en diciembre de 2004 y, sobre todo, la autorización del Tribunal Constitucional de penas distintas para delitos idénticos dependiendo del sexo del acusado, la parte más controvertida de la ley.
Aquel día quedó legalizada la discriminación basada en sexo, que con el paso de los años quedó perfectamente normalizada y establecida en cientos de recursos públicos (protección, subvenciones, ayudas) disponibles únicamente para mujeres y de los que los varones, también los menores de edad, son excluidos por su condición de tal.
De cada cinco denuncias por violencia de género poco más de una acaba en condena contra el varón. Y de todas esas, dos terceras partes son condenas por conformidad, precisamente como la de Francesco Arcuri, en la que ella le pegó a él y él se defendió pero por no ir a juicio acabó aceptando una condena que no le correspondía.
Pese a ello, año tras año las estadísticas oficiales afirman que el porcentaje de denuncias falsas es tan bajo que hacen falta camiones de ceros a la derecha de la coma. Todas las denuncias de Juana Rivas contra Arcuri han sido archivadas sin llegar a juicio, excepto la primera. Ninguna es falsa, por supuesto. La denuncia que abre este artículo tampoco lo será nunca pese a la contundencia brutal de la sentencia absolutoria.
La LIVG fue aprobada por unanimidad, pero con un asterisco: treinta diputados, entre ellos diecisiete del PSOE, se ausentaron voluntariamente de la votación. Uno de ellos, Alfonso Guerra, contó quince años después de aquel día que los jueces del alto tribunal declararon la ley como constitucional pese a que no pensaban que lo fuese, y que lo hicieron por las presiones externas, suponemos que desde el propio partido que por entonces gobernaba España, que es el mismo que lo hace hoy.
La noticia pasó por debajo del radar, como casi todas las que de alguna manera sean incómodas para el consenso generalizado.
De la actual LIVG probablemente se podría salvar el 90% sin excesivo problema ni polémica alguna. Pero el principal partido de la oposición no tiene la menor intención de tocar una ley con la que siguen estando de acuerdo dos décadas después de votar a favor. Da igual que sea manifiestamente injusta y que sus consecuencias en el largo plazo estén siendo cada vez peores: el discurso del PP es difícilmente distinguible del de la izquierda la mayor parte del tiempo. Fue el PP ¡de Madrid! el que se negó a que los varones menores de edad pudieran usar un centro específico de atención a las víctimas de agresión sexual.
La única disidencia contra una ley injusta y discriminatoria es de Vox, y eso, en sí mismo, es otro problema. Hasta ahora el aplastante dominio del discurso oficialista en los medios ha impedido que este tema entre en el mainstream, pero un vistazo casual a las redes sociales más consumidas por los chicos menores de veinte años da toda la impresión que de aquí a una década la cosa no va a ser igual.
Y exactamente como está sucediendo lenta pero inexorablemente con la inmigración, en cuanto el asunto entre de verdad en la agenda política, la postura más extremista será la que lleve las de ganar, porque no habrá otras.
(Diego González/LD/22/3/2025.)
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Lo que dice la sentencia
El polémico fallo, redactado por la magistrada María Luisa Balaguer, avala a una madre que huyó con sus hijos a otra ciudad sin permiso de su expareja, alegando que lo hizo en un contexto de violencia de género.
Sin embargo, obvia que el hombre fue absuelto y que el propio tribunal que le juzgó constató la existencia de "motivaciones espurias" detrás de la denuncia que la mujer interpuso.
(LD/23/3/2025.)
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